Por la expropiación de viviendas

La Asociación de Propietarios denuncia el ataque a la propiedad privada balear

El Gobierno balear inició este martes el proceso de expropiación de uso de 56 viviendas vacías de grandes tenedores durante 7 años para destinarlas a alquiler social.

Expropiación baleares
La Asociación de Propietarios denuncia el ataque a la propiedad privada balear.
EUROPA PRESS

La Asociación de Propietarios de Vivienda en Alquiler (Asval) ha asegurado que la expropiación de viviendas por parte del gobierno balear supone un ataque al derecho a la propiedad privada recogido en la Constitución que erosionará la imagen de España con una medida ineficaz que reducirá la oferta. La asociación, representante mayoritaria de los propietarios de vivienda en alquiler con más de 2.000 asociados –más del 90 % pequeños arrendadores-, señala además que esta expropiación es contraria a la seguridad jurídica que se necesita para desarrollar un mercado de alquiler profesional en España, homologable al de otros países europeos. 

Además, agrega, vulnera la confianza que reclaman los inversores para hacer crecer la oferta de vivienda en alquiler y erosiona la imagen de España como destino de inversión. Este tipo de medidas, apunta Asval, generan mucho ruido pero no son efectivas ya que acaban provocando una reducción de la oferta de vivienda disponible debido a la inseguridad jurídica que generan, lo que a medio y largo plazo perjudica al acceso a un hogar a las familias vulnerables, el colectivo al que se pretende proteger.

Además, insiste en que este tipo de medidas no resuelven el problema de fondo, que es la falta de vivienda pública en España, y asegura que para su desarrollo se necesitan medidas consensuadas con los operadores, no normas que generen más inseguridad y conflictos en los tribunales. "Con esta resolución, el Gobierno balear carga sobre los propietarios su responsabilidad de dotar vivienda pública a los colectivos vulnerables", lamenta Asval. 

El Gobierno balear inició este martes el proceso de expropiación de uso de 56 viviendas vacías de grandes tenedores durante 7 años para destinarlas a alquiler social, 27 de ellas en Mallorca, 23 en Menorca y 6 en Ibiza, por un coste previsto de 1,8 millones de euros.

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