Abengoa, la ingeniería andaluza en proceso de reestructuración, ha llegado a un acuerdo con un grupo de fondos ‘buitre’ para la venta de una parte de los derechos de cobro de una indemnización millonaria de la que es beneficiaria, según ha informado la empresa a la CNMV.
El importe que ingresará la empresa dirigida por Joaquín Fernández de Piérola se eleva hasta los 75 millones de euros. Al cierre, las acciones de Abengoa (clase A) se dispararon un 6,5% en bolsa, hasta 0,0212 euros, tras la comunicación de la operación corporativa, mientras que los títulos de clase B subieron un 8,6%, hasta 0,0101.
“La sociedad informa que ha alcanzado un principio de acuerdo con un conjunto de fondos de reconocido prestigio para la monetización parcial del arbitraje interpuesto por CSP Equity Investments (filial de Abengoa) contra el Reino de España (estado) en la Cámara de Comercio de Estocolmo y en consecuencia, ha procedido a solicitar a sus acreedores los consentimientos necesarios para poder formalizar la operación”, explica la empresa.
Se trata de un proceso de arbitraje que la compañía mantenía contra el Reino de España desde 2013 por el recorte de primas a las renovables en el ámbito internacional a través de sus filiales en Luxemburgo. Tres años después, el Ministerio de Economía entró como accionista de Abengoa con un 3% del capital tras el proceso de reestructuración y canje de deudas que realizó la empresa con sus acreedores.
“Está previsto que la operación se estructure como una participación en los derechos de crédito que pudieran surgir del referido arbitraje en favor de CSP Equity Investments, a cambio de un precio inicial de hasta 75 millones así como una cantidad adicional, una vez cubiertos los costes de los inversores, cuyo porcentaje dependerá del importe reconocido y cobrado del arbitraje”, añade Abengoa en su comunicado.
En junio de 2013, la empresa sevillana presentó una demanda de arbitraje en nombre de su filial CSP contra el Gobierno español tras la reforma regulatoria del sector eléctrico aprobada que consideró una expropiación de facto de sus instalaciones termosolares, una energía renovable poco competitiva pero que adquirió gran desarrollo en España de la mano de Abengoa y ACS gracias a las subvenciones públicas. Sin embargo, la reforma eléctrica emprendida por el Gobierno Zapatero redujo en un 33% las primas de la energía termosolar y llevó a situación de quiebra a este tipo de instalaciones, que tenían concesiones a 40 años.
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