Apple corre el riesgo de tener que pagar una factura de impuestos de 13.000 millones de euros (14.000 millones de dólares) a Irlanda después de que el Abogado General del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), Giovanni Pitruzzella, haya instado a revisar la sentencia que eximió a la tecnológica de tener que devolver ese dinero a la Hacienda irlandesa bajo al acusación de ayudas ilegales de estado.
En una opinión consultiva enviada al TJUE, Pitruzzella pide la revisión y anulación de una sentencia que considera "plagada de errores legales". El alto tribunal está a punto de emitir su decisión vinculante en el histórico conflicto sobre ayudas estatales de Irlanda a Appe en los próximos meses y suele tener muy en cuenta ese tipo de informes del abogado general en la mayoría de los casos.
"En vista de los errores de derecho cometidos por el Tribunal General, que afectan sus evaluaciones, la sentencia debería ser anulada en su totalidad", apunta Pitruzzella. Bruselas consideró en 2016 que las sociedades de Apple en Irlanda habían recibido una ayuda de Estado ilegal e incompatible con el mercado interior, de la que se había beneficiado a Apple en su conjunto, e instó al país a proceder a la recuperación de esos impuestos.
El gran caso de Vestager
Sin embargo, en 2020, tras una apelación presentada por Irlanda y Apple, el Tribunal General revocó la decisión de la Comisión. Argumentaron que la Comisión no había demostrado de manera suficiente que las decisiones fiscales anticipadas habían conferido una ventaja a Apple. Esto llevó a que Bruselas solicitara al Tribunal de Justicia que anulara la sentencia del Tribunal General. Ahora, el Abogado General ha emitido sus conclusiones, en las cuales sugiere que el Tribunal de Justicia debe anular la sentencia y devolver el caso al Tribunal General para que lo reconsidere.
Es importante destacar que la opinión del Abogado General no es vinculante para el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Sin embargo, generalmente, la mayoría de las sentencias emitidas por el TJUE siguen la orientación proporcionada por estos dictámenes preliminares. Sin embargo, el informe señala que los jueces no evaluaron adecuadamente la existencia y las implicaciones de ciertos errores metodológicos que, según la decisión de la Comisión, afectaban las decisiones fiscales. Por lo tanto, considera necesario que el asunto sea revisado nuevamente.
El TJUE anuló la decisión de la Comisión Europea bajo la batuta de su entonces comisaria de competencia, Margrethe Vestager, quien se encuentra de baja temporal en su cargo para aspirar a la presidencia del Banco Europeo de Inversiones (BEI), carrera en la que compite con la vicepresidenta del Gobierno, Nadia Calviño.
Apple lo ve como un caso cerrado
El caso fiscal es, de lejos, el más grande de la década de campañas de Vestager en busca de equidad fiscal con las grandes tecnológicas estadounidenses y otros conglomerados europeos como Amazon o Fiat (Stellantis). La comisaria ha argumentado en repetidas ocasiones que los beneficios fiscales otorgados a grandes empresas son ayudas estatales ilegales, prohibidas en la UE.
Apple ganó una primera batalla para anular la decisión de la UE en 2020 después de que los jueces encontraran varios errores en la Comisión Europea. Esta derrota fue un golpe devastador para Vestager, quien ha sufrido más pérdidas en otros casos fiscales después de que los jueces criticaran las conclusiones de su equipo de que Irlanda y Luxemburgo habían otorgado a las empresas una ventaja fiscal injusta.
Sin embargo, los tribunales de la UE al menos han respaldado la novedosa vía de la Comisión para utilizar las normas de ayuda estatal para cuestionar los acuerdos de las empresas con los Estados miembros. La acción de la UE también ayudó a impulsar una iniciativa en toda la Unión para cerrar lagunas fiscales que permitían a algunas empresas multinacionales pagar menos impuestos de manera legal en Europa. Apple respondió el jueves a Bloomberg sobre las conclusiones de Pitruzzella, afirmando que el el TJUE "fue muy claro en que Apple no recibió ninguna ventaja selectiva y ninguna ayuda estatal, y creemos que eso debe ser respaldado".
