Islas Caimán es un país estratégico para la opa de IFM sobre la energética española Naturgy. Desde el paraíso caribeño al sur de Cuba, a más de 16.000 kilómetros de Australia y otros 7.500 de España, se tomarán las decisiones de lo que acontezca en el devenir de su oferta de compra por el 22,69% del capital, recién aprobada por la CNMV y que cuenta ya con el visto bueno del Gobierno de Pedro Sánchez desde principios de agosto. El archipiélago, históricamente conocido por sus bajos impuestos, fue excluido de la lista negra de paraísos fiscales de la Unión Europea a finales de 2020.
La oferta de compra se dirige al 22,69% del capital de la gasista que preside Francisco Reynes y está valorada en 4.855 millones de euros, a razón de 22,07 euros por acción, un 4% inferior a los 23 euros que formuló el pasado 26 de enero cuando anunció la operación. Este descuento se produce por el ajuste por dividendos pagados desde entonces, un dinero que ya no está en la empresa sino en Hacienda y, luego, en el bolsillo de sus accionistas.
Naturgy ha repartido dos pagos por importe bruto de 901 millones de euros (0,93 euros brutos por acción) entre el 17 de marzo y el 4 de agosto. Este dividendo es uno de los objetivos más deseados por el futuro accionista australiano y, a futuro, uno de los aspectos más polémicos de su presencia en la tercera eléctrica española. IFM, con sede en Australia, está utilizando una sofisticada estructura societaria para entrar en Naturgy.
En el caso de que hubiese tenido éxito -las 220 millones de acciones de la empresa española a las que aspira en su opa-, IFM hubiese obtenido ya 204 millones de euros por esta vía en 2021. Ese dinero hubiera recorrido ya decenas de miles de kilómetros desde España a Luxemburgo pasando por Holanda, Islas Caimán y, en algún momento, Australia, donde se encuentra la sede de la gestora de los pensionistas australianos y otros inversores.
Fondos 'matrioska'
Según el folleto de la operación aprobado este miércoles por la CNMV, el 'lanzador' de la opa es un vehículo de nueva creación con sede en Luxemburgo que ha sido bautizado como Global InfraCo O 2 SARL. Este fondo ha depositado 17 avales bancarios por importe de 4.921 millones de euros, de ellos, más de la mitad llevan el sello de BNP Paribas y Santander, aunque también participa Caixabank (participado por el Estado).
El citado vehículo está participado en 'modo matrioska' por una cadena de sociedades en Luxemburgo (Global InfraCo O 1), España (Global Infraco Spain) y, finalmente, Holanda (Global Infraco NL Cooperatief). En estas dos últimas se encuentran también las participaciones del 100% en Aleática (antigua OHL México) y el 49% de FCC Aqualia, la compañía de gestión de aguas de la constructora de Carlos Slim.
Sin embargo, indirectamente, el dueño al final de la escalera es IFM Global Infrastructure Fund, un 'master unit trust' (vehículo maestro) constituido de acuerdo con las leyes de las Islas Caimán que carece de personalidad jurídica y está gestionado por Conyers Trust Company (Caimán), el “trustee” o administrador de cartera regulado de IFM en George Town, la capital del conjunto de islas. El país caribeño, históricamente conocido por sus bajos impuestos, fue excluido de la lista negra de paraísos fiscales de la UE a finales de 2020 junto a otras jurisdicciones como Omán.
Préstamo y avales
Con los avales bancarios ya sobre la mesa de la CNMV para poder iniciar la opa, IFM también recurrirá al pequeño estado isleño para sufragar el pago a los accionistas que decidan vender sus títulos. IFM Global Infrastructure Finance (Cayman) Ltd. recibirá un préstamo de un consorcio de bancos australianos, canadienses y japoneses para aportar, "lo antes posible tras la liquidación de la oferta", el capital necesario al luxemburgués Global Infraco O 2 Sarl, a través de préstamos intragrupo.
El fondo luxemburgués estima que IFM Global Infrastructure Finance (Cayman) Ltd. repagará la cantidad dispuesta del Préstamo GIF para liquidar la oferta "en un plazo de tres semanas desde que IFM GIF" solicite la aportación de fondos a sus inversores institucionales, que realizan este tipo de aportaciones de forma trimestral.
Serge Morel es el ejecutivo clave en la operación ya que forma parte tanto del consejo de administración de Conyers como de la familia de fondos europeos Global Infraco de IFM en Luxemburgo, España y Holanda. La versión española tiene su propio consejo y cadena de mando con Jaime José Siles Fernández-Palacios, Mónica Castaño Lipperheide y José Antonio Pérez Roldán. Entre ellos saldrán los candidatos a ocupar los dos puestos en el consejo de administración que reclama IFM si sale adelante su opa.
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