El Tribunal de Cuentas acaba de rechazar ampliar el plazo solicitado por algunos de los líderes del procés sancionados por la causa contable de acción exterior por la que se reclama 5,4 millones de euros a una treintena de ex alto cargos de la Generalitat con Carles Puigdemont y Artur Mas a la cabeza junto a Oriol Junqueras, según adelanta La Vanguardia.
La instructora del órgano fiscalizador dio un plazo de 15 días hábiles a las defensas de los excargos para depositar la fianza, impuesta para que puedan hacer frente a las responsabilidades contables a las que pudieran ser finalmente condenados. Tal y como establece la Ley de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas, si las defensas no abonan la caución correspondiente, se procederá al embargo de bienes.
En el marco del plazo dictado, la Generalitat ha aprobado un decreto ley para crear un Fondo Complementario de Riesgos con 10 millones de euros que será gestionado por el Institut Català de Finances (ICF). La intención, según reconocieron públicamente altos cargos del Govern, es que la Administración catalana actúe como contraaval del aval que presente una entidad financiera para cubrir las reclamaciones judiciales o administrativas a cargos de la Administración catalana, como es el caso de la caución que reclama el Tribunal de Cuentas.
Según el acta de liquidación provisional el Tribunal de Cuentas reclama a 34 ex cargos cantidades individuales por conceptos concretos que aprobaron cuando estaban en sus respectivos puestos en el Govern. La mayor suma se le atribuye al ex secretario del Diplocat Albert Royo, a quien se le responsabiliza de 3,6 millones; le siguen la ex interventora de la Generalitat Mireia Vidal, por 3,1 millones; el ex conseller de Presidencia Francesc Homs, por 2,9 millones; el ex presidente Artur Mas por 2,8 millones; y el ex conseller de Economía Andreu Mas-Colell por 2,7 millones.
En el caso de Raül Romeva, uno de los nueve indultados por el Gobierno, la cifra alcanza los 2,1 millones de euros; Junqueras -también beneficiado por la medida de gracia- figura con una responsabilidad contable de 1,9 millones, al igual que Puigdemont. Aunque se les reclama a cada uno cantidades individuales, todos ellos deberán responder al total de 5,4 millones de forma solidaria.
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