"Eso no los podemos permitir como país", ha indicado Báñez en alusión a las consecuencias de no cumplir con la sentencia del Tribunal Europeo y no convalidar el citado Decreto-ley, que se traduciría, según ha remarcado, en una cuantía "de 50 millones de euros al año", por lo que ha pedido "confianza y respeto" ante la negociación colectiva y "responsabilidad país" de todos los partidos "para sumar".
En un desayuno informativo organizado por el diario provincial La Voz de Almería, la ministra ha considerado "razonable" que los sindicatos demanden el mantenimiento de 6.400 empleos pero ha señalado que, a su juicio, "también parece razonable" que eso "sea compatible con una nueva ordenación del modelo de negociación colectiva y, por supuesto, el cumplimiento de la sentencia que haga ese cambio hacia la modernización de un sector estratégico".
"Que no tengan que pagar el resto de españoles 134.000 euros al día porque somos incapaces de ponernos de acuerdo", ha insistido Báñez, quien ha recordado la "gran noticia" que supone el "compromiso" de mantenimiento de esos 6.400 empleos.
Al hilo de esto, ha expresado la "voluntad" del Gobierno de "ayudar" a esa "transición" y ha recordado que, a petición de los representantes empresariales y de los trabajadores del sector y al margen del decreto-ley, ya se nombró un mediador en la persona del presidente del Consejo Económico y Social, Marcos Peña, con el que, desde hace dos semanas, se busca "la mejor salida en la que todos ganen y se vaya a un modelo de estiba como nos pide Europa".
"Yo estoy esperanza después de la última reunión de la semana pasada ya que el acta de la reunión recoge dos compromisos que son importantes", ha señalado para referirse, por un lado, al de los empresarios respecto a que, en la transición, "no se van perder 6.400 empleos", y por otro, al compromiso de todos de seguir negociando los cambios en la negociación colectiva".
En esta línea, ha apuntado a que "parece que la idea" es la de impulsar un acuerdo marco general y "luego que cada puerto se rija por su propio convenio colectivo".
"Lo que hemos hecho desde el Gobierno, tras dos años en los que hemos negociado la manera más flexible de cambiar el modelo de ordenación de la estiba en este país, es impulsar desde el Ministerio de Fomento el real decreto-ley que contiene la máxima flexibilidad que nos da la UE y, desde el Ministerio de Empleo, un plan de ayudas extraordinarias de reordenación", ha explicado para matizar que, hasta que no se vea cómo se concreta el mantenimiento del empleo y la transición, "no se pondrán cifras sobre la mesa".
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