El nueve de octubre de 1992, hace una generación, 500 trabajadores de Altos Hornos de Vizcaya (AHV) y 250 empleados asturianos de Ensidesa iniciaron una marcha a Madrid desde Bilbao y Oviedo. Se bautizó como la marcha de hierro. Protestaban para exigir al Gobierno de Felipe González y al entonces ministro de Industria, Claudio Aranzadi, la modificación del plan de competitividad de la siderurgia que había diseñado la Corporación de la Siderurgia Integral, con una reducción de 900.000 toneladas de capacidad instalada y una disminución en las plantillas de 6.400 puestos de trabajo.
Un cuarto de siglo después, aquella generación, diezmada pero dura, se ha puesto de nuevo en marcha para defender el derecho a una jubilación digna. No es casualidad que el movimiento de defensa de las pensiones, con concentraciones de miles de personas cada lunes desde hace más de dos años, haya tenido y tenga su epicentro en Bilbao. Se mueven quienes se movieron. La marcha del 92 duró 18 días y obtuvo resultados. No hubo luz verde para aquel plan de ajuste duro, se alcanzó un acuerdo en las coberturas sociolaborales de los excedentes y la siderurgia se mantuvo como parte importante del tejido industrial del país durante muchos años más.
Los jubilados no lo tienen más fácil que entonces. Reclaman que la pensión mínima se fije en 1.080 euros. La media de las pensiones públicas -contributivas y no contributivas- no llega a los 1.000 (993 ) pese a la subida aprobada por el Gobierno de Pedro Sánchez. La reclamación tiene todo el sentido. La gestora de fondos del banco francés de inversiones Natixis elabora cada año un índice que mide la calidad de la jubilación en más de 40 países desarrollados. Para elaborarlo tiene en cuenta, entre otros factores el bienestar material -relacionado con la cuantía de la pensión-, la calidad financiera la salud y la calidad de vida. España no queda muy bien en el estudio. Ocupa el puesto 31 de un total de 44 países. En Europa, sólo están en peor situación los jubilados de Chipre, Lituania, Letonia y Grecia.
Los jubilados lo saben. Es difícil engañar a quien depende de una pensión, pero es relativamente sencillo desgastar sus argumentos. Los más atacados son los más activos en la pelea: los pensionistas vascos. El gran argumento en su contra es que cobran pensiones –por las que cotizaron en su día- muy por encima de la media (1.440 euros). El afán de desgaste es tanto que se ha llegado al esperpento de presentar a los pensionistas como privilegiados, sujetos con ingresos seguros en una sociedad cada vez más precaria. Quienes así atacan, olvidan que el país no estalló en lo peor de la crisis precisamente por el esfuerzo de los pensionistas.
La lupa está desenfocada. Los datos muestran que, efectivamente, la situación de los jubilados ha mejorado mucho. En 2005, señalan expertos como Antonio González, uno de cada cuatro pensionistas estaba bajo el umbral de la pobreza. Una tasa de las más altas de Europa. Entre 2005 y 2010 hubo subidas significativas de las pensiones y la tasa de pobreza se redujo. Luego llegó la crisis. Y el espejismo. Como el conjunto de la sociedad empeoró, el colectivo de pensionistas dio un salto estadístico a mejor. Estadístico.
Las protestas de Bilbao o Madrid son un aldabonazo. El camino hacia la capital lo harán decenas y no centenares de personas. Ya no hay marchas de hierro. Pero aún queda brío. El 16 de octubre, los jubilados se concentrarán con grupos procedentes de toda España para defender unas pensiones "públicas y dignas". Está previsto que se reúnan ante el Congreso 300 plataformas de pensionistas. Será el 16 de octubre, a pocas semanas de la nueva cita electoral de noviembre y con reproches para todos los partidos y especialmente para las dos formaciones –PSOE y PP- que han decidido sobre pensiones en los últimos años.
El PP carga en el debe con la reforma de las pensiones del año 2013, unilateral, con sus únicos votos y aprobada al margen de las recomendaciones del Pacto de Toledo en el que participaba el propio partido. También hay reproches para el PSOE. El principal: no haber derogado la reforma del PP para que, gobierne quien gobierne en el futuro, nunca más puedan aplicarse el índice de revalorización de las pensiones (IRP) y el factor de sostenibilidad previsto para 2023 que recorta el poder adquisitivo de los pensionistas. A favor del colectivo de jubilados cuentan dos factores: la proximidad de las elecciones y su número. No se pueden ignorar a las demandas de la cuarta parte de los ciudadanos con derecho a voto. O quizá sí.
Hemos bloqueado los comentarios de este contenido. Sólo se mostrarán los mensajes moderados hasta ahora, pero no se podrán redactar nuevos comentarios.
Consulta los casos en los que lainformacion.com restringirá la posibilidad de dejar comentarios