El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, se ha convertido en el gran controlador de las cuentas de la Generalitat catalana antes y después de la aplicación del artículo 155; sobre todo en lo que respecta a la gestión de cada gasto de su presupuesto, como a la organización y movilidad del personal al servicio de las instituciones públicas dependientes del ‘Govern’. Hasta tal punto llega ese celo por tenerlo todo medido y ajustado que dentro de las últimas obligaciones marcadas por el Ministerio se encuentra la obligación de enviar un informe con “los servicios y medios” a los que tuvieran derecho cada uno de los altos cargos y asesores cesados hasta el momento por formar parte del anterior Govern, bajo las órdenes de Carles Puigdemont o de alguno de sus consejeros.
La instrucción, aprobada el jueves pasado, realiza incluso un exhaustivo repaso de hasta quince puntos concretos con todo lo que considera que se debe incluir en el informe, con el objetivo de conocer con detalle “todas las actuaciones con implicaciones económicas o financieras que realizaban” los 314 exaltos cargos y asesores que han sido cesados hasta el momento tras la aplicación del 155 y el cese de todos los anteriores ‘consellers’ de la Generalitat.
Del lado de los “medios” que los exaltos cargos disfrutaban, en el informe a realizar se debe señalar desde el disfrute de coche o de residencia oficial, hasta el uso de tarjetas y cuentas bancarias para gastos de protocolo y representación. En lo que respecta a los “servicios” a los que tenían derecho, desde Hacienda quieren revisar los accesos a carpetas de red y aplicaciones de gestión de la Generalitat, certificados digitales, la utilización de puestos de trabajo virtuales, cuenta de correo electrónico, líneas de voz y datos, teléfonos móviles, ordenadores, tablets… E incluso las tarjetas de acceso a edificios o inmuebles que puedan tener.
El último de los puntos de control que marca la instrucción de Montoro exige el "cierre de las cuentas oficiales corporativas de Instagram y de Twitter y cualquier otra red social del Presidente de la Generalitat y de los miembros de su Gobierno cesados, y del resto de autoridades y órganos afectados por los ceses y supresiones acordadas".
De plazo hasta el día 30
Previamente a eso, Montoro también quiere tener en su poder el listado completo de los 314 cargos cesados. El ministro dio a la Dirección General de Presupuestos de la Generalitat un plazo “de diez días hábiles”, esto es, hasta el próximo jueves 30 de noviembre, para presentar la relación. Una información en la que exige que se incluya información “de manera individualizada” para cada uno de los cesados. Y que del mismo modo también contenga, en el caso de los altos cargos, la cuantía de las indemnizaciones que corresponda.
Una vez se haya finalizado el informe, Montoro reclama la realización de una copia de seguridad completa en la que estén detallados “todos los datos existentes” de cada uno de los órganos y cargos. En este ‘back up’ que deberá elaborar el Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información se contemplará todo lo referente a cuentas profesionales individuales, unidades y órganos. Después se procederá a dar de baja a todos los servicios de comunicaciones de datos y voz asociados.
Para rematar el ejercicio de control exhaustivo sobre las cuentas de la Generalitat, Montoro exige que se le informe con detalle de todo lo que suceda con el fin de impedir que los exaltos cargos catalanes puedan recibir algún tipo de indemnización por haberles sido retirados esta serie de dietas, bienes y servicios derivados de su actividad.
Control total
La instrucción en la que se contempla este control sobre los medios y servicios que tenían los ex altos cargos de la Generalitat, dictada con fecha 16 de noviembre, se acompañó de una orden más con los pasos concretos para llevar a cabo la ejecución presupuestaria y el cierre del ejercicio en las cuentas de la Generalitat. El procedimiento es el habitual en la gestión que se lleva a cabo en el resto de las administraciones, con la obligación de pagar todas las nóminas de los funcionarios en diciembre y un plazo de dos meses más (enero y febrero) para consolidar los datos de los pagos y cobros pendientes de proveedores y organismos.
Junto a todo ello, desde Hacienda se realizó otra instrucción adicional con los pasos a dar, desde el mismo Ministerio, para realizar la gestión del personal en el seno del las consejerías y los organismos dependientes de la Generalitat. Altas, bajas, sustituciones, reposición de puestos por jubilación, etc. Con esta instrucción y las dos anteriores, Montoro cierra al máximo el control de todas las cuentas y las acciones administrativas con implicaciones económicas que se realizan en el ejecutivo autonómico catalán.
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