La tensión política y la enorme disparidad de criterios para plantear las bases de una reforma de la Constitución Española en su ámbito más económico hacen imposible que se pueda llevar a cabo a medio plazo, más allá de las reformas puntuales que se puedan realizar. Esa es la principal conclusión que se deriva de las diferentes versiones que sobre la reforma de la Carta Magna se han dejado ver en la celebración del 40 aniversario de su aprobación, sobre todo en lo que respecta a afianzar las bases del Estado de bienestar, garantizar las pensiones o reforzar la protección de derechos como la sanidad o el cuidado del medio ambiente.
El gran enfrentamiento se produce sobre todo entre las posturas de izquierdas (Unidos Podemos), que plantean la conversión en derechos fundamentales de algunos de los postulados que están reconocidos en la Constitución, pero no con ese grado máximo de protección jurídica y reconocimiento social, y los planteamientos de derechas (Ciudadanos y PP), que abogan por reformas consensuadas y "sin prisa", que no supongan ningún cambio esencial en la norma fundamental del Estado. En el centro de esos planteamientos maximalistas se encuentran propuestas como la prevista por el PSOE de Pedro Sánchez, que hace pivotar la reforma sobre una nueva estructura del Estado de corte federal, de forma que se redefinan derechos y servicios públicos de corte económico y social a partir de un nuevo reparto de fondos entre territorios.
La clave de bóveda desde el punto de vista de la denominada "Constitución económica" está en la pretensión de elevar a la categoría de derechos fundamentales (capítulo segundo de la CE) algunos de los "principios rectores de la política social y económica", que están contemplados en el capítulo tercero. La diferencia entre unos y otros la marca el artículo 53 del texto, en cuyo punto primero garantiza la máxima fuerza legal a los primeros, con el Tribunal Constticional como garante de su cumplimiento, mientras que en el punto tercero de ese mismo artículo señala que los derechos del capítulo tercero "solo podrán ser alegados en la Jurisdicción ordinaria", de acuerdo con las leyes que los regulen.
Fuentes jurídicas expertas en el área constitucional advierten que sería un cambio demasiado radical ahora darle el reconocimiento que tienen la igualdad, la libertad o la dignidad de las personas, que son la base de la convivencia, a derechos como la protección de la salud, el cuidado del medio ambiente, la distribución de la renta regional, el disfrute de una vivienda digna, la cultura, el cuidado del patrimonio, la Seguridad Social o las pensiones. "Si se eleva el nivel de protección y de actuación jurídica y política sobre su contenido, no hay un Estado que lo pueda pagar", advierten, mientras que si se mantienen como principios rectores que el Gobierno está obligado a facilitar, se pueden aplicar a todas las capas sociales, como hasta ahora, y mejorar en lo posible a futuro.
"El derecho a disfrutar de una vivienda digna facilita que el Estado genere vivienda social e incluso intervenga en ese mercado para evitar una escalada de precios -aseguran fuentes judiciales expertas en este ámbito-, pero de ahí a que haya que dar una vivienda a cada persona, hay un abismo, que puede generar muchas desigualdades".
Tensiones políticas añadidas
Los propios 'padres de la Constitución' advertían en el acto conmemorativo de este jueves la necesidad de lograr una situación de consenso político como la que se dio hace cuarenta años para poner en marcha una reforma constitucional que, por más necesaria que sea, no se puede hacer a la ligera. José Pedro Pérez-Llorca admitía que las tensiones que el independentismo y los partidos extremistas han añadido a la situación en los últimos años no dan pie a abrir una ventana de reforma constitucional con las suficientes garantías.
Esa opinión coincide con la de otros expertos constitucionalistas que han estudiado de forma exhaustiva la cuestión durante años y que aseguran que, frente a posturas radicalizadas ante la reforma, se pueden llevar a cabo grandes cambios legales en normas muy concretas que servirían para paliar las demandas de quienes plantean una reconversión amplia de la norma del 78. A su juicio, áreas como la ley electoral o la reforma de la financiación autonómica abren paso a cambios legales normalizados que neutralizarían algunas de las demandas más extremistas sobre la Constitución.
En lo que respecta a la Corona, solo los partidos de izquierda radical aglutinados en Unidos Podemos y los independentistas de Cataluña y País Vasco han reclamado su supresión, con la idea de poner en marcha una república. Frente a ello, desde el centro y la derecha política del PP, Ciudadanos y una gran parte del PSOE no se plantean una modificación tan radical y defienden el modelo de monarquía parlamentaria que tantos avances sociales y económicos ha permitido en estos cuarenta años.
El propio monarca, Felipe VI, ha abogado este jueves por adaptar la institución a los cambios que sean necesarios para garantizar el Estado de bienestar a las generaciones futuras y mantener el progreso social y económico del país. Tras reconocer el papel determinante que hizo su padre, el rey Juan Carlos, junto a su madre, la reina Sofía, el actual Rey ha reconocido el reto que afronta "una nueva generación de españoles con responsabilidad en la sociedad y las instituciones", entre los que él mismo se incluye, y que tiene la obligación de no conformarse y avanzar “para honrar y mejorar el legado que hemos recibido”, porque “este aniversario nos sirve para poner de manifiesto que la España de hoy es muy diferente que la del 1978”.
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