Los 15 migrantes africanos rescatados por el Open Arms en el Mediterráneo y trasladados a España por el buque de la Armada Audaz podrían acabar siendo expulsados del país. Es el "absurdo" de una política migratoria que accede a la acogida de personas que se juegan la vida en alta mar por razones humanitarias pero se eterniza en los trámites administrativos porque no cuenta con los recursos suficientes para dar una respuesta inmediata. Lo denuncia a La Información un portavoz de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR).
Cuatro de Eritrea, tres de Sudán, otras tres de Gambia, dos de Ghana, una de Nigeria, una de Liberia y otra de Etiopía. Se espera que las 15 personas (14 hombres y una mujer, de entre 18 y 30 años) que desembarcaron ayer en el puerto de San Roque (Cádiz) pidan asilo en España. Es un derecho del que se les informó a su llegada en el Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE), dependiente del Ministerio del Interior, donde estuvieron asistidos por personal de ACNUR e intérpretes de sus respectivas lenguas. Antes, un equipo de la Cruz Roja había comprobado que se encontraban en buen estado de salud.
En estos momentos se encuentran en el Centro de Estancia Temporal El Campano, en Chiclana de la Frontera, que tiene quinientas plazas y donde serán los únicos ocupantes. En este centro dependiente del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, que se inauguró el año pasado como complejo para acoger extranjeros, los migrantes suelen estar entre tres y quince días, según explica un portavoz de la Cruz Roja.
¿Y luego, qué? Después les espera un largo periplo de trámites y traslados hasta que encuentren su destino final. De momento, tal y como ha explicado el Gobierno en funciones en un comunicado, cuentan con una autorización excepcional de entrada por razones humanitarias y, en función de los compromisos adquiridos por España, de siete días de duración para que formalicen su solicitud de asilo, si así lo estiman.
Los del Aquarius todavía esperan
Lo que vendrá después es una toda una maraña administrativa. Estos quince migrantes llegan en un momento en el que 100.000 solicitantes de asilo en España siguen esperando una respuesta a su petición. Entre ellos, los que llegaron en verano del año pasado en el Aquarius y el Open Arms después de que Italia y Malta les cerrasen sus puertos. "Hasta donde conocemos, estas personas continúan esperando en diferentes fases del sistema de asilo la resolución de sus solicitudes de protección, aunque ya hemos empezado a ver casos de denegación del derecho de asilo o la protección subsidiaria", denuncian desde CEAR.
"Esto nos preocupa, porque estas personas que fueron rescatadas en alta mar en las costas de Libia y que posteriormente España accedió a acoger, si se les deniega el asilo y no se les concede ningún tipo de protección, quedarán en situación irregular administrativa, con el riesgo de que se les abra un procedimiento sancionador y se les expulse", denuncia el portavoz de CEAR.
Todo ello, insisten desde la organización, "incurriendo en el absurdo de que a personas que huyeron de sus países y pasaron por Libia, donde sufrieron maltrato y tortura física y mental, fueron rescatadas en el mar y España accedió a su traslado, ahora se les deniegue el acceso a documentación y se les aboque a la precariedad, puesto que no tendrían autorización de trabajo ni residencia y podrían ser deportadas".
Las oficinas, colapsadas
La CEAR, que cumple 40 años de trabajo en apoyo de los refugiados en España, ha denunciado que las solicitudes de asilo se acumulan en los cajones de la Oficina de Asilo y Refugio (OAR). Sus trabajadores ya advirtieron el pasado año de una situación de "colapso" a la que no ha ayudado el cese de buena parte de la plantilla y su reemplazo por personal nuevo. Si a finales de 2018 había 63.000 solicitudes pendientes de resolución, ahora ya se superan los 100.000 expedientes atascados.
Desde la organización explican que el acceso al procedimiento de asilo en lo que respecta a plazos para formalizar la entrevista es diferente en función de la provincia. En unas se puede tardar "pocas semanas o días en formalizar asilo y en otras se puede tardar meses", por lo que en función donde vayan, podrán realizar la entrevista "más o menos tarde". Recuerdan además que en el caso del Aquarius se priorizaron estas entrevistas de asilo y apuntan a que en este caso podría ocurrir lo mismo.
Una vez hecha la entrevista, en el plazo de un mes se sabrá si es admitida a tramite. Pero "se puede tardar entre 6 meses y varios años en resolver las solicitudes de asilo", matiza la CEAR. Así, la resolución de los casos de los migrantes recién llegados podría prolongarse durante años. "A partir de los 6 meses desde la entrevista los solicitantes adquirirán una autorización de trabajo mientras dure el procedimiento", indica. Pero, en definitiva, si estas 15 personas piden asilo en España y no se tramitan de manera preferente, tendrán que esperar como los más de 100.000 casos pendientes de resolver en la OAR.
El Gobierno, en boca de la secretaria de Estado de Migraciones en funciones, Consuelo Rumí, ha defendido la necesidad de "adaptar" el sistema de acogida a solicitantes de protección internacional en España a la "nueva realidad" marcada por el aumento de las peticiones de asilo, al tiempo que ha advertido del "colapso" del sistema y de plazas de acogida por parte de aquellos que piden asilo pero no son beneficiarios.
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