Cuentan las malas lenguas que hace ocho meses, cuando los árabes de STC irrumpieron en el capital de Telefónica, el Gobierno acudió en busca de ayuda a los dos socios españoles de referencia, Criteria y BBVA, para que reforzasen su posición y, con una aportación mínima de la SEPI, poder asegurar el control español de la operadora. Fue entonces cuando se produjo un claro enfrentamiento con el banco vasco, que tenía en posición vendedora su paquete en la operadora y no quería meter más dinero; al contrario, quería liberarse de ese cáliz. La broma le va a costar al Gobierno el doble de lo deseado. Pero todo llega y siempre se cumple lo de ‘arrieros somos y en el camino nos encontraremos’. Ahora es Sánchez y su equipo de ministros fieles quienes tienen al BBVA encima de la mesa para ver si le permiten o no hacer una operación que, sobre el papel, solo debería depender de Competencia y el Banco de España, en buena lid y por los preceptivos requerimientos técnicos y económicos, no políticos o ideológicos.
Que no digo yo que una cosa tenga que ver directamente con la otra, pero resulta más que sorprendente la salida en tromba de media docena de fieles escuderos de Sánchez para defender el arraigo regional de un banco que, precisamente, es uno de los de mayor vocación internacional de España, justo tres días antes de que los catalanes pongan su voto en las urnas, con el PSC con más expectativas que nunca para ser el triunfador de la contienda. Si había algún catalán indeciso o dudoso de la defensa que desde el PSOE se puede hacer de sus dominios, sus entidades y sus cuentas corrientes -aunque tengan fuera la sede social de forma coyuntural-, se lo han dejado claro desde Madrid con los hechos el mismísimo ministro de Economía, la vicepresidenta primera, la tercera, el ministro de Industria (catalán de pro) y cualquiera al que pregunten cercano a ellos.
Que tampoco digo yo que una cosa tenga que ver con la otra directamente, pero es curioso que el martes pasado, tras el Consejo de Ministros, la operación fuera algo entre empresas, sobre la que no había un planteamiento a favor o en contra, incluso con la idea de que tener bancos fuertes a nivel europeo puede ser algo bueno para España. Esta vez han sido solo dos días de reflexión (no cinco), pero el cambio ha sido pronunciado, y no vale decir que se ha dado una vez conocidas las condiciones, que son idénticas a las de hace diez días; ni aludir al grado de concentración o la acumulación de riesgo, algo que evaluará la CNMC y que ya tienen a buen seguro bien mirado ambas partes en liza, sin mayores preocupaciones. Guste o no, según las versiones, es evidente que son dos bancos complementarios a los que separa una cuestión de precio. Es más, si el BBVA hubiera puesto un poco más de 'cash' sobre la mesa, esto estaba casi en marcha y seguro que los políticos nacionales (no nacionalistas) no habrían gritado tanto.
La OPA está en marcha y el recorrido va a ser largo. El tiempo y los intereses de los accionistas, sobre todo de los fondos que comparten capital entre ambos bancos, son los que van a tener la última palabra, más allá del momento político en el que se ha generado la contienda y el ánimo de injerencia que parece inundar al Ejecutivo de coalición de Sánchez, que seguro que bajará tras las catalanas. Carlos Torres ha demostrado ser un presidente muy valiente, al entrar a una operación hostil frente a un banco tan arraigado como el Sabadell y con todos en contra, pero el canje de acciones y el momento de mercado que las dos entidades viven le dan a la operación toda la lógica financiera, al menos sobre el papel (nunca mejor dicho). Tampoco le quedaban más opciones a Torres: echarse para atrás sin intentarlo una vez anunciado tampoco le dejaba en un lugar cómodo entre sus stakeholders. Es mejor fracasar después de haberlo intentado que darse por vencido antes de hacerlo. Y Torres se la está jugando en esta operación, después del calvario del caso Villarejo.
También demuestran su solidez y su valentía los responsables del Sabadell bajo la batuta de Josep Oliu, que han tenido que cortar el roadshow de presentación de resultados en Europa para asistir a una batalla en la que el enemigo apela directamente a sus accionistas, sin la certeza absoluta de que una mayoría no pueda decantarse por el lado del intercambio de titulitos en busca de mayores rentabilidades futuras. De su lado, que una opa hostil nunca ha triunfado en el sector financiero español y que han demostrado que saben hacer las cosas bien y remunerar como es debido a sus accionistas. Éstos son los soberanos, los que tienen la última palabra. Ya no mandan las cúpulas de las entidades ni, por supuesto, las soflamas de los políticos, más allá de lo preceptivo y las normas, que están pensadas, precisamente, para defender a esos accionistas, no para servir a intereses politizados.
