El conselleiro de Cultura de la Xunta, Román Rodríguez, ha informado este sábado de que el Ejecutivo gallego contactó con el Gobierno central para que sea la administración autonómica “quien gestione” el Pazo de Meirás y poder así darle “usos culturales” cuando la familia Franco entregue provisionalmente la propiedad.
El Juzgado de Primera Instancia número 1 de A Coruña ha acordado, a instancias del Estado, la ejecución provisional de la sentencia que declara que el pazo de Meirás es propiedad pública y por ello ordena a la familia Franco su devolución el próximo 10 de diciembre.
Durante una visita al monasterio de Herbón, en el municipio coruñés de Padrón, el titular de Cultura del Gobierno gallego ha indicado que “la Xunta está a disposición para poder gestionar este recinto y diseñar una serie de usos de carácter cultural que puedan devolver, en cierta medida, el Pazo a lo que siempre fue, un edificio muy vinculado a la cultura”.
Así, ha reivindicado que el Gobierno gallego fue, "en cierta medida", la administración que inició el proceso de recuperación del Pazo y ahora pretende "devolvérselo a la ciudadanía". La solicitud formal de la gestión ha sido remitida a los ministerios de Cultura y Hacienda, y en ella el Ejecutivo gallego ha planteado “la posibilidad de diseñar los usos de carácter cultural”, que estarán vinculados a la historia del bien, ha remarcado el conselleiro.
A pesar de ello, ha apelado a la prudencia, puesto que todavía hay que revisar el estado de todos estos bienes que se encuentran en su interior, aunque en su momento, cuando se tramitó la declaración BIC del inmueble, se hizo una catalogación del inventario inicial con todos los elementos que contenía el edificio.
Protección de los bienes
No obstante, ya hay voces apremiando a las autoridades de la urgencia de ejecutar la sentencia cuanto antes y de proteger los bienes y obras de arte que se encuentran en el interior del Pazo. El diputado del BNG Luís Bará ha advertido de una operación de mudanza en la que participan entre cuarenta y cincuenta camiones de transporte en la que se están trasladando numerosos cuadros, tapices y todo tipo de elementos de la biblioteca de Pardo Bazán desde Meirás a propiedades de los Franco.
Es por ello que los nacionalistas gallegos solicitan a la Xunta que demande la aplicación de medidas cautelares al juzgado para garantizar y salvaguardar la inmobilización de todos estos bienes que forman parte del patrimonio público y que son fruto del "expolio franquista".
Por su parte, el Ayuntamiento de Sada ha propuesto un convenio de colaboración entre las diferentes administraciones de cara a abrir el Pazo al público en el plazo más breve posible como centro de recuperación de memoria histórica y de estudio de la vida y obra de Emilia Pardo Bazán, entre otros usos. Este convenio interadministrativo definiría la gestión de usos y la financiación necesaria para este periodo transitorio, mientras el fallo no se afirme. El gobierno local se ofrece, de nuevo, a gestionar las visitas al inmueble y garantizar su accesibilidad a todos los ciudadanos, poniendo fin "a la vergüenza" perpetrada por los herederos del dictador.
