Jueves, 19.07.2018 - 01:53 h
'Papeles para un pacto educativo'

Las claves para el pacto educativo que el ministro tiene y no ha hecho caso... aún

Los mismos creadores del Libro Blanco para la profesión docente ya enviaron a Méndez de Vigo por dónde debía ir la reforma educativa.

Barcelona iniciará el curso escolar con 2.000 alumnos y 600 profesores más
Una ley de educación para el siglo XXI, vital para nuestros jóvenes.

¿Cómo prepararemos a nuestros alumnos para vivir en un mundo que empieza a describirse con el acrónimo VUCA: Variability, Uncertainty, Complexity, Ambiguity? ¿Un mundo variable, incierto, complejo y ambiguo? El ministro Méndez de Vigo tiene en sus manos un estudio elaborado por el mismo equipo que elaboró el Libro Blanco de la profesión docente y su entorno escolar, por encargo del Ministerio de Educación (Marina, Pellicer y Manso). En este caso, ha sido financiado por la Universidad Antonio de Nebrija, la Fundación Universidad de Padres y la Fundación Trilema. Se trata de 'Papeles para un pacto educativo', y para desazón de sus creadores, el estudio lleva dormido en un cajón años... como el propio libro blanco. En él se engloban propuestas desde todos los ámbitos, la Fundación Encuentro, el Colectivo Lorenzo Luzuriaga, el Foro de Sevilla, la reforma del exministro Gabilondo, los Pactos establecidos en diferentes comunidades, así como decenas de encuestas hechas por organismos nacionales e internacionales y por diferentes fundaciones. Poner el MIR en el foco de la actualidad y la necesidad de ponerse manos a la obra con la Ley de Educación sin más demora, da esperanzas de que sea sacado del cajón. Estas son sus claves:

Para tener éxito debe participar toda la comunidad educativa

La reforma educativa debe ser un debate nacional a gran escala. De prestigio. Puede exigir un lento trabajo de encuestas, grupos de trabajo, pero de otra forma será baldío. En la reforma francesa de 2003 participaron un millón de personas. Si los países desean incorporarse competitivamente a los procesos de globalización necesitan en efecto renovar profundamente su plataforma educacional a largo plazo porque las resistencias y los costes serán altos. 

Una vez aprobada la ley, apoyarla y financiarla, sin cortapisas

Los autores del estudio tienen claro que aprobada una ley orgánica de educación se debe mantener el compromiso de respetar su desarrollo en los plazos establecidos, no boicotearla, cumplir con la memoria de financiación, evaluarla por técnicos imparciales, publicar los resultados e introducir mejoras con el resto de fuerzas políticas. En definitiva, se procuraría asegurar la permanencia de la ley para evitar cambios bruscos que repercutieran negativamente en los centros educativos, consensuar con los partidos de la oposición las leyes orgánicas que regulan la educación y dar prioridad a los distintos intereses sociales sobre las ideologías de los partidos políticos. Sin este acuerdo, toda ley acabará siendo derogada o mutilada sin remedio.

Leyes educativas en España
Leyes educativas en España

¿En que sí están de acuerdo los partidos políticos?

Aunque la opinión pública pueda pensar que las posiciones de los partidos, algunas encontradas sí, son irreconciliables no es del todo así. Los expertos de 'Papeles para un pacto educativo', han logrado, analizando las propuestas de todos ellos, puntos en común. Estos deben ser la columna vertebral sobre la que trabajar. El primer punto es la necesidad imperiosa de reducir el abandono escolar al 10% y de aumentar al 85% los alumnos que siguen enseñanzas secundarias postobligatorias. Coinciden en la necesidad de ampliar la edad educativa –y por lo tanto el acceso a una plaza escolar gratuita- de 0 a 18 años, aunque manteniendo la obligatoriedad sólo desde los 6 a los 16. Otro de los puntos comunes es fijar una inversión mínima en educación del 5% del PIB.

Los partidos también tienen claro en que en la educación española es necesario fomentar medidas de flexibilidad curricular y organizativa orientadas a la individualización de la enseñanza y el aprendizaje así como repensar el sentido, el contenido, el diseño y el desarrollo del currículo y potenciar la etapa educativa infantil. Uno de los puntos débiles son los vínculos entre la educación básica y obligatoria y el mundo laboral: la conexión entre la Formación Profesional, Bachillerato y la Universidad debe ser mejorada así como el hándicap de los idiomas. Otros retos son incorporar las tecnologías de la información y la comunicación en la escuela. Otro punto clave, aunque en ocasiones se haya dicho lo contrario, es la imperiosa necesidad de introducir la evaluación del sistema educativo como instrumento de mejora. Evaluación sistémica (de todos) y sistemática (y siempre), reconocer a los profesores como claves para lo que es necesario un Estatuto del Docente, potenciar la autonomía pedagógica y organizativa de los centros, y sí, que estos sigan siendo públicos, privados y concertados (aunque en este último caso con algunas reglas claras).

