La Comisión Nacional de Mercados y Comptencia (CNMC) ha parido un ratón. Después de cinco meses en un pulso a brazo partido con las grandes, medianas y pequeñas empresas distribuidoras de gas los padres de la sagrada competencia han agachado la cerviz, reduciendo a la mitad el recorte de retribuciones públicas con el que pretendían hacer justicia al sufrido consumidor en su dolorosa factura energética. De momento, el organismo que preside José María Marín Quemada se ha bajado de la nube con una propuesta que sitúa en un 9,6% el hachazo inicialmente previsto en casi un 18%, un recorte que además se llevará a cabo de manera gradual y será nuevamente replicado con nuevas alegaciones por las propias compañías interesadas.
La institución encargada de velar por el buen funcionamiento de los mercados no ha sido capaz de asimilar los mayores poderes que le fueron conferidos a principios de año, después de la intensa bronca mantenida con el ex ministro Álvaro Nadal durante el último Gobierno del Partido Popular. Aunque sólo fuera por corregir la política de su antecesor, y principalmente para evitar una fuerte sanción de la Unión Europea, la actual responsable energética en funciones, Teresa Ribera, cedió a las pretensiones históricas de la CNMC. El armisticio dio a luz un nuevo modelo normativo para todo el sector energético, acreditado con partida de bautismo independiente, pero que las propias y embarazosas circunstancias que sufre la propia entidad de regulación han terminado convirtiendo en un verdadero parto de los montes.
Las autoridades comunitarias no comprendieron muy bien el furor que las nuevas atribuciones legislativas despertaron en el equipo de Marín Quemada este pasado verano y consideraron que la CNMC se había extralimitado en sus nuevas funciones al imponer su estrenada soberanía sin atender previamente los planteamientos del sector. Las cosas no se hacen así en Europa y los inversores internacionales demostraron su rechazo al juego de las circulares sometidas a consulta pública, entendiendo que el regulador sólo pretendía disimular su afán inquisidor ante los mercados financieros. La desconfianza se tradujo en una fuerte caída de las cotizaciones en bolsa, dando lugar a una atmósfera de confrontación entre las empresas y la CNMC que ha provocado daños irreversibles en la reputación del organismo regulador único creado hace seis años.
La primera consecuencia de tamaño desatino ha sido la pérdida de uno de los cargos de representación institucional más relevantes en el Viejo Continente. El candidato español, Fernando Hernández, fue catapultado como máximo favorito para hacerse con el puesto de director de la Agencia Europea de Reguladores Energéticos, una entidad constituida en 2011 y que está llamada a actuar como piedra angular de todo ese proceso de transición ecológica que intenta abanderar Pedro Sánchez en los mentideros internacionales. La nominación fue considerada con la máxima calificación de interés por parte del actual Gobierno en funciones pero la participación activa y decisiva del aspirante español en las circulares energéticas de la discordia dieron al traste con la anhelada designación, que finalmente ha recaído en el danés Christian Zinglersen, docto funcionario de la Agencia Internacional de la Energía.
Fernando Hernández, considerado en su día como el verdadero azote del sector energético, abandonó en todo caso la CNMC a mediados de octubre para hacerse cargo de la oficina comercial de España en Tokio, un destino para el que también se había postulado en su calidad de técnico comercial y economista del Estado. Su marcha estaba cantada desde hacía meses, pero el hecho de poner pies en polvorosa antes de la aprobación definitiva de las normativas del sector gasista ha dejado definitivamente en la estacada al propio Marín Quemada. El presidente del organismo regulador, que se mantiene latente en el cargo con el mandato vencido desde hace tres meses, ha actuado todos estos años como cancerbero de los servicios técnicos en una batalla incansable para mantener la independencia del organismo regulador y enfrentado a buena parte de sus administradores colegiados; especialmente a su vicepresidenta María Fernández.
La segregación amenaza al Supervisor mayor del Reino
La guerra intestina de la CNMC ha ido deteriorando la posición de su máximo responsable a medida que sus más directos colaboradores ejecutivos han ido dejando la entidad. Hace un par de años, Marín Quemada tuvo que entregar en bandeja de plata a sus opositores del consejo la cabeza del que entonces era su mejor aliado, el exdirector de Promoción de la Competencia, Antonio Maudes. Al cabo de unos meses se vio obligado a ahuecar al director de Competencia, Eduardo Prieto, su lugarteniente más fiel en los compases iniciales de la institución, cuando aparecieron los primeros conatos de enfrentamiento entre los distintos mandarines del consejo; todos ellos nombrados a instancias del PP, pero cada uno de su madre y de su padre político.
El espectáculo de una división constante y permanente en el seno de la que fue concebida como una institución integrada y única de regulación a nivel nacional ha alcanzado ahora su punto crítico en un momento realmente inoportuno. La formación del que presumiblemente, y con permiso de ERC, será el primer Gobierno de coalición en nuestro país extenderá sus tentáculos a muy diferentes centros de poder administrativos, incluyendo por supuesto a los mal llamados organismos independientes de supervisión. La CNMC es una pieza especialmente codiciada, más si cabe teniendo en cuenta la segregación que pende como una espada de Damocles sobre el organismo fusionado por el PP de Mariano Rajoy.
La amenaza adquiere carta de naturaleza de la mano del PSOE y será legitimada en la propia falta de cohesión interna que ha obstaculizado muchas de las decisiones trascendentales que la entidad ha tenido que adoptar finalmente a trompicones. El troceo de la CNMC ‘lost in traslation’ se antoja como una exquisita fuente de prebendas y canonjías para satisfacer la sed de poder de los flamantes consortes de legislatura. El ejército de Pancho Villa nucleado en torno al Supervisor mayor del Reino es una invitación exquisita para que la tropa de Podemos entre a saco en materias que serán básicas para el control de la actividad económica durante los próximos años en España.
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