Tras la retirada de la inmunidad sobre Carles Puigdemont y Antoni Comín por parte de la justicia europea, la Fiscalía ha solicitado al juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena que reactive las órdenes de busca y captura contra el expresidente de la Generalitat de Cataluña y el exconseller.
La Fiscalía pide que Llarena dicte una orden de busca y captura internacional, contemplando la posibilidad de necesitar la extradición de los políticos, así como una euroorden de detención y entrega. Los dos responsables del 'procés' se enfrentarían a penas de prisión de entre seis y doce años por malversación de fondos.
Esta petición se ha hecho pública después de que Clara Ponsatí, eurodiputada de JxCat, haya sido nuevamente detenida hoy mismo en Barcelona. La consellera del Govern durante la declaración unilateral de independencia posterior al 1-O ha sido detenida bajo orden del mismo Llarena para poder continuar con su proceso judicial por desobediencia.
Ya no serán jugados por sedición
Aunque Puigdemont y Comín aún pueden recurrir en casación ante el Tribunal de Justicia de la UE la sentencia que el pasado 5 de julio les retiró la inmunidad como europarlamentarios, la Fiscalía destaca que ese recurso no tiene efectos suspensivos sobre la sentencia previa.
"En conclusión, la retirada de la inmunidad por el Parlamento Europeo ha sido confirmada en sentencia dictada por el Tribunal General de la Unión Europea, de modo que teniendo en cuenta su situación personal -huidos de la justicia y en rebeldía- resulta procedente emitir nuevamente órdenes de detención internacionales y europeas respecto a ambos procesados por los delitos especificados en el auto de 12 de enero de 2023", subraya el Ministerio Público.
En ese auto, dictado tras la reforma del Código Penal que derogó el delito de sedición y modificó el de malversación, Llarena adaptó la imputación de Puigdemont y Comín, ciñéndola a los delitos de malversación y desobediencia.
La Fiscalía sostiene que se cumplen los requisitos establecidos en la Ley de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la UE, que permite a la justicia española dictar orden de detención y entrega cuando los delitos enjuiciados impliquen una pena de prisión de al menos doce meses.
Hemos bloqueado los comentarios de este contenido. Sólo se mostrarán los mensajes moderados hasta ahora, pero no se podrán redactar nuevos comentarios.
Consulta los casos en los que lainformacion.com restringirá la posibilidad de dejar comentarios