La batalla de la luz amenaza el progreso social de las renovables

El mes de septiembre de este año va a pasar como uno de los más convulsos de la historia reciente del mercado eléctrico español. La escalada del precio de la luz marcada por los mercados internacionales del gas y los derechos de emisiones de CO2 ha sido la mejor excusa posible para que el Gobierno de Sánchez y Ribera intervenga en el sector con un hachazo sin precedentes, bajo la premisa básica de que, en la política energética, el ciudadano (y su recibo mensual) debe estar en el centro de todas las actuaciones. La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, contraparte por la izquierda de la coalición que reina en Moncloa, se ha convertido de repente en la otra protagonista de este culebrón con su teoría de los “beneficios groseros” de las eléctricas españolas si las comparamos con el resto de sus competidores europeos, una cuenta que raya la demagogia si tenemos en cuenta que, a pesar de tener una mercado unificado en cuanto a la formación de precios, la generación, las rentas, la distribución, el clima y hasta la cultura social hacen que cada país sea un mundo distinto en este negocio.

Sánchez, Ribera y Díaz, que hace apenas un mes (cada uno desde su lugar de vacaciones) aseguraban que poco se podía hacer en este tema de los precios de la luz porque dependía de Europa y los mercados mundiales, han tomado con rapidez las riendas en esta crisis más por su trascendencia política y social que por el impacto económico que pueda suponer para el país. Los 10,6 millones de usuarios de la tarifa regulada son quienes arriesgan su factura de forma más directa a los vaivenes del sistema marginalista de formación de precios, pero lo que les preocupa a nuestros líderes no es tanto ese recibo, como los votos que hay detrás y el riesgo de que una crisis en ese segmento social se convierta en una amenaza para el paseo político triunfal que debiera suponer, el año que viene, el reparto de fondos europeos y la explosión del consumo doméstico con el dinero que no se ha movido en pandemia y que todos los hogares tienen listo para quemar. A corto plazo (de aquí a diciembre), la factura de la luz es el mayor riesgo para enturbiar las que se apuntan ya como las navidades más consumistas en muchos años, liberados de las restricciones de la pandemia. Y un consumidor contento es un voto fácil.

La ministra Ribera ha llamado a consulta a la industria intensiva en consumo de energía y a los (supuestos) representantes de los consumidores domésticos este lunes para que le expongan su diagnóstico de la situación, o lo que es lo mismo, para que le digan lo que quiere oír: hay que bajar el precio de la luz como sea, aunque eso suponga intervenir en el mercado y dejar a las compañías sin 3.000 millones de euros por decreto ley. Todos los expertos del sector, incluso algunas voces de la UE, han admitido desde hace meses que España tiene margen para “regular la tarifa regulada” y paliar el efecto de las subidas del mercado junto con una política fiscal flexible, mientras dure la tormenta internacional del gas y del CO2. Y es una oportunidad de demostrar que se gestiona con el ciudadano y las empresas como gran objetivo a salvaguardar. Pero de ahí a meter un hachazo millonario a las principales eléctricas, de las que dependen en gran medida los recibos pactados de los otros 17 millones de consumidores y los acuerdos a largo plazo en el mercado con la mayor parte del tejido empresarial del país, hay un abismo. Son ganas de provocar una guerra en la que nadie quiere perder y cuyos paganinis a largo plazo seremos los mismos de siempre.

En esta escalada de provocaciones de unos y otros, Sánchez, Ribera y Díaz deberían saber que no se puede reformar el mercado eléctrico y ponerlo a gusto del consumidor sin contar con las inversiones y los puestos de trabajo que generan las grandes eléctricas y comercializadoras que dominan un mercado, todavía oligopolístico, cuyos líderes han preferido ir a pedir auxilio a Europa que pasar por Moncloa a llegar a algún tipo de acuerdo. El problema es que esa batalla puede amenazar ahora también el desarrollo ordenado (y con el ciudadano en el centro de todas las cosas) de las nuevas energías renovables, sobre todo en el ámbito de la fotovoltaica, que está en plena ebullición. De nuevo, los intereses de las grandes empresas y de los pequeños comercializadores o los impulsores del autoconsumo y las comunidades energéticas se cruzan en el desarrollo legal de un sector nuevo, donde todo es un experimento y que necesita un impulso grande, aunque solo sea como alternativa a largo plazo del embrollo internacional del gas y el CO2. El desbloqueo de las redes para las pequeñas instalaciones, avanzar en la regulación técnica y simplificar el embrollo burocrático son básicos en este momento. 

El consumidor, es decir, los votantes que van a poner o quitar a los políticos que ahora planta cara a las eléctricas, opta cada vez más por opciones sostenibles. Tanto en la Administración energética como en las compañías, están desbordados ante la eclosión de las soluciones a medida con generación fotovoltaica. Se ha instalado en el primer semestre de este año más que el incremento de todo el año anterior, que ya fue muy significativo y los registros se baten cada día, a medida que surgen opciones nuevas tanto en las grandes ciudades (comunidades ciudadanas que producen, consumen y comercializan de forma conjunta), como en las pymes, la industria o la España vacía, donde la fotovoltaica es ya una palanca de desarrollo y progreso que borra poco a poco los prejuicios iniciales a medida que las generaciones cambian y la información se expande.

Nadie sabe como acabará configurándose el sector eléctrico dentro de diez años; si las grandes compañías de ahora acabarán acaparando a los miles de productores y plataformas que surgen, en busca de una mayor fiabilidad o seguridad de suministro, o si surgirán muchos nuevos protagonistas. Pero lo que sí está claro es que el desarrollo de las renovables es una oportunidad de oro para el progreso social en ‘el país del sol’, que no debiera estar amenazada ni por la ambición de una compañías acostumbradas a dominarlo todo, ni por el interés de unos políticos intervencionistas que ven un voto detrás de cada recibo de la luz.