Tradicionalmente, los fines de año son días de ebullición legislativa. Basta recordar aquel memorable Real Decreto-ley 29/2012, de 28 de diciembre, de mejora de gestión y protección social en el Sistema Especial para Empleados del Hogar y otras medidas de carácter económico y social. Bajo su inocente articulado se escondía un impuesto sobre el valor de la producción de energía eléctrica del 7%. Un decreto que convulsionó más de una empresa energética y que fue de aplicación directa en el bolsillo del ciudadano.
Los cierres de ejercicio también se realizan en fin de año, así como los inventarios y las proposiciones para comenzar un nuevo ciclo anual en el gimnasio o la promesa inquebrantable de no encender más el mechero. Pero lo que sí es sorprendente y sorpresivo es la presentación de un programa dispuesto a cambiar el rumbo político de los últimos tres años en España.
Bajo el título de Coalición Progresista, aparece un epígrafe, cuando menos preocupante, que plantea un “nuevo acuerdo para España”. Este es precisamente el aspecto más destacado del documento que regirá la política económica durante los próximos años en nuestro país y que tendrá su desarrollo presupuestario tomándolo como base. Al menos se ha dejado un explícito resquicio a la contención del gasto y, por extensión, a la actual ministra de Economía, al supeditar esta intención, adaptándola al nuevo contexto macroeconómico.
Como en todo documento político el futuro simple se combina con el infinitivo vacío. Así, los “reforzaremos”, “elaboraremos” o el más inquietante “derogaremos”, se superponen durante todo el documento, creando así un panorama económico pendiente de tratamiento normativo y legislativo, sin los cuales será imposible llevar a cabo reforma o derogación laboral alguna.
De las más de 145 medidas relativas al ámbito económico es difícil destacar alguna que nos de una pista o guía de estrategia de política económica a seguir en el futuro. Las acciones referentes al cambio climático, a la política industrial, la movilidad sostenible, la economía circular y demás operaciones tácticas, no forman un 'corpus' único que puedan operar en el corto y medio plazo y que, ni mucho menos, respondan a las acciones sobre la oferta y demanda de manera programática.
Es lo que muchos llaman potenciación del 'core', pero que obvia la tan sabida concepción holística de la economía. Si tuviésemos que poner un ejemplo diríamos que hay muchas historias, pero pocos argumentos comunes que ayuden a escribir la guía económica de España para el futuro inmediato y que pueda durar, por el bien de todos, algunos años.
Echando un simple vistazo a las propiedades del documento vemos como la táctica, Hacienda, los presupuestos, se imponen a la estrategia, la Economía, la materia gris que aparece un tanto arrinconada en el 'stormingbrain' - el error lingüístico es intencionado - del texto.
Los guiños a la economía social están patentes en el elenco presentado, como la creación de un bono gasista, el incentivo del coche eléctrico, la recuperación del diálogo social, el Estatuto del Empleado Público, la compra pública de alimentos de proximidad, el turismo sostenible, el autoconsumo, etcétera, todas medidas loables pero que adolecen de un axioma que oriente estratégicamente la visión económico política de un nuevo gobierno. Sería deseable que, en el futuro, el Ejecutivo utilice alguna fórmula exégeta; algo así como que todos estos mandamientos se resumen en dos: amarás a los Presupuestos Generales del Estado sobre todas las cosas y al Progresismo como a ti mismo.
La segunda parte dogmática del texto se refiere a los denominados nuevos derechos que en realidad son ya viejos. La práctica social suele ir por delante de la jurídica. Siendo necesario el reconocimiento legal de muchos de ellos, llama la atención ver negro sobre blanco algunos como la regulación de la eutanasia, los derechos de las personas con diversidad funcional, la diversidad familiar, la laicidad y neutralidad religiosa del Estado, y otros jurídicamente indefinidos como la lucha contra la desinformación, el Pacto por la Lectura, o la constitucionalización del “sí es sí”. Algunos aspectos, sin duda, deben estar al frente del anunciado nuevo acuerdo para España y otros requieren de mucho mas consenso social y político.
La última cuestión, como en todo buen documento hispano, suele ser la más importante y, por lo tanto, merece el puesto terminal, casi como disimulada. La actualización del Estado autonómico no debería sentar muy bien más allá del Ebro. Y es que el reconocimiento a nuestra organización territorial como la apuesta ineludible para una España fuerte, probablemente chirríe entre los próximos en dar el plácet a la investidura del presidente del Gobierno en funciones.
Sin embargo, en una lectura detallada del documento se compensa esta afirmación inicial con el traspaso a la Generalitat de las competencias reconocidas en el Estatut de Cataluña, concretamente en la gestión de becas universitarias, la formación sanitaria especializada, el salvamento marítimo o la ejecución de la legislación laboral en el ámbito del trabajo, el empleo y la formación profesional. Un aspecto que trata de tender la mano al independentismo más o menos radical para que acceda a permitir un gobierno en España, para el conjunto de los españoles y, por lo tanto, también de los catalanes.
El tiempo dirá si esta será la guía económica y política que transforme nuestro país. Hasta el momento, sólo observamos - parodiando al Madrid del año 2000 - muchos ‘Pavones’ y pocos ‘Zidanes’. No obstante, la justicia balompédica ha demostrado que, a veces, el mejor puesto para un jugador está en el banquillo, concretamente en la dirección del equipo, aunque de esto, 'Nadie' sabe mucho.
