Las dos familias del sultán de Joló y el ‘pelotazo’ de los misteriosos herederos

Los ‘buenos’, los ‘malos’, gas, petróleo y una indemnización multimillonaria. Estos son los factores que han vuelto a unir a España con Filipinas dos siglos después. Los 12.000 kilómetros de distancia que les separan se han acortado después de que esta semana saltara a la esfera pública la pugna desatada entre el Estado de Malasia y los presuntos herederos del Sultanato de Joló, al suroeste de la antigua colonia, por la explotación de unos terrenos en Borneo y las islas adyacentes. Esta lucha ha desembocado en el mayor arbitraje de la historia de este país y obliga a las autoridades malayas a desembolsar a los legítimos 14.920 millones de dólares (alrededor de 13.500 millones de euros).

Más allá de los nombres de los ocho descendientes que figuran en el laudo al que ha tenido acceso La Información, nada se sabe de la vida de estas personas, que prefieren mantenerse en el anonimato. Tan solo ha trascendido que viven en Filipinas y que una de ellas, Taj-Mahal Kiram-Tarsum Nuqui, fue una de las primeras mujeres en ocupar un alto mando dentro del ejército filipino. Todos guardan silencio acerca de la batalla que libran en los tribunales y que también les confronta con la familia de Jamalul Kiram III, que dicen provenir de la casta de Jamalul Kiram II. Este murió en 1936 sin linaje directo, ante lo que el Tribunal Supremo de Borneo dictaminó que los bienes correspondían a las personas incluidas en el testamento. 

Kiram III se autoproclamó su sucesor directo en 1984 en nombre de su padre y llegó a desencadenar un enfrentamiento militar en Sabah (Malasia), entre las fuerzas armadas malayas y el Ejército Real del Sultanato de Sulú, por los derechos territoriales sobre Borneo del Norte. La agresión, que tuvo lugar entre febrero y marzo de 2013, se saldó con la victoria de los primeros y una cascada de arrestos y persecuciones, entre ellos su hermano, Agbimuddin Kiram, del que no se conoció su paradero hasta su fallecimiento en 2015.

Mientras esto sucedía, medios locales de filipinas aseguraban que, aunque era miembro de la familia, “nunca” figuró entre los nueve legítimos de Kiram II. De hecho, según dichos medios, en 2011 estos obtuvieron una orden de un tribunal de Sulú para reconocerles tal derecho. Da la casualidad de que Kiram III falleció en octubre de 2013 de un fallo multiorgánico, ante lo que su hija, la princesa Jacel Kiram aseguró que continuarían con el legado de su padre, jugando un papel activo en este sentido en los últimos años. 

Origen del conflicto: año 1878

El punto de partida de esta polémica se remonta a 1878, cuando el Sultán de Sulú y el barón de Overbeck, cónsul del imperio austrohúngaro en Hong-Kong, alcanzaron un acuerdo para el alquiler a perpetuidad de territorios del norte de la isla de Borneo e islas circundantes. La intención era explotar sus recursos naturales, principalmente, perlas, madera y nidos de pájaro por 5.000 pesos filipinos, cantidad que en 1903 se elevó hasta los 5.300 pesos, después de una revisión del contrato. Los arrendatarios estuvieron décadas pagando de forma anual lo pactado, primero el particular y luego la compañía North Borneo Trading Company, que tras quiebra en 1946, la Corona Británica se hizo cargo hasta la independencia de Malasia en 1963. Desde ese momento y hasta 2012 fue ese Estado quien asumió el importe, tal y como se recoge en el citado laudo.

Tras varios roces en la década de los 80 y 90 por el descubrimiento de petróleo y gas, materias primas explotadas por Malasia, los beneficiarios intentaron renegociar el contrato, pero aseguran que nunca aceptó. La tensión se intensificó en el año 2013, cuando dejaron de pagar y estos supuestos herederos, buscaron asesoramiento legal. En un principio, pedían una compensación de 32.200 millones de dólares, cifra que incluye tanto los daños como una estimación por explotar los nuevos recursos encontrados. Sin embargo, finalmente se ha reducido hasta los cerca de 13.500 millones de euros al cambio.

Dado que el contrato se firmó en un territorio que entonces era español, según los denunciantes, y se incluyó una cláusula de arbitraje, aunque no especificaba la sede para resolver el asunto ni la ley que debía aplicarse, los perjudicados acudieron a los tribunales españoles, con el abogado Gonzalo Stampa al frente del litigio. La anulación del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) del nombramiento de un árbitro único forzó al traslado de la disputa a París, pero no impidió que siguieran adelante con sus planes. La disposición del laudo recoge que Kuala Lumpur incumplió su responsabilidad y, por tanto, debe hacer frente a los citados 13.500 millones en concepto de daños y perjuicios. Todo un varapalo para la nación, que pondría en serios aprietos a las arcas malayas. Para hacerse una idea de la magnitud de la cuantía, el PIB de este país en 2020 ascendió a 295.000 millones de euros, por lo que la cifra representa alrededor del 4% de su economía o lo que es lo mismo, el equivalente a su gasto anual en educación.

Malasia, acorralada ante la “desobediencia” de Stampa

El conocimiento de esta resolución ha enfurecido al Estado de Malasia, desde la que argumentan que no tienen validez y además “viola su inmunidad soberana". En este sentido, se amparan en dos vectores, por un lado, no reconoce a los interesados como los verdaderos adjudicatarios, ya que aseguran que su identidad “no está probada” y, por otro, que no fueron comunicados en tiempo y forma, situación ante la que manifiesta sentirse “presa” a causa de la desobediencia del letrado. “El señor Stampa desoyó la anulación del proceso por los tribunales españoles y continuó pretendiendo actuar como árbitro de un procedimiento fantasma que desde hace meses se arrastra bajo la mancha de graves desobediencias a los jueces españoles y franceses”, esgrimen.

Malasia defiende que lo firmado en 1878 no puede someterse a un arbitraje comercial porque afectaría de forma directa a la soberanía de su país sobre una región que se integra dentro de sus fronteras y advierte de las consecuencias “impredecibles” de esta decisión en las relaciones internacionales. Por el momento, disponen del plazo de un mes para recurrir el dictamen, mientras se resuelve la denuncia que han tramitado a la Fiscalía General contra Stampa. Los frentes abiertos en el antiguo Sultanato de Sulú han entrado en una espiral de pleitos que no les deja cerrar su historia.