Mañana martes, primer día de febrero, el Gobierno aprobará la Ley de Vivienda que incluirá por primera vez el control de precios en las zonas más tensionadas. La aprobación, eso sí, llega más de un mes después de lo previsto por la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, debido a las demoras del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en la emisión del informe preceptivo sobre el texto.
El órgano judicial aprobó el pasado jueves el informe, crítico con el anteproyecto del Ejecutivo, al considerar que la vivienda "es una materia de titularidad autonómica". Tras conocerse el documento, Raquel Sánchez insistió en que el Gobierno "no invade competencias autonómicas" con esta futura normativa y recordó al CGPJ que sus consideraciones debían ceñirse a los puntos que podrían interferir con tres artículos de la Ley de Enjuiciamiento Civil, relativos a los procedimientos de desahucio.
Sin ninguna objeción a esos tres artículos y ya con el informe preceptivo, pero no vinculante, Pedro Sánchez llevará, como decimos, este 1 de febrero al Consejo de Ministros "la primera ley de vivienda de la historia de la democracia", tras dos intentos fallidos.
Control de precios del alquiler
La normativa que mañana se llevará al Consejo de Ministros incluye el control de precios en las zonas tensionadas. Recordemos que estas se refieren a aquellas regiones que durante los últimos años han experimentado un aumento sostenido del precio de los alquileres, que ha supuesto que los hogares tengan una carga financiera. De momento, y a no ser que este martes se fijen nuevos baremos, se denomina así a aquellas áreas en las que el gasto medio del alquiler supera el 30% de los ingresos medios de la zona.
En este sentido, las administraciones locales serán las encargadas de definir la declaración de las zonas tensionadas, por un periodo de tres años, aunque podrá prorrogarse año a año si se dan las circunstancias.
Bonificaciones fiscales
Así las cosas, en las áreas tensionadas en que los caseros bajen un 5% la renta respecto al contrato anterior, la bonificación ascenderá al 90%. La deducción será del 70% si se alquila por primera vez a jóvenes de 18 a 35 años en esas zonas tensionadas. Si en el inmueble se han realizado obras de rehabilitación o mejora, la bonificación será del 60%.
Asimismo, los propietarios que firmen un contrato de, al menos, 10 años podrán librarse de la congelación de los precios en las zonas tensionadas y podrán incrementar el alquiler hasta en un 10% a cambio de ampliar la duración del contrato. Además, en estas zonas el inquilino podrá prorrogar su contrato tres años más de lo que se contempla actualmente, manteniendo las mismas condiciones, con lo que se aseguran que la renta sola suba con el IPC durante un periodo más amplio.
Hay que tener en cuenta que existirá una moratoria de 18 meses desde la aprobación de la ley hasta que rija el índice de referencia de los precios en las zonas tensionadas.
Asimismo, la ley protegerá de forma permanente el parque público de vivienda social, que no podrá ser enajenado. Además, introduce el concepto de vivienda asequible incentivada de titularidad privada, que otorgará beneficios fiscales o de cualquier otra índole para los propietarios que ofrezcan un alquiler a precios reducidos.
Para movilizar la vivienda y evitar los pisos vacíos, el anteproyecto establece recargos del 150% al IBI en la cuota líquida. De esta forma, se abre el abanico del 50% permitido en la actualidad hasta ese 150%. Este recargo máximo se aplicará a viviendas desocupadas durante más de dos años y a propietarios titulares de un mínimo de cuatro viviendas en el mismo municipio.
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