La coalición independentista formada por Junts per Catalunya, ERC y la CUP que, con toda probabilidad, repetirá al frente del Gobierno de la Generalitat ha puesto en marcha seis nuevos impuestos de ámbito autonómico solo en el último año. Y esto pese a que Cataluña era ya la autonomía donde las rentas medias y bajas soportaban una mayor presión fiscal en 2016. Es la comunidad que cuenta con más impuestos propios de todo el Estado, casi cuatro veces más que Madrid y siete veces más que Castilla-La Mancha, y la que tiene los tipos más altos en el resto de figuras.
Los socios de la CUP serían los que, como ha venido sucediendo hasta ahora, más problemas pondrían a la hora de aplicar futuras rebajas fiscales. A esto se suma dos importantes problemas de fondo: una parte de los nuevos tributos catalanes ha llegado a invadir competencias estatales, mientras que otros han estado rodeados de no pocas polémicas. Es el caso del impuesto a las bebidas azucaradas (aprobado a comienzos de año y que está en vigor desde mayo), un tributo que levantó ampollas entre fabricantes y distribuidores.
A éste se suma el impuesto sobre los activos no productivos de personas jurídicas, el referido a las emisiones de dióxido de carbono de los vehículos de tracción mecánica, y el de elementos radiotóxicos, que entrará en vigor el próximo 1 de enero.
La modificación de la Ley Catalana de Cambio Climático dio lugar a otros dos nuevos impuestos autonómicos: uno sobre las actividades económicas que generan dióxido de carbono, con la idea de que entre en vigor en 2019, y el segundo sobre las emisiones portuarias de grandes barcos. Por último y, dentro del Anteproyecto de ley de ordenación del litoral, se crea la figura del canon de explotación de actividad, con un tipo impositivo del 3% sobre los beneficios netos anuales.
Y ¿qué pasa con los tributos cedidos? En este punto, la coalición secesionista los ha mantenido entre los más altos a nivel estatal y eso pese a que en el caso concreto del IRPF (el impuesto que más recauda) la Generalitat podría haber aprovechado la rebaja de tipos aplicada desde 2015 por el Gobierno Central para hacer concesiones a las rentas medias y bajas, tal y como han hecho el resto de ejecutivos autonómicos. No ha sido así y esto supone que los trabajadores catalanes que ganan entre 12.000 y 35.000 euros brutos al año sean los que más impuestos pagan de toda España.
En el caso de Patrimonio, Cataluña es la que tiene los tipos más altos junto a Extremadura y Aragón; además, su mínimo exento es el segundo más bajo. Esta situación, frente a la de otros territorios como Madrid, que lo tienen bonificado, ha dado lugar a un movimiento importante de grandes contribuyentes hacia la autonomía gobernada por Cristina Cifuentes o hacia la Comunidad Valenciana -es lo que algunas regiones han dado en llamar dumping fiscal-.
ERC y la CUP apuestan ahora por elevar la tasa turística
En su programa electoral, ERC se ha mostrado partidaria de ampliar la tasa turística que la autonomía cobra actualmente a los viajeros como “un factor regulador de la capacidad de carga en determinados productos, servicios y territorios, así como para la financiación de la inversión en el fomento y mejora de productos, servicios y espacios turísticos”. Por su parte, la CUP se planeta convertirla en una "herramienta de resdistribución".
Y mientras la comunidad se sitúa en la media nacional en lo que a Sucesiones y Donaciones se refiere, no sucede lo mismo en el caso del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, puesto que fue uno de los primeros ejecutivos autonómicos en subir los tipos impositivos que sitúa ya entre los más elevados.
Desde la patronal Foment del Treball advertían recientemente de que la política tributaria de la Generalitat es "contraproducente" para la actividad económica de la autonomía. Con unos impuestos elevados y un marco normativo imprevisible Cataluña no fomenta ni la captación, ni la retención del talento y la inversión, lo que afecta directamente al empleo.
"La contradicción de los tributos propios con los impuestos estatales se deriva en un constante conflicto institucional entre las administraciones, con necesidad de la intervención del Tribunal Constitucional", apuntan. Es lo que ha sucedido con el canon digital o con el impuesto sobre las grandes superficies.
Hemos bloqueado los comentarios de este contenido. Sólo se mostrarán los mensajes moderados hasta ahora, pero no se podrán redactar nuevos comentarios.
Consulta los casos en los que lainformacion.com restringirá la posibilidad de dejar comentarios