En una proposición de Ley

Unidas Podemos abre la puerta a derogar el delito de enaltecimiento del terrorismo

  • La confluencia morada quiere derogar la reforma que se introdujo en el año 2000 por el Pacto de Estado contra el terrorismo entre PP y PSOE
Pablo Iglesias y Pablo Echenique, dos de los fundadores de Podemos
Pablo Iglesias y Pablo Echenique, dos de los fundadores de Podemos
EFE

"En un contexto en el que ni ETA ni GRAPO ni su entorno están ya activos, este delito no tiene ningún sentido salvo para reprimir la libertad de expresión". Esta es una de las frases que sirven para ilustrar una de las propuestas recurrentes de Unidas Podemos en los últimos años: la de derogar el artículo 578 del Código Penal, que contiene el delito de enaltecimiento del terrorismo. Tras ponerlo sobre la mesa hace más de un año, la confluencia que forman Podemos, Galicia en Común y En Comú Podem ha registrado una Proposición de Ley (PL) en la que aboga por impulsar el fin de este tipo penal. Un articulado que ha provocado, según los morados, "una indeseable inseguridad jurídica que impide que la ciudadanía conozca con meridiana claridad qué está prohibido hacer, decir o cantar". Y que se pone en cuestión coincidiendo con su reciente entrada en el Gobierno de España junto al PSOE.  

Los argumentos de la confluencia están recogidos en esta Proposición de Ley Orgánica, cuya singularidad es que el objetivo de la misma es "la protección de la libertad de expresión". Según el texto, las medidas que plantean son necesarias porque "en los últimos años estamos asistiendo en España a una deriva autoritaria" que ha restringido este derecho. Esto es consecuencia de legislaciones como la 'ley mordaza' o la aplicación de determinados artículos del Código Penal para "criminalizar conductas como enviar mensajes a través de las redes sociales, cantar rap, utilizar la imagen de un Cristo y publicarla en redes sociales". 

La propuesta principal de Unidas Podemos es derogar por completo el artículo 578 del Código Penal, que es el que contiene la pena de cárcel de 1 a 2 años para quienes enaltezcan o justifiquen "por cualquier medio de expresión pública o difusión" los delitos de terrorismo. Lo mismo para aquellos que realizaran "actos que entrañen descrédito, menosprecio o humillación de las víctimas". Ante esto, la formación que lidera Pablo Iglesias asegura que este delito es, según los tribunales españoles, "un delito de opinión que consiste en incitar 'indirectamente' a la comisión de delitos terroristas". Un problema que viene, como afirma el partido, de que "el legislador no definió taxativamente este tipo penal y los jueces van dictando sus sentencias condenatorias sin orden ni concierto, sin unidad de criterio". 

"Este delito de enaltecimiento del terrorismo resulta por tanto de difícil encaje en un sistema democrático y debe ser derogado de forma urgente, tal y como están solicitando ya las principales asociaciones de derechos humanos de ámbito nacional e internacional", establece el texto registrado en el Congreso de los Diputados. En la misma proposición se hace referencia a un informe del Relator Especial de la ONU de protección a víctimas del terrorismo en el que recomendó una revisión de ese artículo 578, que fue criticado "específicamente" por el experto. Y, además, se defiende que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos manifestó que en los "casos en que se sancione la opinión el castigo nunca habrá de conllevar pena de prisión". 

El grupo parlamentario considera que estas modificaciones no supondrían una merma en la persecución de los delitos de este tipo, al considerar que el ordenamiento jurídico "ya dispone de otras figuras jurídicas, como la apología del delito, que castiga la provocación directa para la comisión de delitos terroristas, o lo indicado en el vigente artículo 170.2 del Código Penal". Estos son los que servirían para contrarrestar los casos relacionados con el terrorismo yihadista, "que sí está activo en Europa", recuerda el documento. Los morados mantienen además que tampoco se dejaría desamparadas a las víctimas con estos cambios, al prever la PL que acabar con el 578 "no supone ningún tipo de desprotección respecto de este colectivo en lo concerniente a las conductas tendentes a vejar o menoscabar su dignidad". 

Enaltecimiento no significa atentado

El texto incluye medidas que a juicio de Unidas Podemos contribuirían a desactivar que se puedan iniciar acciones policiales o judiciales contra personas que, a su juicio, están amparadas en el artículo 20 de la Constitución. El enaltecimiento del terrorismo es una de las que colisiona con ese derecho a expresarse libremente, al estimar que aunque alguien haga manifestaciones controvertidas sobre ETA o los GRAPO no significa que vaya a cometer un atentado. "Tuiteros, cineastas y raperos están siendo enjuiciados por sus mensajes en la red, sus largometrajes y las letras de sus canciones", recoge la PL, a la que se añade que "pese a la dureza de sus expresiones se ha puesto de manifiesto que no existe ningún peligro de comisión de delitos terroristas". 

Esta intención de UP no es nueva, ya que a finales de 2018 registraron una Proposición No de Ley en la que abogaban por esta línea en la reforma del Código Penal. Lo que sí es llamativo es que se vuelva a plantear desde el grupo parlamentario cuando la formación está dentro del Gobierno en la coalición con el PSOE de Pedro Sánchez. Sobre todo, si se tiene en cuenta la importancia del asunto a nivel social por la controversia que ha generado, después de las condenas y operaciones policiales basadas en este delito dentro de un contexto sin ataques terroristas de bandas nacionales. Sin olvidar que quien impulsó la inclusión de esta cuestión dentro del CP fue el propio PSOE tras un pacto con el PP.

En concreto, que el enaltecimiento del terrorismo tuviese carácter punitivo de nivel penal se acordó hace 20 años en el Pacto Antiterrorista que firmaron el 8 de diciembre del año 2000 José María Aznar y José Luis Rodríguez Zapatero. Una medida que se tomó tras un año en el que ETA se ensañó y cometió hasta 23 atentados, provocando muertos en la mayoría de ellos. El punto de inflexión fue el asesinato del exministro socialista Ernest Lluch el 21 de noviembre de ese año. Aquello aceleró los contactos entre socialistas y 'populares' para reformar ese artículo 578, que es el principal foco de conflicto con la libertad de expresión para Unidas Podemos. 

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