Miércoles, 26.06.2019 - 22:59 h
Detenido en una operación contra el blanqueo

Villarejo, un comisario con 14 empresas y negocios en Uruguay y Panamá

El excargo policial gozó de la protección de Interior que le permitió desarrollar su actividad privada mientras trabajaba en la cúpula del cuerpo.

Entramado de Villarejo
   

Un detective privado con los mejores contactos y la protección de la cúpula policial. Un comisario con un entramado empresarial de 14 sociedades con ramificaciones en países de dudosa fiscalidad como Uruguay y Panamá. El comisario José Villarejo, detenido ayer en el marco de la operación Tandem contra el blanqueo de capitales, nunca ha tenido problemas para compatibilizar su alto cargo policial -hasta su jubilación estaba adscrito al director adjunto operativo (DAO), el número dos del cuerpo solo por detrás del director general- y su trabajo como investigador privado y ‘solucionador’ de problemas para gente adinerada. La juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela investiga ahora si se valió de sus negocios para cometer graves delitos. 

Tal y como se recoge en la investigación del Pequeño Nicolás, que instruye el Juzgado de Instrucción 2 de Madrid, Villarejo compaginaba su destino en la cúpula de la policía con su actividad como abogado colegiado en Madrid con su despacho Stuart&Mckenzie. A través de ese bufete, ha participado en casos como el de Elisa Pinto y Javier López Madrid (yerno del empresario Juan Miguel Villar Mir) o en el propio caso del Pequeño Nicolás, donde uno de sus letrados ha ejercido la acusación popular. Otro de los miembros del despacho de Villarejo tuvo una actuación importante en los inicios del caso Pujol al acompañar a la denunciante, la examante del Jordi Pujol Ferrusola, Victoria Álvarez, a declarar ante la policía.

Villarejo, a través de su esposa, es a su vez propietario del diario digital 'Información Sensible' especializada en noticias policiales y de seguridad. Fue desde esa cabecera desde la que se publicaron noticias para denigrar a los policías de la Unidad de Asuntos Internos que investigaban sus actividades. Uno de sus periodistas grabó supuestamente una conversación entre esos agentes y miembros del CNI que también indagaban al presunto estafador Nicolás Gómez Iglesias, grabación cuya instrucción judicial todavía permanece abierta. El comisario jubilado también controla la agencia de detectives R&V Consultores de Investigación a través de su mano derecha, el abogado Rafael Redondo. Es esta última empresa la que se dedica a la “gestión de crisis”.

Entre sus firmas, según los informes policiales, se encuentra CENYT, fundada en 1996 por otras dos sociedades suyas radicadas en Uruguay y dedicada a la promoción inmobiliaria. También otras con un objeto social relacionado con la actividad investigadora, como Ansib Net Solutions -que ofrece un servicio que permite grabar, archivar y recuperar convesaciones telefónicas con absoluta validez legal- o CENYT Data, dedicada al asesoramiento en todo lo relacionado con pruebas electrónicas y recuperación de datos. Además controla Premiun Hoteles, dedicada a la importación y exportación de mercaderías y maquinaria.

La fusión de esas dos últimas sociedades dio lugar a CPD Real Estate, cuya actividad es la compraventa y alquiler de inmuebles. Ciudad Al Mansur (Turismo) y R&V Telecomunicaciones (aparatos electrónicos), Producciones Marítimas (importación y exportación de alimentos) y Lextor (asesoramiento jurídico, económico, fiscal, laboral y financiero), también forman parte de su entramado empresarial. Al igual que Servicios de Investigación y Detección (análsis puro de información en temas de comunicación, políticos o tecnológicos) y Desarrollos Empresariales Potes (asesoría y consultoría).

En total, el capital social de todas esas sociedades alcanza los 16 millones de euros y su entramado empresarial ha tenido actividad, además de en España y Urguay, en Panamá y en Estados Unidos, tal y como adelantó 'El País'.

Falta muy grave

Toda la actividad empresarial de Villarejo fue comunicada por la Unidad de Asuntos Internos al anterior director adjunto operativo, Eugenio Pino (considerado uno de los cerebros de la Operación Cataluña junto al exministro del Interior Jorge Fernández Díaz), que, sorprendentemente, la consideró perfectamente congruente con su trabajo policial pese a que algunas de esas compañías desempeñaban labores relacionadas con las de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, lo que en su régimen de incompatibilidades se califica como falta muy grave.

Pino encargó un informe sobre ese asunto al entonces jefe de su gabinete, el inspector jefe José Ángel Fuentes Gago, que en sus conclusiones reflejaba que sus empresas se podían “incardinar en lo que son actividades excluidas del régimen de incompatibilidades”. También aseguraba que guardaba “respeto absoluto al horario asignado a su puesto de trabajo”, pese a que, según Asuntos Internos, su actividad laboral se desarrollaba en la sede de sus sociedades y no en la Policía. Por último, afirmaba que su entramado no tenía relación con el trabajo policial, pese a que su despacho de abogados estuvo directamente relacionado con el caso Pujol, el de la doctora Pinto o el del Pequeño Nicolás.

Tras años de protección oficial por Interior, ahora son los fiscales anticorrupción Ignacio Stampa y Miguel Serrano los que lo han implicado en una trama de blanqueo de capitales, cohecho, y delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros. Será la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela la que, en los próximos meses, tendrá que dilucidar si el comisario y detective antes intocable trató de introducir fondos en España y otros países procedentes de negocios corruptos. El considerado paradigma de las 'cloacas del Estado', hasta ahora inmune a cualquier investigación, está en jaque.

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