La gran mentira del recibo de la luz y su bola de nieve renovable

Una vez superadas las inclemencias del tiempo meteorológico y ahora que ya se ha enfriado la sensiblera controversia política sobre la subida de la electricidad es quizá el momento de analizar la gran mentira que subyace detrás de un debate que nunca ha servido para neutralizar la transferencia de rentas a favor del viejo oligopolio energético y en contra, claro está, del ciudadano común. Más allá de la utilización perversa como arma arrojadiza entre partidos, la tarifa eléctrica en España sigue representando un enigma que nadie está dispuesto a descifrar dados los intereses creados que persisten en la relación histórica de las empresas generadoras con los distintos gobiernos de turno. Romper el hielo de la colusión pública-privada que encierra el recibo de la luz requiere, ya es decir, mucho más trabajo y tiempo que descongelar las calles de Madrid tras la gran nevada.

Cuando las aguas del Nilo venían bajas los egipcios tendían a concentrar sus tareas en el almacenamiento de trigo, pero en ningún caso sacaban el pico y la pala para maldecir los imponderables de su legendario y fértil río. En la actual y más ecológica civilización, las fechorías de la naturaleza ponen de manifiesto las carencias de las energías renovables como piedra angular de un mix de producción desequilibrado en aras de una transición energética claramente pasada de frenada. Cada vez que un exceso de demanda por motivos climatológicos se junta con una escasez de oferta la única solución es echar mano del gas como fuente de producción marginal, lo que eleva de manera automática los precios dentro del sistema mayorista al ser la tecnología más cara de todas las fuentes de generación eléctrica.

La gran reforma de los Nadales, en alusión a los gemelos Álvaro y Alberto que llevaron la manija de la política energética con Mariano Rajoy, fue muy mal acogida por los diferentes agentes del sector, que perdieron buena parte de los derechos adquiridos durante el antiguo régimen de formación de precios eléctricos. Las empresas estaban la mar de felices con un mecanismo de tarifas deficitarias que generaban una inmensa deuda garantizada, eso sí, por el Estado. El agujero se convirtió en una losa para el erario público de hasta 30.000 millones, cuyo origen no se debía realmente a la subida de las materias primas que constituyen el componente variable del recibo. La bola de nieve crecía imparable en razón a otros costes fijos empotrados en la factura para retribuir redes eléctricas, en algunos casos ya amortizadas, y sufragar decisiones políticas tan erróneas como onerosas para el sistema eléctrico, especialmente las multimillonarias primas a las renovables.

El sistema eléctrico español es un juego de cartas marcadas, donde el recibo de la luz es el  comodín con el que se financian decisiones políticas de alto coste económico

La limpieza en seco del recibo de la luz motivó la reacción airada de los múltiples afectados que se habían creído en poder de una bicoca vitalicia pagada a escote de todos los contribuyentes. La reconversión eléctrica provocó un verdadero terremoto en el sector y puso en tela de juicio la seguridad jurídica de un mercado que había sido pringado de miel para que se lo comieran las moscas. Los fondos de inversión y sus séquitos bancarios se lanzaron en tromba a pleitear contra el Estado aireando una conflictividad inaudita con litigios que, a día de hoy, alcanzan los 7.000 millones de euros. La cifra puede resultar mareante, aunque el Reino de España no está saliendo del todo malparado en la resolución de los laudos dictados por las cortes de arbitraje internacional.

En el lado positivo de la balanza, las medidas de reestructuración redujeron la hipoteca futura sobre el consumidor en un total de 125.000 millones de euros en un horizonte de 25 años, permitiendo aligerar el recibo de la luz entre un mínimo de 20 euros a un máximo de 40 euros, de acuerdo con los diferentes niveles de consumo. La peliaguda y mastodóntica deuda eléctrica no pudo ser erradicada del todo, pero fue controlada dentro de una senda bajista hasta situarse en los 14.000 millones al cierre del pasado ejercicio. Un importe que tampoco es moco de pavo pero que demuestra bien a las claras la fórmula mágica que también podría adoptar la muy ecológica Teresa Ribera si verdaderamente quisiera escapar de la demagogia galopante cada vez que el general invierno toca a rebato en el sistema eléctrico español.

La vicepresidenta encargada de la política energética ha salido indemne tras la primera polémica del año, como no podía ser de otra manera. El precio de la energía ha bajado rápidamente en el mercado mayorista después de unos días de convulsión social que han permitido a algunos hacer su particular agosto en el mes de enero. Por eso el Gobierno que se precia de socialista no puede redimir su responsabilidad en un debate político claramente viciado, que desvía la solución real del problema para mayor gloria del populismo irredento que nos invade y mejor negocio de los operadores del mercado. Los primeros se llevan la fama mientras los segundos cardan la lana en una especie de homenaje a ese consumidor desconocido e indefenso que siempre aparece como el último invitado a la fiesta y el primero en pagar la factura.

La OPA del fondo australiano IFM sobre Naturgy dará lugar al control por parte de capital extranjero de la mayor red de distribución de gas en España

Así se explica el enorme interés que, en medio de la gran crisis, suscita el sector energético para los fondos internacionales de capital. Los señores del dinero han hecho de España su tierra de promisión como ha puesto de manifiesto la OPA que esta misma semana han lanzado los australianos de IFM sobre el 23 % de Naturgy. Una operación que será rentabilizada en los próximos años con la retribución estatal de las redes de distribución, a la postre lo único que les interesa. El resto de la emblemática compañía nacida de la fusión entre Gas Natural y Unión Fenosa parece cada vez más orientada a la sala de despiece a fin de que sus socios financieros, los nuevos y los que ya están de hace años en el accionariado, puedan dar el pase al mejor postor, monetizando los demás activos y los miles de clientes fidelizados en el mercado nacional.

La estructura del sistema eléctrico ha dado lugar a un negocio de cartas marcadas que no ofrece ningún margen de maniobra a Teresa Ribera para reducir el coste variable de la tarifa, más allá de lo que consientan los colegas de Hacienda a partir de la rebaja del IVA, aunque no parece que vaya a caer la breva. Lo que sí puede hacer la ministra es dar un golpe encima de la mesa con un recorte de costes fijos, de manera que el recibo de la luz no sea utilizado como un árbol de Navidad al que se van colgando nuevos abalorios a instancia interesada de parte. El anuncio del flamante fondo de sostenibilidad del sistema eléctrico no deja de ser un parche para vestir un santo desnudando a otro ya que el reparto de los sobrecostes de las renovables entre todas las comercializadoras energéticas, no sólo las eléctricas, provocará que el eventual ajuste del recibo de la luz sea trasladado, aumentado y corregido, al recibo del gas.

El Gobierno pretende hacer de la necesidad virtud enarbolando la bandera verde para sufragar hipotecas políticas del pasado, cuando la avanzadilla emergente del cambio climático empezaba a traducir en la España de Zapatero el catecismo del floreciente ecologismo planetario. Una religión secular con discípulos, catecúmenos y adeptos repartidos por el mundo mundial, consagrada a una misión suprema como es la defensa del medio ambiente y que cuenta además con su propia santa beatificada en la figura de Greta Thunberg. Este es el evangelio que profesan también Pedro Sánchez y Pablo Iglesias como seña de identidad de una izquierda progresista que en sus pecados lleva sus penitencias. Una de ellas es el recibo de la luz que, a la postre, pagamos entre todos. Vayan, pues, rezando lo que sepan.