El juez de la Audiencia Nacional Diego de Egea no ve delito en la actuación de dos altos cargos de Indra que contrataron, por indicación expresa de la Comunidad de Madrid, con una de las empresas del conseguidor de la trama 'Púnica', Alejandro de Pedro. Por ello, el magistrado considera que no existen motivos suficientes para acusarles de cómplices de los hechos y archiva la causa para estos dos investigados.
Así pues, ni el director de sistemas de Indra, Diego Mora, ni Cristina Bombín, gerente senior en el momento de los hechos, tienen responsabilidad penal en la firma de un contrato de 150.000 euros con Eico porque pudieron entender que se trataba de completar un servicio que se estaba prestando desde Indra a la Agencia de Informática y Comunicación de la Comunidad de Madrid (ICM).
Ahora bien, el magistrado de refuerzo del Juzgado Central de Instrucción número 6 sí reconoce, en dos autos a los que ha tenido acceso La Información, que ambos participaron “en algún modo” en la consecución de este acuerdo con la empresa del experto de reputación 'online', pese a que se trató de un servicio que, en realidad, no se había prestado.
Al respecto, en su declaración en sede judicial el pasado 16 de julio, Mora explicó que en el año 2011, bajo la presidencia de Esperanza Aguirre en el gobierno regional, se les trasladó desde ICM que había que contratar con Eico para tareas como “medir el impacto que tenía en redes la publicación de contenidos de la Comunidad de Madrid”.
Sin embargo, expuso que se trataban de “labores puramente administrativas” que no controlaba él mismo. De hecho, hasta “recibió el encargo” desde la ICM de establecer la cuantía del contrato en un rango de entre 10.000 y 12.000 euros, según el audio de su declaración al que ha tenido acceso La Información.
No fue para sufragar campañas electorales
El hasta ahora investigado aseveró que “jamás” tuvieron responsabilidad en ningún procedimiento electoral, ante la insistencia de las fiscales Anticorrupción que investigan si se inflaron contratos públicos por orden del ejecutivo regional para sufragar de manera ilegal la campaña electoral del PP madrileño en las elecciones autonómicas de 2011.
Los investigadores también intentan dilucidar si esas facturas ficticias escondían pagos que adeudaba la Comunidad de Madrid con este informático, por trabajos de mejora de imagen de miembros del gobierno regional como Alfredo Prada (Justicia), Manuel Lamela (Infraestructuras) o Lucía (Figar), según apuntaron otros acusados en sus declaraciones ante el juez.
En lo que respecta a la contratación, Mora aseguró que él, en calidad de apoderado de la multinacional, tenía la facultad de aprobar las firmas aunque la normativa establece que al menos sean dos directivos los que den el visto bueno a la operación. Para casos en los que la cuantía supera el millón de euros, se requiere el beneplácito del comité de ofertas.
Preguntaron por el concepto de la factura
Misma versión defendió Bombín en su declaración ante el juez, al explicar que se designó a tres personas de la compañía para que velaran por el correcto cumplimiento de los acuerdos suscritos con ICM, y por tanto, con la empresa del conseguidor de la red. “Nosotros comprobábamos el cumplimiento pero quien estudiaba el día a día era el cliente final”, dijo a preguntas del Ministerio Fiscal.
“Yo dije que se nos había trasladado que era una necesidad... pero no una imposición”, expuso la directiva, que desmintió que supiera que eran facturas falsas. "Para nada, no tenía ni idea de eso”, añadió cuando la fiscal, en pleno interrogatorio, le leyó un correo electrónico de una subordinada en el que preguntaba a De Pedro que le dijera el concepto exacto para poner en el cargo.
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