La red de 23 hospitales, 1.259 camas, más de un millar de ambulatorios y centros asistenciales y más de 10.000 profesionales sanitarios de las mutuas de accidentes laborales y prevención de riesgos está desde el pasado lunes en estado de 'prealerta' a la espera de que las autoridades sanitarias, nacionales o regionales, decidan tirar de esos recursos extra para atender la crecida de pacientes y hospitalizaciones que se espera para los próximos días en lo que ya se ha anunciado desde el Gobierno como la fase más virulenta de la expansión del coronavirus en España.
El aviso llegó el pasado lunes, justo después de la declaración formal del 'estado de alerta' en España y después de que el Ministerio de Sanidad encomendara a los servicios regionales de salud de todas las comunidades autónomas la tarea de hacer inventario de todos los recursos sanitarios disponibles en su territorio: los públicos, los privados, los disponibles en instalaciones militares y también los de las mutuas, según revelan fuentes del sector. Fuentes del Gobierno explican la iniciativa a partir de la máxima de la necesidad de estar preparados para lo que demande el 'pico' del contagio que, según el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, tendrá lugar en los próximos días y que el Gobierno descuenta que podría llegar a desbordar la capacidad de la red hospitalaria pública.
Las fuentes consultadas explican que tanto la red hospitalaria de las mutuas como su plantilla de más de 10.000 profesionales sanitarios está especializada en la atención y recuperación traumatológica principalmente, ya que son este tipo de contingencias las que más se producen en los centros de trabajo y, por tanto, las que más se tienen que atender por parte de las entidades del sector. Pero más allá de esa especialización, los centros de las mutuas no dejan de ser hospitales, disponen de unidades de cuidados intensivos, una dotación de camas que ronda las 1.300 plazas y la infraestructura mínima exigible a cualquier centro de esta naturaleza, lo que desde Sanidad se entiende que puede ser de gran utilidad ante la llegada del pico del Covid 19.
La incógnita estriba en cómo se sufragaría el coste de activar la red hospitalaria de las mutuas para atender al coronavirus. Las mutuas son entidades colaboradoras de la Seguridad Social y aunque generan los recursos suficientes para mantener su actividad operativa en los últimos años el tremendo incremento de los gastos derivados de la cobertura de las bajas por enfermedad común les ha conducido a una situación financiera bastante delicada. Tan delicada como para verse en un apuro muy serio si tienen que hacer frente a un sobrecoste inesperado con sus propios recursos.
El Gobierno anunció este jueves una inyección extra de 210 millones de euros a las comunidades autónomas para que puedan destinarlo a inversión contra el coronavirus y, en concreto, a incrementar su capacidad para afrontar pagos de material sanitario o reforzar sus estructuras asistenciales ante el avance de la pandemia. El Ejecutivo ha optado por no entrar todavía en este asunto, en parte porque todavía no ha tirado de recursos ajenos para dotar el dispositivo de contención del virus, pero parece que si la sanidad privada o las mutuas entraran en la red de atención a los afectados los fondos saldrían de esa bolsa, o de las sucesivas ampliaciones que se fueran realizando.
Todos los recursos, contra la expansión del virus
El Gobierno anunció el pasado domingo lo que llevaba días esperándose: el sometimiento por decreto de todos los recursos sanitarios disponibles en el país, incluidos los privados, al interés nacional y por tanto a lo que el Gobierno de España decidiera hacer con ellos. También se decidió lo mismo sobre los fármacos y la fabricación y tenencia de los materiales de protección individual.
El plan del Gobierno es ir haciendo uso de todos ellos según la crisis sanitaria vaya avanzado y eleve el umbral de exigencia por encima de la capacidad de la estructura disponible en la actualidad. Fuentes del sector de las mutuas revelan que más allá del contacto de principios de semana para conocer los recursos disponibles en cada territorio, ya hay dos gobierno autonómicos -el catalán y el manchego- que han regulado normativamente el protocolo de atención a seguir para poner los recursos sanitarios de las mutuas a su disposición.
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