Las comunidades recibirán una transferencia de otros 210 millones de euros para que puedan destinarlo a inversión contra el coronavirus. Una medida que se toma en un momento especialmente "complicado" tras el aumento de los contagios en un 25% en un solo día, como ha admitido el ministro de Sanidad, Salvador Illa. De esta manera, los gobiernos autonómicos tendrán más capacidad para afrontar pagos de material sanitario o reforzar sus estructuras de asistencia ante el avance de la pandemia, que ya deja 737 muertos en todo el país.
El titular de Sanidad, que es el encargado de coordinar el sistema sanitario de todo el país y además está al frente de todo aquello que no esté bajo el paraguas de los ministros de Interior, Defensa y Transportes, ha anunciado que se reforzarán los mecanismos de compra de todo el material sanitario. Algo que se va a hacer por las dificultades que están atrevesando los hospitales de todo el país, con denuncias de falta de mascarillas y otros recursos necesarios para atender a los enfermos y evitar el contagio de los profesionales.
Illa también ha rechazado las acusaciones de administraciones como la Comunidad de Madrid, que ha acusado al Gobierno de bloquear la llegada de mascarillas a sus hospitales. "El virus lo vamos a parar juntos. No voy a entrar en ninguna discusión. No hay requisación ni bloqueo en aduana", ha añadido el ministro. Según ha explicado, se han distribuido "millón y medio" de mascarillas, y ha explicado que se ha organizado la "producción nacional" en base al decreto que imponía el Estado de Alarma en todo el territorio nacional. Además, ha asegurado que agradece la "colaboración y coordinación" con todas las consejerías de Sanidad. Unos departamentos que, como ha recordado, ya pueden disponer de los hospitales privados para ingresar a los enfermos.
"Van a venir días duros. El cumplimiento de las medidas, que son drásticas, es necesario. La ciudadanía está respondiendo con ejemplaridad, y hay que seguir", ha señalado Illa, que ha admitido que "seguiremos viendo un incremento de casos, hasta que lleguemos al pico y podemos doblegarlo". Además, el ministro ha anunciado que va a impulsar una orden de atención a las personas mayores que vivan en residencias. "Antes había un protocolo acordado con las comunidades autónomas, y esto lo vamos a convertir en una orden", ha apuntado en medio del aumento de casos de Covid-19 en estos centros.
Entre las medidas que se van a tomar, y que han sido explicadas por el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, está el refuerzo de las plantillas de estos centros y dotar a este mismo personal de Equipos de Protección Individual (EPIs). "Ha habido escasez de estos equipos. Y se va a impulsar un plan para que los trabajadores puedan desarrollar su labor en condiciones de mayor seguridad", ha apuntado Iglesias, que ha destacado que parte de la inversión de hasta 600 millones acordada en el plan económico contra el Covid-19 está pensada en parte para atender a colectivos como el de los ancianos.
Iglesias coordinará los servicios sociales nacionales
Otra de las novedades de la gestión de la pandemia es que Pablo Iglesias va a asumir más competencias durante la crisis. El vicepresidente segundo del Gobierno se va a poner al frente de la coordinación de los servicios sociales de todo el país, para así unificar una estrategia de atención a los más vulnerables en medio de una pandemia. Iglesias tendrá esta labor tras pedírselo el ministro de Sanidad, que es el responsable máximo de la gestión del Covid-19 en el conjunto del Estado. Lo que le permitirá tener la última palabra en la gestión que realicen en este ámbito todas las administraciones que presten estos servicios.
De esta manera, Iglesias podrá decidir qué deben hacer las comunidades y los ayuntamientos en esta materia. Y lo podrá hacer por esa solicitud de Illa, que ha instado al vicepresidente segundo a tomar "medidas específicas" para todos los servicios sociales del país, según señalan fuentes del departamento de Derechos Sociales y Agenda 2030. Esto conllevará que exista un 'mando único' para estas políticas de asistencia a los sectores más vulnerables, como son los menores, los ancianos, los dependientes o las personas que no disponen de un hogar para resguardarse y evitar un posible contagio de Covid-19.
El vicepresidente podrá establecer que haya una hoja de ruta común para todas las administraciones, y será quien centralice las peticiones que le puedan hacer los consistorios o los gobiernos de las autonomías. De esta manera, y en coordinación con Sanidad, Iglesias tendrá capacidad de decisión sobre lugares que requieren una especial atención. O que estén en una situación especialmente crítica. Lo que ocurre en las residencias de ancianos, que se han convertido en un foco donde el virus tiene efectos devastadores para los mayores que viven en las mismas, como han admitido tanto él mismo como Salvador Illa.
La otra prioridad son los 'sintecho', para los que se habilitarán más centros y comedores sociales. También se les entregarán kits de higiene y alimentación, y se les tomará la temperatura para descartar un positivo por el virus. Un colectivo del que también se está encargando el Ministerio de Defensa, lo que ha "emocionado" a Iglesias, que ha elogiado a su compañera Margarita Robles por una medida que "no esperaba".
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