Tribunal español permite a juez seguir caso por muerte de periodista en Irak

Madrid, 6 jun.- La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional española decidió hoy por unanimidad que el juez Santiago Pedraz puede seguir investigando la muerte del periodista José Couso en Irak, pese a la reforma de la ley de justicia universal.

La sala rechazó el recurso de la Fiscalía contra la decisión del juez de mantener abierto el caso sobre la muerte de Couso en Irak en 2003, informaron fuentes jurídicas, aunque no entró en el fondo de la cuestión y se limitó a aspectos de procedimiento.

Según las fuentes, ahora la Fiscalía podría formular un nuevo recurso que permita al pleno entrar en el fondo de este asunto.

Los magistrados siguen debatiendo si acceden al cierre de la causa por la represión en el Tíbet, que afecta a cinco exdirigentes chinos, entre ellos el expresidente Jian Zeming, y si tiene que excarcelar a otros cinco narcos extranjeros apresados en barcos fuera de aguas territoriales.

Sobre este último asunto, el pleno acordó devolver el caso al tribunal que lo juzga para que abra la vista oral y en sus cuestiones previas las partes planteen si cabe excarcelar a los acusados como consecuencia de la reforma.

Se trata de cinco presuntos narcotraficantes -un coreano y cuatro brasileños- detenidos en marzo de 2013 en un buque fuera de las aguas territoriales españolas con 1,7 toneladas de cocaína valorada en 60 millones de euros (81 millones de dólares).

La Sala ya avaló la liberación de 47 narcotraficantes extranjeros apresados en barcos fuera del territorio nacional y hoy la Fiscalía recurrió ante el Tribunal Supremo esta decisión.

El ministerio público discrepa con la interpretación de la Audiencia Nacional sobre la competencia de la jurisdicción española en la persecución de estos casos, tras la nueva redacción de la ley que regula la aplicación del principio de justicia universal.

Esta reforma legal, aprobada en febrero por el Parlamento con los votos del partido en el Gobierno (PP, centroderecha), establece que los jueces sólo podrán investigar delitos de genocidio o lesa humanidad cuando la causa se dirija contra ciudadanos españoles o ciudadanos extranjeros que residan habitualmente en España o cuya extradición hubiera sido denegada.

Actualmente, los seis juzgados de la Audiencia Nacional investigan causas como el supuesto genocidio chino en Tíbet, la muerte de seis jesuitas en 1989 en El Salvador, el asalto y quema de la Embajada de España en Guatemala en 1980 o la muerte de un periodista español en Irak en 2003 por disparos de militares estadounidenses.

Desde la aprobación de la reforma, que establece el archivo retroactivo de las causas abiertas por el principio de jurisdicción universal, los seis jueces de instrucción de ese tribunal se rebelaron contra la norma.