Un funcionario denuncia que los sindicatos cobraban comisiones del 20%

Teodoro Montes, antiguo jefe del departamento de gestión de la Formación Profesional Ocupacional de la Junta de Andalucía en Sevilla que denunció las "graves" irregularidades existentes en la concesión de cursos de formación, ha asegurado que la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) y los sindicatos cobraron comisiones de hasta el 20 por ciento por subcontratar cursos a terceros.

En este sentido, fuentes del caso han informado a los periodistas de que, durante su segunda jornada de declaración como testigo ante la juez de Sevilla Mercedes Alaya, Teodoro Montes ha dicho que los sindicatos y "sobre todo" la CEA habrían cobrado comisiones de hasta el 20 por ciento --en ocasiones era el 20 por ciento y en otras menos-- a las entidades a las que subcontrataban para que dieran los cursos, a las que pedían dicha comisión antes de saber incluso los gastos que iba a conllevar el mismo.

Según ha señalado Teodoro Montes durante su declaración ante la instructora del caso, que en esta segunda jornada se ha prolongado por espacio de casi cinco horas, fueron las propias empresas subcontratadas para dar los cursos de formación "las que le dijeron personalmente que les habían obligado a pagar comisiones para ser subcontratadas", han añadido las mismas fuentes consultadas.

Estas fuentes han precisado que, según lo relatado por el testigo, estas comisiones serían ilegales y no tendrían nada que ver con lo estipulado en el reglamento en relación a los cursos, según el cual las empresas que subcontratan pueden justificar gastos indirectos de hasta el 20 por ciento vinculados a dichas actividades formativas, aunque en este caso habría sido una comisión solicitada de manera previa a dicha subcontratación."Maltrato a alumnos discapacitados en Sevilla"

De otro lado, el testigo también ha dicho que una entidad vinculada a las personas discapacitadas habría dado un curso de formación en la provincia de Sevilla en el marco del cual los alumnos, todos ellos discapacitados, "habrían sido maltratados física y psicológicamente", de manera que dieron el curso a finales de julio, a las 16,00 horas y en un lugar cerrado y con cristaleras, donde la temperatura "podía alcanzar perfectamente los 55 y hasta los 60 grados centígrados".

"Las condiciones eran inhumanas y extremas", ha relatado Teodoro Montes, quien ha indicado que él mismo, en su labor de supervisión, acudió a comprobar el desarrollo de este curso de formación y se encontró a los alumnos discapacitados "dormidos", por lo que cree que, "para evitar que se alteraran o se sublevaran" ante las condiciones en las que se estaba dando el curso, "los monitores-responsables les habían suministrado productos para tranquilizarlos".

Finalmente, y en vista de lo anterior, anuló el curso, según ha dicho durante su declaración, que se reanudará el miércoles a partir de las 11,30 horas con las preguntas nuevamente de la juez, tras lo que le tocará el turno al fiscal delegado Anticorrupción, al abogado que ejerce la acusación en nombre de la Junta y a los letrados de los exconsejeros de la Junta Antonio Fernández y Ángel Ojeda, los dos únicos imputados en la causa hasta el momento."Mano de obra gratuita"

El testigo también ha asegurado ante la juez Mercedes Alaya, que acumula ya diez horas de interrogatorio, que "muchas entidades" que daban cursos de formación habrían empleado a los alumnos "como mano de obra gratuita o barata", punto en el que ha puesto como ejemplo un curso de limpieza en el que pusieron a los alumnos a limpiar los cristales de distintas entidades.

Teodoro Montes, que en su segunda jornada de declaración ha insistido en el "mal funcionamiento" y en el "descontrol" por parte de la Administración en el ámbito de los cursos de formación, también ha destacado la "absoluta inutilidad" de los cursos y que los mismos "no sirven para nada".

En su comparecencia, el testigo ha indicado asimismo que en la provincia de Sevilla se llegaban a dar en un año entre 3.000 y 3.500 cursos a personas desempleadas, por lo que a nivel andaluz se podrían dar entre 20.000 y 25.000 cursos en total.Queja del testigo

Las fuentes consultadas han señalado que, durante su comparecencia, el testigo ha formulado una queja a la juez por haber aparecido en los medios de comunicación "pasajes literales" de lo que dijo en su primer día de declaración el pasado jueves, lo que "pudiera obedecer a que los letrados" presentes "hubieran grabado" dicha declaración.

No obstante, la juez Alaya ha negado la existencia de grabaciones y ha defendido la labor de los abogados personados, quienes "tienen libertad para explicar en los medios de comunicación lo que está sucediendo" en el Juzgado, algo que "es normal" y que también ocurre en el resto de causas de interés.

Teodoro Montes comenzó su declaración ante la juez el pasado jueves, cuando ratificó la declaración prestada ante la Guardia Civil en agosto de 2013 y afirmó que el "deterioro" de su departamento fue progresivo, hasta que llegó un momento en que incluso se le "prohibió" que llevara a cabo inspecciones de los cursos.

