El subdelegado del Gobierno en Barcelona, Emilio Ablanedo, ha defendido este jueves la existencia del centro de internamiento de extranjeros (CIE) de la Zona Franca y se ha referido a las acusaciones de vulneraciones de derechos en estos centros hechas por algunas administraciones: "Es algo que no podemos considerar como real ni podemos considerar como cierto".
Tras una rueda de prensa de balance de Extranjería en 2016, al ser preguntado por las críticas del Parlament, el Govern y el Ayuntamiento de la ciudad a este centro, Ablanedo ha asegurado que "están sujetos a todas las garantías de la legislación" española, que ha dicho que se homologa perfectamente a las normativas comunitarias, así como de los países del entorno, y cumple todas las garantías constitucionales.
La media de duración de las estancias en 2016 ha sido de 23 días, ha apuntado, y ha recordado que "el tiempo máximo de estancia es de 60 días", por ley.
"Si nos comparamos con otros países vemos que nuestra legislación es realmente garantista", ha asegurado, ante el hecho de que el máximo es superior en otros países europeos como Suecia --donde puede prolongarse hasta 12 meses--, Noruega, Dinamarca, Holanda y Alemania --con un máximo de 18--, mientras que en el Reino Unido no existe un límite legal.
Ha asegurado que los internos gozan de una asistencia permanente de organizaciones como la Cruz Roja, además de contar con asistencia jurídica y la observación del Defensor del Pueblo, y ha recordado que se han realizado obras que ha calificado de muy importantes, tras petición judicial.
Ha apuntado que los CIE no dependen de la Delegación de Barcelona, sino del Ministerio del Interior, y que sólo se solicita el internamiento de personas con antecedentes, que han cometido algún delito, y que para el ingreso es necesaria una resolución judicial.
INSTITUCIONES CATALANAS, EN CONTRA
En julio de 2015, el Parlament aprobó un documento para pedir al Gobierno central cerrar estos centros en el plazo más breve posible, y consideró que estos centros son "una anomalía en el ordenamiento democrático del país", instando al Ejecutivo central a revisar el modelo y cerrarlos todos de forma progresiva.
El Síndic de Greuges, Rafael Ribó, recomendó también su cierre definitivamente, al concluir que en este tipo de lugares se vulneran los derechos fundamentales, mientras que en 2016 el Ayuntamiento de Barcelona emitió una orden de precinto del CIE, a la vez que la Generalitat instó al Gobierno central a aplicar la resolución aprobada por el Parlament.
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