En términos absolutos, las comunidades con los alquileres más caros fueron Madrid (1.583 euros al mes), Cataluña (1.342 euros) y Baleares (1.292 euros).
En la zona más selecta que va de Cibeles a las Cuatro Torres los precios caen un 6,1%, ya que gran parte de los contratos de alquiler se han firmado en edificios con rentas por debajo de la media de la zona.
"Una sociedad es más resiliente cuando cuenta con un parque de vivienda de alquiler social o asequible que permita, ante un shock, dar respuesta a los grupos más vulnerables", dice el Ejecutivo.
Ambas formaciones siguen sin avanzar sobre la regulación de los precios del alquiler en las denominadas zonas tensionadas.
El precio aumentó en un 8,4% en 2020, según el Índice de Precios publicado por el Instituto Nacional de Estadística (INE), tan solo 1,2 puntos menos que en 2019.
El todavía vicepresidente segundo del Gobierno asegura que un gobierno "es de izquierdas cuando cumple los compromisos firmados". Dice que no tomar esta medida es "faltar el respeto a los ciudadanos".
Dicha propuesta contendría las medidas fiscales que proponen los socialistas para incentivar la oferta de vivienda en alquiler y bajar las rentas en las zonas tensionadas.
Asegura que espera definir una propuesta para ir "aterrizando" la regulación del alquiler, una medida que hasta ahora había rechazado pese a estar contemplada en varios acuerdos con su socio de coalición.
La secretaria de Estado Ione Bellarra, que negocia con el sector socialista del Ejecutivo la nueva normativa, ha dicho ser consciente de que a parte de los socialistas no les gusta la regulación del precio.
La cuestión de la regulación del precio del alquiler no avanza y los 'morados' reclaman otra vez una propuesta definida.
Ha apuntado que la coalición y el Gobierno es un terreno de "combate político", algo que hay que normalizar porque las dos formaciones que componen el Ejecutivo representan "intereses diferentes".
Los ocupados que cobran el salario mínimo interprofesional no tienen capacidad para alquilar un piso en ninguna provincia de España, en base a los precios que marca el sistema estatal de índices de referencia.
La coalición atraviesa uno de sus momentos más delicados después de que Fomento haya puesto en duda que se cumplirá el acuerdo adjunto a los Presupuestos. Sánchez e Iglesias decidirán el contenido final.
Los socios de Gobierno no se han puesto de acuerdo en puntos clave como la regulación de los precios del alquiler, los cambios en materia de desahucios y el trato hacia grandes tenedores.
El partido morado también censura que rechaza sin alternativas las obligaciones a los grandes propietarios o el impuesto a la vivienda vacía.
Según el director de Estudios de Pisos.com, Ferran Font, el precio del alquiler continúa su tendencia a la baja que ya se intuía a principios del año pasado y que se ha intensificado a lo largo de la pandemia.
El ministro destaca que se trata de una colección privada que esta valorada en 14 millones y que se ha conseguido un acuerdo por 6, 5 millones para que permanezca en nuestro país década y media más.
A su vez, la secretaria de Estado para la Agenda 2030, Ione Belarra, ha pedido que se tome "buena nota" de este pronunciamiento a nivel europeo con vistas a presentar una norma "ambiciosa".
La medida afectaría tanto a grandes tenedores de vivienda como a particulares. Unidas Podemos no apoya esta política, ya que avisa de que no ha funcionado en Portugal.
Los expertos señalan que los ciudadanos han comenzado a destinar menos presupuesto para alquilar una vivienda, posiblemente porque están empezando a ver cómo los precios están cayendo en estas ciudades.
El PSOE apuesta por adaptar en la Ley de Vivienda el modelo de incentivos fiscales a propietarios que aplica Portugal y Unidas Podemos prefiere un impuesto a pisos vacíos o forzar a los bancos a alquilarlos.
La secretaria de Estado para la Agenda 2030, Ione Belarra, fija la postura de la formación morada de centrarse en obligar de algún modo a los grandes tenedores de inmuebles a ponerlos en el mercado.
La Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios ha dado luz verde a la norma que prohibirá los lanzamientos sin alternativa habitacional. Afecta a pequeños propietarios, banca y fondos de inversión.
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