Competencia: Nuevos aires en el vigía de los mercados

El nombramiento de la abogada Cani Fernández como presidenta de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) ha llevado nuevos aires al organismo que nació en 2013 de la unificación de los organismos reguladores con la autoridad de competencia. Una de las primeras decisiones de Fernández, persona de confianza de la vicepresidenta económica Nadia Calviño, ha sido cubrir las vacantes en puestos clave mediante concurso público. Es una buena noticia. La Comisión tiene como tarea fundamental preservar el buen funcionamiento de los mercados en beneficio de los consumidores y de las empresas. En ese fin, la independencia de sus altos cargos es clave.

El instituto de Estudios Económicos (IEE) resumió la cuestión en un buen informe titulado “Las buenas prácticas regulatorias” publicado hace un año. "Resulta fundamental que el regulador genere y transmita credibilidad" apuntaba el documento. "Sólo a través de una adecuada participación de los sectores afectados por un cambio normativo” añadía “se pueden evitar supuestos en que la normativa resulte en litigiosidad que, a la larga, pueda tener efectos adversos para la Administración". La convocatoria de concursos con publicidad para elegir los interlocutores de empresas y sectores en el regulador va en esa dirección.

No siempre fue así. En los seis años de José María Marín al frente de la CNMC, algunos de los nombramientos clave se realizaron por el método más tradicional, el dedo. Oficialmente, por motivos de urgencia y para no paralizar la actividad del regulador. Una cuestión polémica que provocó choques en el consejo de la Comisión. Fernández quiere remozar la fachada del organismo y dejar atrás polémicas que caracterizaron la etapa anterior. Algunos de los episodios más turbulentos se dieron, precisamente, en el área de Energía del organismo que ahora se va a cubrir por concurso. 

El paso hacia la transparencia en los nombramientos es obligado y sano, pero no suficiente.

El paso hacia la mayor transparencia en los nombramientos es obligado y sano, pero no es suficiente. Corre el riesgo de quedarse en un simple gesto. Los críticos argumentan, con razón, que si se convocan concursos públicos para elegir entre varios candidatos, pero sólo se conoce el ganador último, será difícil saber si la elección fue por méritos o por las razones habituales, como la pertenencia una determinada élite funcionarial, lo que puede ser un borrón en el objetivo de elegir por capacidad técnica e independencia.

Las autoridadesde competencia, de regulación y de supervisión forman la médula de cualquier Estado moderno y bien gobernado, pero la agrupación de supervisores y la división de la CNMC en dos salas, a menudo enfrentadas, no ha sido eficaz. Había advertencias sobradas sobre lo que podía pasar. Uno de los organismos engullidos en la CNMC, la Comisión Nacional de la Competencia (CNC), elaboró un informe sobre el proyecto de Real Decreto del Estatuto Orgánico del nuevo supervisor en el que advirtió que podía provocar perjuicios a la seguridad jurídica. Entre otras cosas, Competencia cuestionaba que se alcanzaran las sinergias estimadas y alertaba sobre un "incomprensible sistema de informes preceptivos" entre las salas de supervisión y de regulación que podía poner en peligro “la aplicación de la Ley de Defensa de la Competencia". Fue, más que una advertencia, un augurio.

Los nuevos aires en la CNMC llegan a tiempo. La crisis económica desatada por la Covid 19 y los gigantescos planes de reconstrucción que se anuncian para superarla van a ser un reto para los supervisores de los mercados, agitados por planes ingentes de inversión, canalizados por los grandes fondos de inversión y armados por los grandes grupos de asesoría y consultoría. Las grandes compañías ofrecen a los Gobiernos planes de colaboración en proyectos de asociación público-privados (APPs) para invertir el dinero dispuesto por la Comisión Europea. La labor de policía de control de Competencia es más necesaria que nunca.

La crisis y los planes de reconstrucción que se anuncian para superarla van a ser un reto para los supervisores.

Basta recordar que en 2018, el Tribunal de Cuentas Europeo analizó una docena de proyectos (APPs) cofinanciados por la UE en diferentes ámbitos y concluyó que la distribución de riesgos entre los socios públicos y privados fue por lo general "inadecuada, incoherente e ineficaz". No hay que ir lejos para ver las consecuencias del mal uso. Portugal recurrió a los contratos de asociación con entusiasmo desde la década de los 90. Acabó como uno de los países más endeudados de la zona euro y en rescate y el programa de ajuste acordado con la Troika en 2011 dedicó un capítulo especial a los contratos de asociación, para renegociar los existentes y prohibir la firma de nuevos.

España también conoce las consecuencias de las alianzas mal planteadas. Las concesiones de autopistas o el proyecto fallido del almacén de gas Castor son ejemplos de cómo el dinero público ha cubierto riesgos y ha proporcionado beneficios a empresas poco acostumbradas a trabajar sin red. Todo a cuenta del contribuyente. La colaboración público-privada puede estar justificada y beneficiar a todas las partes, pero necesita transparencia y rendición de cuentas. En esa tarea, el papel de la CNMC para controlar los mercados es vital. Pero necesita todavía más aire fresco para cumplir bien su función.