Sindicatos piden la dimisión de Gallardón por "privatizar" el Registro Civil

Madrid, 21 mar.- Los sindicatos CSI-F, CCOO, UGT y STAJ han pedido hoy la dimisión del ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, durante una concentración convocada en la capital en contra de la "privatización" de los registros civiles para entregarlos a los registradores de la propiedad y mercantiles.

Más de medio centenar de funcionarios se han congregado en la madrileña Plaza de Jacinto Benavente en torno a una pancarta con el lema "Gallardón acaba con la Justicia para Todos", suscrita por las cuatro organizaciones sindicales.

Los asistentes a la protesta han coreado consignas como "Gallardón dimisión", "Como se nota que Rajoy es registrador", "Más trabajadores, menos registradores", "El registro no se cierra" o "Arriba, entre todos pagaremos la reforma judicial".

Los sindicatos han emprendido una campaña de recogida de firmas en contra de la reforma de los registros civiles impulsada por el Gobierno que, según sus datos, supondrá la supresión de 3.500 empleos en la Administración de Justicia.

El responsable de Acción Sindical del sector de Justicia de CCOO, Javier Hernández, que ha estado presente en el acto, se ha preguntado "qué oscuros intereses esconden Ruiz-Gallardón y el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, tras la privatización de los Registros Civiles".

Hernández ha destacado que los ciudadanos no quieren la privatización de un servicio público, universal y gratuito, mientras que los funcionarios de la Administración de Justicia rechazan esta iniciativa del Ejecutivo porque no garantiza el mantenimiento de sus empleos.

Asimismo, el presidente del sector de Justicia del CSI-F, Francisco Lama, ha expresado su oposición al proyecto de "privatización" de los registros civiles porque no solamente supondrá la destrucción de empleo público, sino que implicará los ciudadanos tendrán que sufragar el coste del servicio.

Lama ha defendido el mantenimiento de los registros civiles como un servicio público, sin darle la competencia ni a los registradores ni a los notarios, al tiempo que ha reclamado inversiones en medios tecnológicos y humanos para que siga funcionando.

Por su parte, el responsable de la Federación de Servicios Públicos de UGT, Carlos Paniagua, ha estimado que el Ejecutivo está aprovechando la crisis para privatizar los Registros Civiles con el fin de favorecer a grandes empresarios y grupos de presión cercanos al PP que le han dado el apoyo para llegar al Gobierno.

Tras indicar que el Registro Civil ofrece garantías al ciudadano en muchos de los actos de su vida diaria, Paniagua ha subrayado que no se puede permitir que quede en manos privadas para sacar adelante a los registradores que están en una situación crítica debido a la caída del sector inmobiliario.

La coordinadora de STAJ, Emilia Rubio, ha recordado que esta privatización produce tras una inversión para modernizar, informatizar y digitalizar los registros civiles de 128 millones de euros de dinero público, que ahora se "aprovecharán" para una gestión privada.

Rubio ha precisado que la privatización reducirá el número de registros civiles a uno por provincia, uno en cada isla de Baleares y Canarias, así como en Ceuta y Melilla, además de eliminar el Registro Civil central, lo que supondrá el "alejamiento" del servicio de los ciudadanos.