La titular del Juzgado de Instrucción número 32, Rosa María Freire, conocida por dirigir la instrucción de causas mediáticas como la relativa a la destrucción de los ordenadores del extesorero del PP Luis Bárcenas -de la que la formación política salió absuelta-, será la encargada de comunicar al expresidente del Gobierno Mariano Rajoy la querella interpuesta en Andorra por la caída del banco BPA y su vinculación con la denominada 'operación Cataluña'. Una tarea que deberá realizar después de que el Ministerio de Justicia haya remitido a los juzgados competentes la comisión rogatoria librada por las autoridades andorranas, en la que se informa de que el exjefe del Ejecutivo y los exministros Jorge Fernández Díaz y Cristóbal Montoro se encuentran investigados por la justicia del Principado.
Según han informado fuentes jurídicas a La Información, la magistrada Freire, que aspiró a la Audiencia Nacional como refuerzo del juzgado que instruye macrocausas de corrupción como 'Púnica', 'Lezo' y 'Villarejo', ha sido la juez designada para actuar como auxilio judicial de Andorra por turno de reparto. Es decir, después de que el Ministerio que dirige Pilar Llop remitiera las actuaciones a los juzgados de instrucción situados en la Plaza de Castilla de la capital -ya que es el partido judicial correspondiente a la residencia de Rajoy-, el decanato repartió el asunto al órgano que en ese momento le tocaba recibir nuevos procedimientos. Mismo trámite se ha seguido con respecto al exministro del Interior Jorge Fernández Díaz, que vive en Barcelona, según señalan las mismas fuentes.
Cabe precisar que en este caso no se abre ninguna causa, sino que los magistrados instructores únicamente hacen de "correa de transmisión" de aquellas actuaciones que se siguen en la otra jurisdicción que puedan afectar directamente a los querellados. Así, en esta ocasión, simplemente se comunicará que la juez de instrucción especializada número 2 de Andorra, Stéphanie Garcia, les ha imputado por los presuntos delitos de coacciones, amenazas, extorsión y chantaje, además de un delito de falsedad documental, por presuntamente haber hecho uso de "vías ilegales" para obtener información bancaria de los expresidentes de la Generalitat Jordi Pujol y Artur Mas, así como del exvicepresidente Oriol Junqueras.
Todo ello según se expone en la comisión rogatoria que se dirige "contra Mariano Rajoy y otros", en alusión al extitular del Interior Jorge Fernández Díaz -también procesado en la Audiencia Nacional en el 'caso Villarejo' por la 'operación Kitchen' para espiar a Luis Bárcenas- y el exministro de Hacienda Cristóbal Montoro, según han detallado las fuentes consultadas. En ella también aparecen como querellados el exsecretario de Estado Francisco Martínez -propuesto juzgar junto al que fuera su jefe en el Ministerio del Interior- y el exdirector general de la Policía y exsenador del PP, Ignacio Cosidó.
Además, en la comisión rogatoria se advierte de que una vez sea notificada la querella, los expolíticos tienen 15 días para personarse en la causa -con un abogado que pueda ejercer en el país pirenaico- o se les asignará un letrado de oficio a cada uno de ellos con el fin de garantizar su derecho de defensa. Aún así, cada vez que la juez de Andorra requiera a los querellados para cualquier trámite o para tomarles declaración deberá canalizarlo a través de la juez de Madrid y su compañero de Barcelona, que a partir de ahora ejercen en funciones de auxilio judicial en relación a este asunto, explican las fuentes jurídicas.
Dos ampliaciones de querella
Los exdirigentes 'populares' se encuentran investigados a raíz de una segunda ampliación de querella presentada por las entidades Juristes Drets y l'Institut de Drets Humans d'Andorra (Idha), que fue admitida a trámite por la juez Garcia en mayo 2020. Las asociaciones atribuyen a Rajoy y Montoro la supuesta intimidación al jefe de Gobierno andorrano de la época, Antoni Martí, y a tres de sus ministros, durante una visita oficial al Principado el 8 de enero de 2015, para que intervinieran y liquidaran la Banca Privada d'Andorra (BPA). También se les acusa de haber enviado información "falsa" al FinCEN (Financial Crimes Enforcement Network), dependiente del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, para la emisión de una alerta sobre blanqueo de capitales contra la entidad, que habría provocado la desaparición del banco el 10 de marzo de 2015.
En cuanto a Fernández Díaz, Martínez y Cosidó, los querellantes se dirigen contra ellos por ser los superiores de los agentes policiales que llevaron a cabo lo que se bautizó como 'operación Cataluña'. La acusación -en la que también participan el presidente de BPA, Higini Cierco, y el CEO de la entidad, Joan Pau Miquel- comenzó dirigiéndose contra el inspector agregado en la Embajada española de Andorra, Celestino Barroso Sánchez, y el exjefe de la Unidad de Asuntos Internos (UAI) Marcelino Martín Blas. Según indicaron, fueron estos los que presuntamente coaccionaron y extorsionaron a los dirigentes del banco para conseguir datos de las cuentas bancarias que tendrían en la entidad la familia Pujol, Mas y Junqueras.
No obstante, tiempo después la querella se amplió a otros dos miembros de lo que se denominó como 'policía patriótica', el exdirector adjunto operativo (Dao) de la Policía Nacional Eugenio Pino, por ser el superior de los dos inspectores antes mencionados, y al inspector jefe Bonifacio Díez Sevillano. Estos dos últimos se han negado a declarar ante la juez de Andorra.
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