Jueves, 27.06.2019 - 07:06 h
Los suburbios envejecen al doble de velocidad

¿El futuro de Madrid? En el extrarradio de Tokio los ancianos viven y mueren solos

Las viviendas sociales situadas en la ciudad de Tama, a las afueras de Tokio, están repletas de personas mayores que no tienen acceso a servicios.

En España, dos millones de personas mayores sufren soledad
En España, dos millones de personas mayores sufren soledad. / Pixabay

El envejecimiento es un problema endémico en Japón: a pesar del repunte vivido desde la recuperación económica que sucedió a la Segunda Guerra Mundial, la tasa de nacimientos se ha estancado en las últimas décadas y, de hecho, actualmente es inferior a la tasa de defunciones, lo que inevitablemente derivará en una contracción poblacional en el futuro. Además, la esperanza de vida de los japoneses -de 83,98 años, la más alta del mundo-, ha provocado un envejecimiento mayor que el de cualquier otro país. El problema es que muchos ancianos japoneses empiezan a notar los efectos de una sociedad que no está preparada para mantener a sus mayores. Por eso, en muchos puntos del extrarradio ya empiezan a morir completamente solos, desamparados y faltos de servicios.

Es un drama que en España también empezamos a conocer: familiares que se 'olvidan' de los más mayores, los cuales padecen la soledad más cruda en la etapa final de sus vidas. En algunos casos, terminan muriendo de forma anónima, sin que mucha gente advierta su falta. Unos dos millones de personas mayores viven solas en nuestro país, según el Imserso. De hecho, José Luis Martínez Donoso, director de la ONCE, apuntaba el año pasado que "Naciones Unidas sitúa a España como el país más envejecido del mundo en 2050".

En el caso de Japón, el patrón se repite en las grandes urbes como Tokio, Yokohama u Osaka: muchos puntos el extrarradio, producto del 'boom' económico de los 70 y 80, en plena recuperación económica, empiezan ahora a convertirse en 'guetos' en los que los que los ancianos viven y mueren solos, sin apenas farmacias, comercios o supermercados cercanos. La razón principal es el descuido de estas áreas por parte de la prefectura de cada región, las cuales optan por reforzar los núcleos urbanos más céntricos, dando lugar a una concentración de servicios en perjuicio de las áreas más alejadas.

Un buen ejemplo es la ciudad de Tama, situada al oeste de Tokio y que cuenta con más de 140.000 habitantes (algo menos que Leganés). Durante los 70 y los 80, se aprovechó del rápido desarrollo económico y demográfico de Japón para convertirse en un núcleo urbano importante en la región. Los edificios ganaban alturas casi al mismo ritmo que la población joven o de mediana edad se mudaba a la tranquilidad de las afueras de la capital nipona (está a 30 minutos en tren). Sin embargo, poco a poco la población fue envejeciendo y los servicios tanto de primera necesidad como de ocio empezaron a desaparecer, tal y como relata este artículo de 'The Guardian'.

En buena parte, porque la sobrepoblación de Tokio pronto derivó en más núcleos de pobreza repartidos por la región. Entonces, comenzó a implementarse una política de realojamiento en viviendas sociales para los más necesitados, similar a la de cualquier otra gran ciudad (como, por ejemplo, Madrid). Y ahí entró la prefectura: asignó viviendas a personas con bajos ingresos, que progresivamente se fueron haciendo mayores; paralelamente, el envejecimiento de la población (y la pérdida de poder adquisitivo de las pensiones) provocó que el espectro social más vulnerable pasase a ser el de los mayores de 65 años.

Solo fue cuestión de tiempo que las ciudades periféricas empezaran a convertirse en 'guetos' para ancianos, plagados de edificios inadaptados (muchos de ellos no disponen ni siquiera de ascensor) y sin apenas servicios. Un reflejo de lo que podría convertirse cualquier gran ciudad del planeta. En Madrid o Barcelona, por ejemplo, abundan las poblaciones de más de 100.000 habitantes en el extrarradio. La mayoría de ellas son fruto de la emigración desde cada capital a los suburbios (normalmente con un precio por metro cuadrado menor).

La principal diferencia es que, en España, las viviendas sociales las gestiona cada municipio, impidiendo altas concentraciones en un solo punto de la comunidad autónoma, mientras que en la prefectura de Tokio su política de realojamiento en las afueras está provocando que la población de ciudades como Tama esté envejeciendo al doble de velocidad que en la capital. En Madrid, por ejemplo, la edad media de la población era en 2017 de 43,49 años, mayor que los 41,39 años de Getafe, los 42,67 de Leganés o los 41,76 de Móstoles, tres de las principales ciudades de la región.

La mayoría de las viviendas sociales se construyeron en todo Japón a partir de la década de 1950, en un esfuerzo por brindar a las familias hogares de alta calidad después de la devastación de la Segunda Guerra Mundial. La ley de vivienda pública de 1951 hizo que casi el 80% de los hogares optase a algún tipo de hogar subsidiado.

A mediados de la década de 1990, sin embargo, un cambio en la política de vivienda tuvo consecuencias tan importantes como involuntarias. En un intento por estimular el mercado de la vivienda, el Gobierno trató de guiar a la generación joven de trabajadores de las viviendas públicas a las privadas. Revisó la ley de vivienda pública, haciendo que fuese más accesible para las personas mayores o discapacitadas, y estableciendo requisitos estrictos para las personas más jóvenes que vivían allí: si sus ingresos excedían un cierto umbral, serían desalojadas.

El problema es que, en España, los pensionistas empiezan a ser uno de los grupos más vulnerables de la sociedad. Por un lado, por la soledad que padecen. Por otro, porque su poder adquisitivo también se ha ido devaluando en los últimos años, especialmente durante la crisis, cuando se congeló la subida de las pensiones y condenó a los más mayores a una mayor pobreza.

En Japón, de hecho, la situación de desamparo es tal que muchos ancianos llevan tiempo delinquiendo a propósito para ir a la cárcel. En unos casos, por la soledad que padecen; en otros, por falta de recursos. Por suerte, en nuestro país la situación no es tan grave, aunque un 1% del total de reclusos (unos 50.000 en total) tiene más de 65 años.

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