Un presunto miembro de una banda dedicada al narcotráfico es detenido. El juez le impone una fianza de 250.000 euros a la espera de juicio. El acusado paga rápidamente y esto hace saltar las alarmas de la policía: el origen del dinero es desconocido y resulta sospechoso, es posible que proceda de actividades ilícitas. Los agentes indagan y la historia se salda con siete detenidos más… Podría sonar a sinopsis de una serie de Netflix, pero es un caso real que ha tenido lugar hace escasos días en la localidad gaditana de La Línea de la Concepción. Un ejemplo ilustrativo que explica a la perfección cómo funciona el blanqueo de capitales y por qué Europa lo considera un problema de primer orden.
No es casualidad que en los últimos meses el tema de la lucha contra el lavado de activos esté ocupando un lugar destacado en la agenda pública y mediática. Los titulares sobre fraude, dinero negro y mafias internacionales se multiplican, mientras las instituciones comunitarias se afanan en tratar de potenciar sus armas contra uno de los mayores males de nuestro tiempo. Nuestro país, sin ir más lejos, ha sido noticia estos días por su candidatura a albergar la nueva Autoridad Europea de lucha contra el Blanqueo de Capitales (AMLA).
Y pese a que Madrid no fue finalmente la ciudad elegida para ello, no cabe duda de que España es una referencia mundial en materia antiblanqueo. Somos ejemplo de compromiso, inteligencia financiera y también de coordinación público-privada en la lucha contra un delito especialmente dañino, debido a que de él surgen otros muchos más: financiación del terrorismo, tráfico de personas, cárteles de la droga y crimen organizado en general.
En esa ardua tarea del Estado, los registradores aportamos nuestro particular granito de arena. El Centro Registral Antiblanqueo (CRAB) representa la clara expresión de nuestro compromiso de cooperación con las autoridades judiciales, policiales y administrativas en la prevención y represión de este tipo de actividades.
No obstante, otra de nuestras herramientas más valiosas es el Registro de Titularidades Reales, más conocido como el RETIR, que cambió el modo de luchar contra el blanqueo de capitales y con el que se estableció la obligación de declarar la identidad de los verdaderos titulares de las sociedades mercantiles.
El valor del componente empresarial en el proceso de identificar el dinero proveniente del crimen organizado es clave. Las mafias acostumbran a hacer circular los fondos obtenidos ilícitamente a través de sociedades fantasma, entidades bancarias o empresas intermediarias, con el fin de incorporarlos al sistema legal sin que despierten sospechas. Una sofisticada ingeniería de blanqueo que en nuestro país, afortunadamente, cada vez resulta más complicada.
El RETIR, en este sentido, funciona como un registro público totalmente electrónico controlado por los registradores. A través del mismo, los administradores de las empresas realizan el depósito de cuentas anuales de sus respectivas sociedades, declarando información que posteriormente es filtrada, analizada y, en su caso, facilitada a las autoridades encargadas de la lucha contra el blanqueo o de la prevención de actividades relacionadas con la financiación del terrorismo. Su información, además, es totalmente compatible con ficheros de otras entidades como el Servicio Ejecutivo para la Prevención del Blanqueo de Capitales (SEPBLAC), lo que facilita la coordinación y la obtención de resultados.
La eficacia del RETIR ha llegado incluso a llamar la atención de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) —máximo organismo continental en la materia—, que el pasado mes de julio quiso suscribir un convenio con los Registradores de España con el fin de poder acceder a la herramienta para desarrollar sus investigaciones oficiales. Un sistema pionero que despierta admiración internacional, que no ha implicado coste alguno para el erario público y que, además, consolida a nuestro país en una posición de vanguardia en la batalla contra el blanqueo.
El 'expertise' nacional en la materia nos ha llevado incluso a anticiparnos a casos particulares que requieren de una atención singular. Un ejemplo es el llamado ‘Plan Especial Campo de Gibraltar’, que involucra a diferentes sujetos públicos y privados –entre ellos los registradores– en la detección del fenómeno del narcotráfico en una zona azotada por las mafias de forma preocupante. Su teórico enfoque local esconde en realidad un objetivo común más elevado en beneficio de la ciudadanía. Porque el blanqueo de capitales, a fin de cuentas, actúa como una enfermedad letal y silenciosa que se ramifica a la velocidad de la luz. Y nos daña a todos sin hacer excepciones, aunque a menudo ni siquiera reparemos en ello.
