Batería de severas medidas que otorga amplios poderes al Ministerio de Sanidad ante el avance de la pandemia. El Gobierno no solo restringe el movimiento de personas, salvo para ir a comprar alimentos o medicamentos, acudir a hospitales, ir al trabajo o desplazarse para cuidar a personas mayores. También otorga al departamento dirigido por Salvador Illa la capacidad de intervenir industrias -incluida la farmacéutica- y poder directo sobre toda la red sanitaria nacional para desplazar a los sanitarios según las necesidades. Para contener la progresión del coronavirus y no saturar el sistema de salud pública tras 1.500 nuevos contagios desde el viernes, las restricciones al movimiento tendrán además una duración de quince días, según subraya el decreto del Gobierno que entrará vigor este mismo sábado. Las medidas, no obstante, podrán ampliarse otras dos semanas previa aprobación del Congreso.
Ante la extrema saturación en el sistema sanitario, con una red logística y humana al límite, el Gobierno lanza este sábado a propuesta de Sanidad y el resto de ministerios que conforman el consejo de ministros -Defensa, Interior, Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y Presidencia- varias medidas de alcance con el objetivo de reforzar el Sistema Nacional de Salud en todo el territorio, además de unas restricciones a la movilidad por cuyo cumplimiento velarán las Fuerzas y Cuerpos de la Seguridad del Estado.
Mientras los casos en España superan ya los 5.700, las aglomeraciones de ciudadanos, en supermercados o zonas de ocio, se siguen produciendo. Solo la Comunidad de Madrid registra 2.940 afectados y 133 fallecidos, pero el Ayuntamiento de la capital ha decidido decretar el cierre de todos los parques ante la aglomeración de personas que se ha registrado durante la mañana. Con la red sanitaria obligada a contratar temporales ante el vertiginoso aumento de casos, el Gobierno pone bajo las órdenes directas del Ministerio de Sanidad a todas las autoridades civiles de las Administraciones Públicas de todo el territorio nacional, en particular las sanitarias, según el decreto ley que ultima el Ejecutivo.
Con esta medida, el Gobierno quiere garantizar en todo momento "la mejor distribución en el territorio de todos los medios técnicos y personales". Es decir, los sanitarios podrán ser trasladados en base a las "necesidades" que se detecten para frenar la expansión del coronavirus. Las medidas también conceden a Sanidad capacidades como "impartir las órdenes necesarias para asegurar el abastecimiento del mercado", "intervenir y ocupar (...), industrias y fábricas" y requisar temporalmente todo tipo de bienes.
El ministro de Sanidad podrá impartir las órdenes necesarias para asegurar el abastecimiento del mercado y el funcionamiento de los servicios de los centros de producción afectados por el desabastecimiento de productos necesarios para la protección de la salud pública. Además, Illa podrá intervenir los centros, servicios y establecimientos sanitarios de titularidad privada, así como la industria farmacéutica, para evitar cualquier alteración en el suministro a la red.
Para hacer frente al aumento de la demanda asistencial, el sistema público podrá asimismo derivar enfermos a hospitales privados en virtud de una de las acciones excepcionales aprobadas al amparo del estado de alarma, una de las medidas que los sindicatos reclamaban desde hace semanas.
La pandemia del Covid-19, que tal y como recoge el decreto ley publicado este viernes "está provocando una tensión sin precedentes en el Sistema Nacional de Salud", también ha puesto al Ministerio de Sanidad y al de Interior al frente de la respuesta urgente coordinada con la UE. Sanidad es el principal interlocutor, mediante conferencias telefónicas diarias con Interior, con la Comisión Europea, y su plan de choque contra el coronavirus.
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