La tensión provocada por la falta de acuerdo sobre las cifras de muertos y afectados por el Covid-19 que presentan las comunidades autónomas y el Ministerio de Sanidad se extiende por el país. Autonomías como Madrid, Castilla-La Mancha y Extremadura han alertado a la población de esto con documentos paralelos y acusaciones de campañas para "ocultar el número real de muertos", pero Cataluña ha dado un paso más allá con la creación de un método independiente de recuento que publica cada noche en una rueda de prensa parecida a la que ofrecen los responsables técnicos de la pandemia a nivel nacional. La autonomía cuenta en su último balance más de 8.441 muertes y 116.679 casos mientras que la cartera de Illa cifra en 4.152 las víctimas mortales y en 43.112 los positivos del virus en el territorio catalán. ¿Qué criterio crea la diferencia? Los cuadros sospechosos.
En cuanto la Generalitat de Quim Torra comenzó a sufrir la falta de material sanitario para afrontar la crisis a la batalla política por hacerse con la gestión de la pandemia se le sumó una sanitaria. La conselleria de Sanidad ha decidido romper con la centralización del recuento y tener en cuenta en sus informes desde la semana pasada a los enfermos que han sido sometidos a una prueba, como Sanidad, pero también a los que han contado con el diagnóstico de un médico. Estos son los casos sospechosos, que representan un 63% en el cálculo desagregado que maneja Cataluña. Lo mismo ocurre con los fallecidos. El Ministerio no reconoce 3.722 muertos del total de 8.441 víctimas mortales registradas
por las funerarias catalanas por ser sospechosos y no contagiados comprobados. En el desglose de las autoridades se puede ver que 2.328 personas perdieron la vida en residencias sociales, 522 en su domicilio, 4.904 en hospitales y 687 no han podido ser clasificadas.
Esas 687 personas no han sido incluidas en un renglón por "falta de información", pero este fleco en el estudio no desacredita el todo. Preguntado por este, la conselleria catalana ha precisado a este medio que se trata de personas cuyo lugar de muerte se desconoce, pero no su causa. La consejera de Salud, Alba Vergés, defendió ayer su sistema al declarar que la "premisa" de la gestión debe ser "la transparencia" y lanzó un reto a Madrid: "Sería muy buen ejercicio que el Estado lo hiciera. Los ciudadanos tienen derecho a saber qué está pasando".
Otros líderes políticos como Cuca Gamarra, del Partido Popular, también han solicitado que los datos de la cartera de Salvador Illa muestren los casos y muertes por posible coronavirus. Pero el Gobierno considera que eso solo produce más caos. La ministra de Hacienda y portavoz del Ejecutivo, María Jesús Montero, alertó la semana pasada de que "cualquier intento de confundir a los ciudadanos no aporta ninguna luz, sino que provoca una sensación de desconfianza" e instó a la Generalitat a seguir las instrucciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y no "especular" con las cifras.
Por su parte, Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias y portavoz de la crisis, ha pedido "cautela" cada vez que los periodistas preguntan por las diferencias en las cifras porque el Gobierno no "tiene claro" que las víctimas registradas por la Generalitat hayan sido sometidas a exámenes que certifiquen la presencia del virus en su cuerpo. Ese es el criterio acordado para poder incluirlas. El BOE lo respalda. Sanidad se negó a reconocer sus cifras con un decreto publicado el pasado viernes que avala que solo los difuntos testados sean incluidos en las estadísticas. Con esta medida el Ejecutivo se ha asegurado, por ahora, un momento de calma frente a los interrogantes sobre el gran cuadro del virus en España.
El Ejecutivo ya organiza un plan de desescalada y la Generalitat no ha querido quedarse atrás. La autonomía todavía no cumple la regla de oro para declarar controlada la pandemia -tener más recuperados que casos nuevos a diario- pero ya ha lanzado sus propuestas. El Govern estudia repartir una "acreditación de inmunidad", que sería equivalente al actual carné de vacunación, entre los ciudadanos que hayan superado el virus para conocer la capacidad de infección de cada individuo y tratar de eliminar los focos de contagio. La Administración de Torra ya ha avisado a Pedro Sánchez de que iniciará el desconfinamiento cuando lo considere necesario para su economía, sin esperar a lo que diga Sanidad si la situación no mejora. La tensión política no deja de subir y el 'baile de cifras' empaña el panorama.
El descontento de la ciudadanía ante el caos ya se hace notar. Un informe del Instituto Nacional de Estudios Analíticos (INEA) recoge que el 67,0% de los españoles considera que la gestión del Gobierno de Pedro Sánchez ante el coronavirus ha sido un "desastre". En el país, el mayor rechazo al manejo de la crisis se ha producido en Ceuta -con el 78,4%- y el 63,3% de los catalanes ha expresado una opinión negativa hacia la gestión de su autonomía. Las autoridades sanitarias esperan que se produzca un 'ajuste' en los informes de los próximos días por el trabajo que desarrollan, pero todavía no han puntualizado cómo o si algún día tomarán en cuenta las notificaciones de otras autoridades locales en su cómputo global.
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