El juicio que acogía desde este lunes la Audiencia Nacional por el 'roto' de 28 millones de euros que dejó los negocios de Valfensal en la CAM se ha aplazado hasta el 17 de septiembre después de que el Fondo de Garantías de Depósitos (FGD) haya retirado su acusación contra los exmiembros de la Comisión de Control, adhiriéndose así al criterio del Ministerio Fiscal. A ello hay que sumarle el acuerdo de conformidad alcanzado con los dos empresarios acusados en el procedimiento (Juan Ferri y José Baldó) por lo que éste se dirigirá únicamente contra el exdirector de la caja alicantina Roberto López Abad y el exdirector general de Empresas Daniel Gil.
De esta forma, se ha retirado la acusación contra el que fuera presidente de dicha comisión Juan Ramón Avilés Olmos y otros tres exmiembros de este órgano y del comité de auditoría de la entidad. El Fondo, personado como acusación, pedía para cada uno de ellos cuatro años de prisión por delito continuado de administración desleal al considerar que actuaron con "ignorancia deliberada" ante las presuntas inversiones fraudulentas en diversos hoteles en México y de una parcela en República Dominicana. A esta lista debe sumarse además otros tres nombres: Francisco Climent (empleado en Valfensal); Vicente Sánchez Asensio (director general de TIP de la CAM) y César Véliz (director de la división hotelera).
De este modo, el juicio que se dirigía inicialmente contra un total de 11 personas queda reducido únicamente a los exaltos cargos de la CAM. Esto es así porque, además, los empresarios Juan Ferri y José Baldó alcanzaron acuerdo de conformidad con la Fiscalía y con el Fondo que se ha rubricado esta misma mañana al arranque de la vista. Los dos exdirectivos de la empresa Valfensal se enfrentaban a una pena de 22 años de prisión cada uno por seis delitos contra la Hacienda Pública y administración desleal. El acuerdo cerrado implica la devolución a las arcas del FGD de 12 millones de euros y la condena de dos años de prisión por 3 delitos fiscales y administración desleal, por lo que evitarán casi con total probabilidad su entrada en la cárcel.
A tenor de los cambios introducidos en esta primera sesión de vista oral, la magistrada presidenta del tribunal, Concepción Espejel, ha suspendido la vista -que estaba señalada en principio para dos semanas- y ha dado a las partes un plazo de 10 días para reformular la petición de pruebas periciales a reproducir durante el juicio, que se reanudará ya a mediados de septiembre. En el mismo solo se sentarán en el banquillo de los acusados Roberto López Abad y Daniel Gil. Los exdirectivos de la caja alicantina se enfrentan a una petición de cuatro años de prisión por estos hechos ocurridos entre los años 2004 y 2008.
El FGD reclamaba a los acusados un total de 28 millones de euros por los negocios de Valfensal en el Caribe y puso el foco en el funcionamiento de la Tenedora de Inversiones y Participaciones (TIP), creada por la caja en el año 2001 para gestionar los proyectos de inversión. El organismo denuncia que los acusados no cumplieron con las normas de control interna y permitieron estos proyectos sin haber hecho un estudio previo de la viabilidad de los mismos. Tampoco se habían realizado análisis específicos de mercado en México ni en Punta Cana, de acuerdo con las conclusiones alcanzadas por la UCO y que fueron aportadas a la causa.
Beneficios inexistentes
Las mismas las recogió el Fondo en su escrito de acusación junto con declaraciones de otros cargos de la entidad que reconocieron abiertamente que no disponían de información contable suficiente de Valfensal como para autorizar estas inversiones. Además denunció que, pese a que se había estimado un reparto de beneficios para el TIP de hasta 50 millones de dólares entre los años 2006 y 2008, éstos no se llegaron a materializar en ningún momento. De hecho, el Banco de España cifró en 1.011 millones de euros las pérdidas que tuvo que asumir la CAM por las financiaciones en los proyectos de inversión inmobiliarios de 65 sociedades.
Con todo, esta no es la única pieza de la CAM pendiente de juicio. Daniel Gil volverá a sentarse en el banquillo junto con los exdirectivos Dolores Amorós, Vicente Sánchez y el empresario Rafael Galea por operaciones inmobiliarias con la promotora Hansa. La magistrada de la Audiencia Nacional María Tardón abrió juicio oral contra todos ellos el pasado mes de marzo y les impuso una fianza de 189 millones de euros por las presuntas irregularidades que se han investigado en esta otra pieza de los negocios de la caja y que habrían dejado un agujero de 37 millones de euros. La Fiscalía solicita cuatro años de cárcel para los exaltos cargos de la entidad y dos años para el empresario por el presunto desfalco provocado con esta operativa concreta.
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