El testigo señaló, como ya se dijo, que en abril de 2013 se "desmanteló" su departamento y la Administración lo dejó hasta principios de 2014 como único integrante y por tanto responsable del mismo para controlar "miles" de cursos de formación, añadiendo que lo dejaron "sin ordenador y sin acceso a los expedientes" de los cursos.Solo en su departamento

Teodoro Montes, al hilo de ello, explicó a la juez que antes del año 2010 había destinadas en su departamento en Sevilla más de 30 personas encargadas de supervisar los cursos de formación, y aún así "eran muy pocas" para el volumen de cursos que se controlaban, mientras que desde principios de 2014 ya no está solo en su departamento al haberse destinado al mismo más funcionarios.

En su declaración ante la Guardia Civil, los agentes le preguntaron "quienes son los responsables de las irregularidades descritas", a lo que contestó que "todos sus superiores jerárquicos, sin excepción". La juez Alaya le preguntó por quiénes eran sus superiores y Montes indicó que su superior "inmediato" era un jefe de servicio identificado como 'Fito', además del exdelegado provincial de Empleo en Sevilla Antonio Rivas y su sucesora en el cargo y actual responsable, Aurora Cosano."No existe financiación irregular, ni facturas falsas, ni contabilidad B", aseguran desde UGT-A

La secretaria general de UGT-A, Carmen Castilla, ha indicado que existía por cada una de las subvenciones concedidas por la Junta un porcentaje que se imputaba en concepto de "gastos estructurales" y que eran porcentajes "totalmente legales".

En una entrevista en la Cadena SER, recogida por Europa Press, Castilla ha explicado que hay una normativa de 2009 por la que la Junta "permitía imputar gastos estructurales, como uso de aulas, y era algo legal", de manera que "ahora habrá que ver cada tipo de subvención, el tipo de porcentaje que se estaba imputando como gastos estructurales y cada justificación en cada momento".

Así, ha indicado que "en cada convocatoria de cada subvención aparecía un porcentaje del total del importante de la subvencion, porcentaje que era totalmente legal; esto es, imputar esos costes estructurales es legal y esta en la norma".

Asimismo, ha indicado que la documentación que se pide en ese sentido "la solicita la defensa de Federico Fresneda, que estuvo en la Ejecutiva con Manuel Pastrana".

La secretaria general de UGT-A ha insistido en que el sindicato "no se financió irregularmente" y ha recordado que el caso de las presuntas facturas falsas "está por demostrar, pues estamos en diligencias previas", tras lo que ha apelado a la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que contempla la presunción de inocencia.

"No existe financiación irregular que hayamos constatado hasta la fecha, no se han utilizado facturas falsas, no ha habido contabilidad B ni enriquecimiento personal; nadie tiene cuentas en Luxemburgo ni en otros paraísos fiscales", ha añadido Castilla, quien apunta que el sindicato está a la espera de acontecimientos, toda vez que "es el juez del Juzgado número 9 el que tiene la potestad para decidir si imputa a Francisco Fernández y Manuel Pastrana".

Castilla, quien lamenta que "cada vez que sale una noticia sobre UGT y sus trabajadores en el ámbito judicial se paraliza todo y no se habla de nada más", ha expresado su "total respeto" a la Justicia, ha dejado claro que "si se demuestra con la investigación que alguien ha hecho algo ilícito lo pagará en los tribunales y también tendrá un pago político; hay firmeza y contundencia".

No obstante, ha indicado que "si mañana se imputa a Pastrana o Fernández Sevilla no significa absolutamente nada". En ese punto, tras asegurar que no pone la mano en el fuego "por nadie, ni por familiares", ha indicado que no estaba en la Ejecutiva de Pastrana, pero asevera que no desconfía de la gestión de sus antecesores "pero todo se investigando en los tribunales", tras lo que duda de encontrarse elementos "sorpresivos", toda vez que "no ha habido enriquecimiento personal".

"No me he encontrado con nada raro ni en la Ejecutiva de Paco Fernández ni desde que yo soy secretaria general; en ningún caso se ha hablado de bote ni de 'rappels', y la primera vez que lo escuchó la actual Ejecutiva ha sido en el sumario y por la prensa", ha añadido la líder sindical, quien también lamenta que el sindicato "se está enterando de la marcha de actuaciones judiciales por la prensa, por lo que se pueden generar juicios paralelos que para nada salvaguardan el derecho a la presunción de inocencia".

Por otro lado, Castilla ha coincidido con el secretario general de UGT, Cándido Méndez, al considerar que si finalmente el juez llama a Fernández Sevilla y Pastrana a declarar "tendrán una oportunidad de oro para explicarse y contar cómo se hacían las cosas en el sindicato".