Los puntos que siempre han polarizado las reformas

Básicamente son ocho los que a lo largo de la historia de los pactos educativos en España han provocado que todo se vaya al traste.
Tensión entre calidad y equidad, el modelo inclusivo/comprensivo y el diferenciado, compaginar las competencias educativas del Estado y los derechos de las familias así como la gestión social y estatal del sistema o un modelo laico o elegido por los padres siempre provocan enfrentamientos. La necesidad de un currículo nacional que no choque con las competencias educativas de las CCAA, así como la autonomía de los centros y el control de la administración y la necesidad de profesionalizar la dirección. Esos puntos son los que deben centrar las negociaciones.

El pacto no debe ser solo cosa del Ministerio de Educación

Poner en marcha un pacto educativo no debe ser cosa dentro del Gabinete del Ministerio de Educacion. Asuntos sociales, Sanidad, Trabajo, Tecnología o investigación y desarrollo deben estar tan implicados como él.

Cómo tener un pacto equitativo y que busque la excelencia

Para lograrlo es necesario aumentar la formación del profesorado, de los equipos directivos y de la inspección educativa, así como mejorar la gestión de los centros, dándoles autonomía, ayudando a los alumnos con necesidades y evaluar el mérito.

El dilema de la concertada. ¿Cómo evitar que sea un conflicto?

El sistema de conciertos puede enriquecer el sistema educativo público siempre que se cumplan estrictamente las normas legales: Que sean absolutamente gratuitos. Que no sean empresas lucrativas y cumplan rigurosamente los mismos criterios de admisión que la escuela de gestión pública y que su concesión no solo de la demanda de las familias, sino de las aportaciones que su proyecto educativo haga a la mejora del sistema.

El dilema de la religión

Siempre se ha convertido un escollo. Los partidos hablan en sus pactos de "las religiones". En los papeles para un pacto se abre la posibilidad de que formara parte de una 'Historia de las culturas'. Para atender a las peticiones de los padres que reclaman que la religión confesional se imparta en la escuela, una posibilidad sería que en el último curso de la ESO la 'Historia de la cultura' se dedicara a una religión determinada, de las que tienen firmados convenios con el Estado español. También podría estudiarse la posibilidad de que los centros pudieran incluir dentro de sus proyectos educativos, a demanda de los padres, unas enseñanzas confesionales que serían voluntarias y no evaluables.

Un currículo común es prioritario

No es lógico que existan hasta 25 libros diferentes para cada asignatura. Es obligación del Estado garantizar un sistema educativo que consiga la calidad y la equidad para todos los alumnos, sea cual sea la Comunidad Autónoma en que residan. La necesidad de coordinación exige un currículum básico común. Los derechos de los alumnos a ser educados en las lenguas oficiales deben ser respetados. Para la coordinación entre las Comunidades Autónomas convendría dar mayor vitalidad y competencias a la Conferencia Sectorial de Educación, y hacer de los programas de cooperación territorial instrumentos de política educativa.

Más autonomía a los centros

Un sistema educativo, para cumplir sus objetivos de calidad y equidad, necesita conceder más autonomía a los centros, en la planificación curricular, en la gestión del personal y en la gestión económica. La flexibilidad, la variedad de ofertas educativas, la innovación, la transformación de los centros en comunidades que aprenden permite resolver muchas de las tensiones que hemos estudiado en estos Papeles. Los presupuestos de los centros tendrán una parte variable de acuerdo a sus proyectos educativos. La descentralización en la gestión debe ir acompañada de una centralización en el rendimiento de cuentas y en la evaluación de los resultados.

Directores con poder

La experiencia en otros países recomienda la creación de un Cuerpo de directores de Centros de Educación Primaria y Secundaria, entre los cuales el Consejo Escolar de un centro podrá elegir por procedimientos objetivamente definidos. El Director deberá elaborar el Proyecto Educativo del Centro, especificando los resultados que aspira a conseguir.  El director tendría que ser el catalizador del Proyecto de Centro, el dinamizador del claustro, y quien buscara los procedimientos para atraer a la escuela recursos del entorno y para sacar la escuela hacia la sociedad. Fomentará un liderazgo distribuido, en muchos niveles: jefe de departamento, coordinador de área... El director tendrá amplia capacidad de decisión, pero sus resultados deberán estar supervisados por el consejo escolar.
Estas son las recetas de los expertos que advierten que la educación que viene es 'Life Long learning for All (LLA)', el aprendizaje para toda la vida, algo que no debe olvidar ningún programa eduativo.

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