La Comisión Europea (CE) acorrala a Hungría y propone suspender el desembolso de fondos europeos a este país por sus continuas violaciones a los principios del Estado de derecho, sobre todo en materia de lucha contra la corrupción y fraude en los procedimientos de contratación pública. En concreto, el Ejecutivo comunitario es partidario de "suspender el desembolso del 65% de los compromisos de tres programas operativos de la política de cohesión por un importe estimado de 7.500 millones de euros, lo que supone más de un tercio de la dotación de cohesión de Hungría", ha informado en una rueda de prensa el comisario europeo de Presupuestos, Johannes Hahn.
Bruselas ha decidido dar este paso a la espera de que el Gobierno de Viktor Orbán implemente las reformas prometidas para resolver las deficiencias que detectaron las autoridades comunitarias y que supusieron la activación del expediente. Hahn ha recorado que este caso comenzó cuando la CE notificó a Budapest en abril su preocupación por las infracciones de los principios del Estado de Derecho, en el contexto de que podían suponer un riesgo para el buen uso del presupuesto comunitario. Se refirió en concreto a irregularidades sistemáticas y deficiencias en la contratación pública, insuficiencias en el tratamiento de los conflictos de intereses en el ámbito público, carencias en el seguimiento efectivo de las investigaciones y actuaciones judiciales en casos relacionados con fondos y deficiencias en la lucha contra la corrupción.
En julio, la Comisión informó a Hungría de que propondría medidas al resto de países de la UE para proteger el presupuesto comunitario, a no ser que desarrollara medidas correctoras adecuadas para solucionar el problema, y a partir de ahí Budapest se comprometió a adoptar 17 iniciativas. “Con estas medidas, Hungría ha asumido compromisos importantes y públicos en la dirección correcta”, celebra Hahn, quien si bien elogia ese “compromiso constructivo, aunque sea tardío”, advierte a su vez de que “lo que cuenta son los resultados”.
La congelación de los fondos tiene que ser ahora aprobada en el plazo de un mes por el resto de Estados miembros por mayoría cualificada, lo que supone que Polonia -el gran socio de Hungría en estos asuntos- no tiene capacidad de veto. Sin embargo, este plazo puede extenderse en otros dos meses, lo que implica que Budapest tiene hasta el 21 de diciembre para poner en marcha las reformas prometidas a las autoridades comunitarias y poner freno al proceso para que la congelación de los fondos no sea efectiva.
Hahn explicó que a más tardar el 22 de septiembre presentarán su propuesta a los Estados miembros y les pedirán de entrada que amplíen el plazo inicial de un mes para que se pronuncien, ya que “la hoja de ruta que hemos acordado con los húngaros para cumplir realmente con estos 17 elementos clave necesita cierto tiempo”. Hungría es uno de los mayores beneficiarios de los fondos regionales de la Unión Europea, con más de 22.500 millones de euros asignados en virtud de la Política de Cohesión hasta 2027.
La Comisión Europea activó a finales de abril el mecanismo que condiciona el desembolso de fondos europeos al respeto de los principios del Estado de derecho, que fue acordado en las negociaciones del presupuesto comunitario para el periodo 2021-2027, y que no había sido utilizado antes. Hungría y Polonia llegaron incluso a bloquear aquellas negociaciones por su oposición a dicho mecanismo y recurrieron ante la Justicia europea, pero más tarde el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) avaló el mecanismo.
El Parlamento Europeo volvió a avisar este jueves de que en Hungría sigue habiendo un "riesgo claro" de que se violen los valores básicos del tratado de funcionamiento de la Unión Europea, como la libertad o la igualdad, y consideró que el país es ya "un régimen híbrido de autocracia electoral" y no una democracia. En una nueva resolución sobre el estado de la democracia en Hungría, aprobada con 433 votos a favor, 123 en contra y 28 abstenciones, la Eurocámara constata que los hechos y las tendencias en el país "representan una amenaza sistémica a los valores del artículo 2 del TUE y entrañan un riesgo claro de violación grave de los valores contemplados en el mismo".
El texto arranca con una enumeración de las áreas sobre las que están preocupados los eurodiputados: desde el funcionamiento del sistema constitucional y electoral, la independencia del poder judicial y la corrupción hasta el pluralismo de los medios de comunicación o las libertades de cátedra, religión y asociación. También lanzan la alarma sobre los derechos de las personas LGBTIQ, la población romaní, los judíos, los migrantes, los solicitantes de asilo y los refugiados.
A juicio de la Eurocámara, la "falta de una acción decisiva de la Unión" -que tiene congelado desde hace años el procedimiento que puede acabar con la pérdida del derecho húngaro a votar en el Consejo- ha "contribuido a la ruptura de la democracia, el Estado de Derecho y los derechos fundamentales en Hungría, convirtiendo al país en un régimen híbrido de autocracia electoral". Los diputados siguen pidiendo además a Bruselas que use las herramientas de las que dispone para hacer frente a estos riesgos, como los expedientes por infracción de legislación comunitaria o las denuncias ante la Justicia europea. A Budapest le corresponden casi 6.000 millones de euros del plan de recuperación pospandemia y sigue siendo el único país cuyo plan no ha sido validado por Bruselas.
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