Domingo, 18.11.2018 - 16:15 h
Empresas
El camino de la transición energética

Ribera ultima un plan de ayudas por los cierres de nucleares y centrales de carbón

El borrador de la Estrategia de Transición Justa sigue las recomendaciones de la OIT recogidas en un documento del año 2015.

Central de Garoña. / EP

El Ministerio de Transición Ecológica que dirige Teresa Ribera prepara un plan con medidas de choque para paliar las consecuencias de la transición energética en las zonas donde funcionan las centrales nucleares y de carbón que cerrarán en los próximos años si se mantienen los planes avanzados por el Gobierno de Pedro Sánchez. El borrador de la denominada Estrategia de Transición Justa está prácticamente listo. Se presentará en las próximas semanas para que sea debatido con los agentes sociales y sigue las recomendaciones lanzadas en 2015 por la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

La Estrategia de Transición Justa, que fuentes ministeriales califican de iniciativa pionera en el ámbito internacional, es una de las tres patas con las que la ministra Teresa Ribera piensa apuntalar la transición hacia una economía descarbonizada y sostenible. Las otras dos patas -en elaboración-, son la Ley de Cambio Climático y el Plan Nacional de Energía y Clima.

Tres normas clave

Las tres patas normativas son clave para cumplir con el llamado Paquete de Invierno de Bruselas y lograr reducir las emisiones contaminantes de la Unión Europea al menos en un 40 % en 2030 respecto a los valores de 1990. Pero también son clave para paliar las consecuencias del proceso de transición energética que intenta impulsar el Gobierno de Pedro Sánchez.

El documento Estrategia de Transición Energética hacia una Economía Descarbonizada que encargó el PSOE a un grupo de expertos encabezado por la actual ministra Ribera abogó por el cierre ordenado de las centrales de carbón antes de 2025 y por el cierre, también ordenado, de las centrales nucleares a medida que vayan cumpliendo los 40 años de vida.

Expresado así parece fácil, pero el cierre de centrales de carbón y de nucleares es un golpe para comarcas enteras en comunidades como Galicia, Asturias, Castilla-León, Aragón y Castilla-La Mancha. Los planes de Ribera han provocado roces en el seno del propio Partido Socialista. Aunque sólo quedan 2.300 empleos en la minería del carbón, hay  otros 30.000 relacionados directa o indirectamente con las centrales nucleares, lo que hace imprescindible un programa integral de desarrollo económico para las comarcas y los trabajadores afectados.

El eje de la Estrategia de Transición Justa serán las recomendaciones aprobadas por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en el documento Directrices para una Transición Justa del año 2015. Entre esas directrices destacan la adopción de medidas de protección social y apoyo para las empresas y los trabajadores de sectores perjudicados por la transición al desarrollo sostenible; aprobar disposiciones relativas a una transición justa en las agendas de todos los ministerios competentes, en lugar de asignarlas a uno solo y buscar el consenso social mediante el diálogo con todos los agentes sociales.

Reforma de la fiscalidad

La OIT añade también la necesidad de reformar la fiscalidad ambiental para contribuir a financiar las compensaciones a los afectados por la transición hacia actividades económicamente sostenibles. En todo el proceso de cambio hacia una economía descarbonizada y sostenible, la OIT ve una oportunidad.

La organización lo resume en una frase: "La ecologización de la economía" sostiene el documento, "ofrece numerosas oportunidades para alcanzar objetivos sociales: puede actuar como un nuevo motor de crecimiento, tanto en los países adelantados como en los países en desarrollo, y como un generador neto de empleos decentes y verdes que pueden contribuir en gran medida a la erradicación de la pobreza".

En España, el informe IPM Los empleos de la transición energética ha puesto cifras a las previsiones de la OIT en materia de empleo. Calcula que el cumplimiento de los objetivos de sostenibilidad y medioambientales que impulsa la UE requerirá hasta 100.000 millones de inversión y creará 132.000 empleos.