Representantes culturales piden que se acepten las enmiendas a la LPI

Madrid, 6 oct.- Arreglar la Ley de Propiedad Intelectual "es tan fácil" como aceptar las enmiendas que se han presentado a esta reforma, que se votará en el Senado el próximo 14 de octubre, en opinión de los artistas, autores, editores y productores, que integran la asociación Adepi.

La tramitación de esta ley, que tiene la oposición de todos los sectores de creación, ha provocado movilizaciones por parte de las asociaciones, que tienen previsto continuar.

Antonio Guisasola, presidente de Adepi, calificó de "desolador" el panorama en el sector cultural que se refleja en el anuario de la SGAE con importantes descensos en todos los sectores culturales.

En su opinión, el sector necesita del Gobierno unas políticas de apoyo: "No pedimos subvenciones sino un marco jurídico adecuado. La respuesta ha sido la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual, que es regresiva y destructiva".

Las iniciativas de la industria cultural "se han querido presentar como una guerra contra el Ministerio de Cultura y no lo son", señaló Guisasola y lamentó que "se castigue a un colectivo promotor de la cultura, alejándonos de los modelos de Europa", ya que la ley que se quiere aprobar "no cumple con la normativa europea y tiene difícil encaje en las directivas comunitarias".

El presidente de Adepi insistió en que no ha habido un debate con los afectados con los que se han celebrado "muchas reuniones pero poco diálogo. Nosotros hemos hecho los deberes y los grupos políticos también".

Denunció la posición inmovilista del Gobierno, que "impone propuestas a espaldas del sector", mientras que los "lobbies" hoteleros y tecnológicos deben "estar muy contentos", ya que Cultura ha claudicado ante estos sectores "y tratan de explicar lo inexplicable".

Enrique Cerezo, presidente de la Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales (Egeda), recordó que a su llegada al Gobierno, José María Lassalle había anunciado la guerra a la piratería y defendido una ley de mecenazgo, pero "no se ha avanzado nada".

El presidente de Egeda reclamó que "el cine financie al cine" y que "se luche de forma especial contra la piratería. El cine y la cultura aportan al Estado mucho más de lo que reciben de él".

En su opinión "no se politizan los mensajes", sino que se plantean cosas serias, y el objetivo debe ser "contribuir al crecimiento económico de España", lo que cuestionó mirando las cifras de los presupuestos de Cultura, "que suponen el retorno a cifras de hace quince años".

El "gran mal", que es la piratería, "sigue aumentando", con más de tres millones de descargas ilegales el pasado año. Como propuestas para luchar contra ella, Cerezo reclamó, entre otras medidas, el bloqueo de los contenidos ilegales y la creación de una fiscalía especializada.

Sobre el canon, señaló que "los únicos beneficiados son las multinacionales tecnológicas" y consideró que en el tema de la copia privada es injusto que en un Estado "con una crisis tan grande se permita pagar una cantidad, en vez de aplicar que fabricantes e importadores paguen el porcentaje de la copia privada".

En términos similares se expresó Fernando Marín, vicepresidente de la asociación Artistas Intérpretes, Sociedad de Gestión (Aisge), quien denunció "la situación insostenible" de la cultura en España.

Calificó la ley de innecesaria y de coartada, con la que crece la inseguridad jurídica que solo favorece a las grandes multinacionales, "mientras empobrece a los creadores y castiga nuestra expansión cultural".

Por ello, "si el Gobierno es incapaz de arreglar el tema de la ley, nos veremos en situaciones complicadas para seguir funcionando".

Pedro de Andrés, presidente de Cedro (Centro Español de Derechos Reprográficos), calificó la piratería como "un robo de una propiedad, un delito que debe ser perseguible", y consideró que en la ley no se ha hecho caso de las recomendaciones del Consejo de Estado ni del Tribunal de Justicia Europeo. "Una ley que no es ágil es prácticamente inoperante".