Tribunales

'Riders' y taxistas se querellan contra Uber Eats por "posible organización criminal"

Élite Taxi, RidersxDerechos y Taxi Project denuncian a Uber Eats por un presunto delito de estafa contra los trabajadores, contra la Seguridad Social y contra la Hacienda Pública.

Tres compañías denuncian a Uber Eats por estafa ante la Audiencia Nacional
Tres compañías denuncian a Uber Eats por estafa ante la Audiencia Nacional
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Tres compañías formadas por 'riders' y taxistas han presentado una querella contra Uber Systems Spain y Portier Eats Spain, cuya marca comercial es Uber Eats,  por presunto delito de estafa contra dos instituciones públicas y contra los trabajadores. 

El escrito denuncia el giro en el modelo de la compañía, que pasó de contratar a falsos autónomos a la subcontratación temporal, después de la entrada en vigor de la Ley Rider. Se acusa a Uber Eats de lucrarse de forma ilícita al utilizar el perjuicio de los trabajadores en su beneficio. Ha sido presentado ante el Juzgado Central de Instrucción de la Audiencia Nacional debido al lucro ilícito de la compañía y la externalización fraudulenta de su actividad a diferentes empresas. 

Esta denuncia llega después de la que interpusieron 'riders' y taxistas a Glovo en septiembre de este año ante la Asociación Observatorio de Trabajo, Algoritmo y Sociedad por mantener en su plantilla a falsos autónomos después de haber sido multados en reiteradas ocasiones. 

Uber Eats acusada de posible organización criminal 

Han asegurado que estas empresas "imponen rotación e inestabilidad entre los trabajadores, aun cuando Uber Eats sigue estableciendo las condiciones y gozando de las rentas derivadas de su trabajo", y han criticado textualmente que los trabajadores afectados son altamente vulnerables.

Acuerdo de 2022

Los querellantes han recordado que la Audiencia Nacional obligó el 13 de diciembre de 2022 a Uber Eats a regularizar a 4.404 trabajadores por cuenta ajena y satisfacerles una indemnización por despido colectivo.

"En este acuerdo, Uber Eats reconoce la existencia de la conducta ilegal, de modo que, al no extenderlo al resto de las personas trabajadoras, es de ahí de donde se deriva la presunta comisión de los delitos", han añadido los querellantes.

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