Nuevas críticas se suman a la lista que Boris Johnson carga a sus espaldas, esta vez, ha sido el ex primer ministro John Major quien ha señalado al adalid del Brexit 'duro' ante el Tribunal Supremo, bajo la acusación de boicotear al Parlamento por motivos políticos, para evitar que los Comunes pudieran interferir en la salida de Reino Unido de la Unión Europea.
La opinión de Major fue presentada este jueves ante el Alto Tribunal, la máxima instancia judicial británica, que desde el martes examina dos recursos relacionados con el cierre de las sesiones legislativas, del 10 de septiembre hasta el 14 de octubre, dispuesto por Johnson tras el permiso formal de la reina Isabel II, la jefa de Estado.
El primer ministro, que llegó al poder el pasado julio tras la dimisión de Theresa May, justificó la medida frente a la denuncia de Major con la necesidad de presentar una nueva agenda del Gobierno antes del 14 de octubre. Las dos apelaciones sobre las que once jueces del Supremo deberán pronunciarse corresponden a dictámenes distintos sobre el cumplimiento de la ley en el cierre de la Cámara ya que uno, el de la Corte de Apelaciones de Escocia, calificó esta acción de ilegal mientras el otro, el del Tribunal Superior de Londres, no.
Major, una de las partes del recurso inglés, dio a conocer su posición contraria al bloqueo legislativo a través de su abogado, Edward Garnier, en el tercero y último día de las vistas judiciales. Los once jueces del Supremo, en Londres, han escuchado los distintos alegatos de las partes, pero se espera que el fallo, que será por mayoría, se dé a conocer en los próximos días.
El Gobierno decidió apelar ante el Supremo después de que la corte escocesa diera la razón a una querella interpuesta por más de 70 políticos, entre ellos la líder del Partido Liberal Demócrata, Jo Swinson, y 'The Good Law Project', un grupo contrario al Brexit.
El otro recurso, el de Inglaterra, fue presentado por la empresaria Ginna Miller, con el respaldo de Major, tras el dictamen del Superior a favor del Gobierno de Boris Johnson. En la sesión de hoy, Garnier, en nombre del que fuera primer ministro conservador entre 1990 y 1997, explicó que no había razón para suspender las sesiones durante cinco semanas, "menos aún cinco semanas críticas en un periodo en el que el tiempo es esencial", al referirse al proceso de salida del Reino Unido del club europeo.
Garnier dijo que, cuando el Parlamento queda cancelado durante un periodo de tiempo crítico, no hay posibilidad de un control exhaustivo de esta suspensión "hasta que el daño haya sido hecho".
Los argumentos de Major
En sus argumentos ante la corte, Major consideró que la decisión de Johnson "estuvo motivada por un interés político para asegurar que no hubiera actividad en el Parlamento durante el periodo previo al Consejo europeo del 17 y 18 de octubre". La suspensión de las sesiones "priva al Parlamento de tener voz durante las cinco semanas antes del Brexit" el 31 de octubre, denunció.
Además, el letrado recalcó que el Gobierno no ha manifestado con "claridad" las razones exactas de la medida: "La suspensión es para impedir que el Parlamento ejerciera su derecho a no estar de acuerdo con el Gobierno y a legislar como mejor le pareciera".
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