El campo está en pie de guerra... otra vez. El sector agrícola y ganadero en Europa es el más subvencionado y protegido del planeta pero vuelve a pedir más. Desde Alemania a Francia, pasando por España, Bélgica, Portugal, Italia o Grecia, entre otros, las tractoradas vuelven a las calles para bloquear carreteras entre reclamaciones de más dinero, menor regulación y burocracia que les permita competir y subsistir. Llegan las huelgas como medida de presión de un gremio que pide su cuota de protagonismo ante los políticos antes de las próximas elecciones europeas en junio y la renovación de cargos en la Comisión Europea. Pero hay una verdad incómoda que siempre se omite tras la rebelión en la granja. Las ayudas públicas pueden ser parte de la solución pero cada vez más parecen un problema porque su reparto nunca será del gusto de todos, sobre todo, si están mal diseñadas.
Hay que recordar que en ninguna otra jurisdicción se destina al agro tanto dinero público, que surge por otra parte de los impuestos de los contribuyentes, no de la tierra o los árboles. Tampoco otra región en la que se levanten más aranceles a las importaciones desde el extranjero, que acaban encareciendo los precios que llegan a los consumidores. La Política Agrícola Común (PAC) es uno de los pilares de la unión comunitaria de países. Es un escudo para agricultores y ganaderos frente al mercado libre. Una garantía para la seguridad alimentaria y autonomía estratégica. En ese contexto, las ayudas públicas para el sexenio de 2021 a 2027 que aprobó Bruselas en 2020 ascendían en origen a 386.600 millones de euros a través de los fondos FEADER (desarrollo) y FEAGA (garantía). La cifra es todavía mayor si se incorporan parte de los fondos Next Generation creados tras la pandemia para apuntalar la transformación y resiliencia de determinados sectores.
En el caso de España, los pagos directos ascienden a 34.409 millones de euros para el periodo y otros 7.801 millones en ayudas para el desarrollo rural, además de la cofinanciación autonómica, un PERTE y otras partidas que elevan la inyección de fondos públicos al sector primario español hasta los 55.000 millones entre 2021 y 2027, según el cálculo de Moncloa a mediados de 2022, para repartir entre 680.000 agricultores y decenas de miles de explotaciones. Comparativamente, el agro español recibe tantas ayudas públicas directas como Alemania y más que Polonia e Italia. Menos, eso sí, que Francia, el país que impulsó la PAC en origen tras la II Guerra Mundial para incentivar la producción alimentaria en tiempos de escasez. El problema es que ahora se usa esa misma herramienta para compensar la sobreproducción, con mermas voluntarias a priori y posteriori con el objetivo de mantener la rentabilidad del sector, además de impulsar prácticas más sostenibles.
Históricamente, la PAC ha venido representando la mitad del presupuesto comunitario, que se dice pronto, pero ya nunca tendrá ese peso tan destacado. De hecho, tras la incorporación de los fondos NextGen su peso se ha diluido a un tercio del total. Desde la pandemia de 2020, el caos industrial de suministros, las tensiones migratorias, la crisis climática y, sobre todo, los conflictos como la invasión de Rusia sobre Ucrania han puesto el foco de Bruselas en otros campos prioritarios como la energía, la defensa, los suministros industriales y largo etcétera a resolver. La seguridad alimentaria parece garantizada por la propia capacidad de compra y atracción que supone el mercado común europeo para cualquier país productor.
La gran pregunta que deben hacerse los gobiernos es si quieren seguir manteniendo la PAC como una política de rentas que discapacita la modernización agrícola o, por el contrario, se debe reconvertir hacia un instrumento de inversión que transforme. Reinventarse o morir. A las puertas de otra ola expansiva de la UE hacia el Este, con Ucrania llamando a las puertas de la adhesión y Turquía en la eterna sala de espera, la PAC como escudo exterior está cambiando su rol hacia las fronteras internas y las compensación de unos países frente a otros. La enésima campaña francesa contra los productos españoles solo esconde una guerra de poder por la próxima revisión de la PAC. ¿Habrá más comensales la misma tarta? El ministro del área, Luis Planas, ha cambiado el tono cordial y conciliador para mostrarse a la defensiva ante la que le espera en Bruselas muy pronto.
Arañar más subvenciones o evitar contribuir más al fondo común, lo cierto es que el Gobierno nombrado por Emmanuel Macron ha abierto la caja de los truenos al invocar "la excepción francesa". El bisoño e inexperto primer ministro Gabriel Attal se ha rendido a los falsos argumentos de sus agricultores (uso de fertilizantes prohibidos en España, exportaciones desde Marruecos camufladas con el sello español...) entre bulos, juego sucio y chovinismo. En Berlín, donde los motores de los tractores llevan bramando desde el año pasado contra el Ejecutivo de Olaf Scholz, se saben los números desde hace tiempo. Es un hecho que el agro alemán es el más infrafinanciado si tenemos en cuenta su tamaño y aportación al bote comunitario.
Mientras tanto, el Gobierno de Pedro Sánchez sigue centrado en cuestiones críticas para su supervivencia política como la ley de amnistía al procès. Ni siquiera la sequía extrema en Cataluña le ha sacado del carril ideológico cada vez más estrecho y con baches por el que está conduciendo en esta legislatura. Solo el 'debate tomatero' iniciado por la política socialista francesa Segolene Royal, aliada cercana al PSOE de Zapatero en el pasado, le ha llevado a involucrarse en una crisis en la que cientos de camioneros españoles se han visto atrapados en las carreteras francesas, otros tantos agricultores han visto sus productos tirados en el asfalto galo y otras tantas pymes rezan por cumplir con los envíos a sus clientes europeos.
