EEUU se enfrenta a una nueva crisis migratoria en la frontera con México, donde más de 12.000 migrantes, en su mayoría haitianos, esperan bajo un puente una oportunidad para entrar en el país. Es el último capítulo en la lucha del Gobierno estadounidense contra la entrada de inmigrantes irregulares tras detener a alrededor de 200.000 en el mes de julio. Una cifra récord que pone en entredicho la política migratoria de Washington y la inversión en las agencias encargadas de la seguridad en la frontera: 333.000 millones de dólares desde el año 2003, cuando se fundaron la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos (CBP por sus siglas en inglés) y el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).
A pesar de que la CBP y el ICE, junto con la Patrulla Fronteriza, gozan de niveles récord de presupuesto y contratación de plantilla, el Gobierno de EEUU no ha logrado disminuir de manera significativa la cifra de inmigrantes que entran en el país de forma irregular. Más de 178.000 personas llegaron de manera irregular solo en el mes de abril, según cifras de la propia CBP. Por otro lado, también ha aumentado el número de migrantes que entraron por vías ordinarias y reglamentarias pero se quedaron más allá de la fecha en que terminaba su estancia legal, por lo que la Cámara de los Representantes presentó una iniciativa en abril para penalizar estas acciones con hasta seis meses de cárcel y la prohibición de entrar en el país durante cinco años.
La llegada de casi 200.000 migrantes a la frontera estadounidense en septiembre representa la cifra más alta en dos décadas. Todo ello después de que se registrara el porcentaje más bajo de la serie histórica en abril de 2020, cuando la frontera sur se cerró debido a la pandemia del coronavirus, y de cuatro años de presidencia de Donald Trump, cuya promesa electoral 'estrella' fue reducir la entrada de inmigrantes en el país. Respecto a los que llegaban de forma legal, el expresidente ordenó reducir el número de permisos de residencia permanente o 'green cards' en más de 418.000 y de visados de no inmigrante en más de 11 millones para noviembre de 2020, de acuerdo a datos del Departamento de Estado. Sin embargo, el número de inmigrantes ilegales que permanecían en los EEUU se mantuvo estable a lo largo de su mandato.
A pesar de que el presupuesto anual de la Patrulla Fronteriza superó los 4.000 millones de dólares en 2017 y de que los de la CBP y el ICE aumentaron en 4.400 millones y 2.200 millones respectivamente, las deportaciones no lograron superar la cifra registrada en los dos mandatos de Barack Obama, ni en expulsiones desde la frontera ni en deportaciones desde el interior del país, cuyo dato fue el más bajo desde el 2003. Uno de los motivos fue la falta de apoyo de algunas jurisdicciones locales y estatales que limitaban su cooperación con el ICE desde antes de que Trump llegara a la presidencia.
La misma ironía alcanza el 'muro' que Trump había prometido construir en la frontera con México, para el que había reunido 15.000 millones de dólares, 10.000 millones de los cuales se desviaron de otros proyectos estatales. Se erigieron 83 kilómetros de la barrera fronteriza con un coste aproximado de 25.800 millones por kilómetro, cubriendo menos del 3% de los 3.169 kilómetros de la frontera. Del resto, el Pentágono recuperó unos 2.200 millones de dólares y la Casa Blanca de Biden pidió al Congreso que no obligara a gastar 1.400 millones más en el proyecto.
Mientras, la población estimada de inmigrantes ilegales ha permanecido relativamente estable desde hace una década, con una ligera tendencia a la baja. La razón es la notable salida del país de mexicanos indocumentados (1,9 millones desde 2010) mientras aumentan las llegadas de migrantes procedentes de otros países. Según cifras del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, el número oscila en torno a los 11,5 millones desde el año 2010. Años de esfuerzos y miles de millones de dólares que no ha logrado disminuir la presencia de inmigrantes ilegales en el país.
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