José María García, alcalde de la localidad malagueña de Casabermeja, recibe cada jueves a vecinos que tienen algún problema, empresarios o ciudadanos interesados en afincarse en el pueblo. El pasado jueves le visitaron dos mujeres de mediana edad que reclamaban el suministro de luz y agua en sus casas, así como optar a las subvenciones locales. Las mujeres eran "dos de los okupas que viven en la localidad", relata García con incredulidad a La Información. "Bien conocedoras de sus derechos, no tanto de las obligaciones", ante la negativa del alcalde le llamaron "insolidario". Mientras, los vecinos de Casabermeja vigilan con lupa las calles de este pueblo de 3.700 habitantes por miedo a que estalle un 'efecto llamada'. Dicen que están cansados de los problemas de convivencia, el último el pasado martes, cuando tras una reyerta multitudinaria dos personas tuvieron que ser hospitalizadas.
Los primeros okupas llegaron a la localidad hace "cuatro años". Entraron en cinco viviendas que se habían quedado a medio construir en la crisis de 2008 y que no tienen "ningún documento de primera ocupación, ni suministros, ni absolutamente nada para habitarlas". Se trata de 12 chalets adosados que a día de hoy ocho pertenecen a un banco; el resto pertenece a empresas a las que se les dio a cambio de la deuda de la constructora. Otro grupo de okupas, que hoy habita dos viviendas, entró precisamente en las casas de la entidad bancaria. Se trata de dos familias que llegaron en pleno confinamiento, "otra persona de unos 60 años que nunca ha dado problemas y otro individuo que sí podría estar vinculado con los incidentes del pasado martes", sobre los que la Guardia Civil ha iniciado una investigación.
Según relata el alcalde, "hace una semanas tuvimos constancia de una agresión a un vecino". Ese pudo ser el origen de la reyerta del martes porque conocidos de la persona agredida recriminaron a unos okupas lo sucedido. Sin mediar palabra, "se marcharon a casa y volvieron un total de cinco hombres y siete mujeres". Ellas iniciaron una discusión con los vecinos mientras los hombres "acecharon por la espalda y dieron un botellazo a un vecino que se quedó inconsciente". En cuestión de segundos "desaparecieron y cuando los agentes fueron a su casa ya no estaban porque se habían tenido que ir a Málaga a por el DNI, según dijeron", cuenta.
El último incidente ha provocado que los vecinos barajen organizar patrullas ciudadanas para vigilar las calles. Este mismo lunes recibían un bando a las 22:22 horas en el que se les pedía precaución por la presencia de sospechosos forzando cerraduras de casas "de particulares en el casco antiguo". El alcalde recuerda que la Guardia Civil realizó dos intervenciones tras la presencia de un Opel Astra en la zona de color blanco "que ya había rondado por el pueblo y de repente fue visto aparcado en el centro de la localidad". Por ello, "se rogó a la ciudadanía que ante cualquier indicio de manipulación de cerraduras de viviendas se avisara inmediatamente al 062". Igualmente recomendaron "comprobar las cerraduras de acceso a la vivienda para asegurarnos de que no han sido manipuladas".
La llamada que hace muy poco recibió el alcalde fue la de una pareja de jóvenes que estaban en negociaciones con el banco para poder formalizar la compra de una de esas vivienda que en su día eran el reflejo de que el pueblo crecía -"se trata de un ensanche del casco histórico"- y a día de hoy son un foco de conflicto. Antes de tener nada apalabrado con la sucursal han tenido que pararlo todo "porque la última vivienda okupada era la suya", lamenta García. Cuando empezaron a llegar los okupas "hace tres o cuatro años" entraron en cuatro viviendas, pero se fueron marchando hasta que solo quedaron dos viviendas okupadas. En una de ellas sigue viviendo la persona que estaría implicado en los últimos incidentes. Ahora, en esa casa "también hay viviendo niños pequeños y algunas mujeres desde los últimos incidentes". El alcalde no entiende que "durante el confinamiento se ocupasen dos viviendas porque, ¿no estábamos confinados?", dice con indignación.
Después de un año de negociaciones, desde el lunes se están tapiando las viviendas de las entidades bancarias "para evitar que las ocupaciones vayan a más y atajar el efecto llamada". También tienen en mente revisar los generadores de gasolina que tienen instalados los okupas para tener luz porque "hay que analizar si es peligroso". Las quejas vecinales por el ruido que hace -está las 24 horas encendido-, así como el continuo movimiento de vehículos que entran y salen de las viviendas o de las persianas de las cocheras a cualquier hora son constantes. Relata el alcalde que incluso un vecino "pilló a un individuo forzando la cerradura de la casa de su abuelo. Estamos de acuerdo en que el derecho a la vivienda existe, pero también el de la convivencia, el de la seguridad y el de vivir, que no se pueden vulnerar".
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