La justicia británica va a empezar a examinar durante el próximo miércoles una demanda contra el Gobierno de España, realizada por el fondo de inversión luxemburgués Antin. En concreto, se estudiará el cobro de un laudo de 120 millones de euros debido a un recorte que fue aprobado por el Estado en el año 2013 de cara tener incentivos en las energías renovables.
Se prevé que el proceso ante la sala comercial del Tribunal Superior de Londres dure hasta el próximo 3 de abril, si bien el dictamen no se espera de forma inmediata. El juez Peter Fraser escuchará los argumentos de los abogados de la parte española, que han pedido que se retire el fallo emitido en junio de 2021 por esta misma corte que reconocía un laudo de 2018 a favor de Antin del Centro Internacional para el Arreglo de Diferencias sobre Inversiones (Ciadi), institución dependiente del Banco Mundial.
Esa decisión arbitral impuso a España el pago de 101 millones de euros (120 millones con los intereses acumulados) a los fondos Infrastructure Services Luxembourg y Energia Termosolar -anteriormente Antin Infrastructure Services Luxembourg y Antin Energia Termosolar- por los daños sufridos a raíz de la revocación en 2013 de esas primas a las renovables introducidas en 2007.
Inversión en plantas solares
El grupo Antin invirtió en 2011 139,5 millones de euros en la construcción de las grandes plantas solares Andasol 1 y 2 en Granada y, según fuentes consultadas por EFE, considera que "sus intereses económicos se vieron perjudicados" al revocarse los incentivos.
El Gobierno español, que aduce que el sistema de primas hubo de reformarse en cumplimiento de los requisitos sobre subsidios estatales de la Unión Europea (UE), ha afrontado 51 arbitrajes en varios países por esta causa, con reclamaciones por valor de unos 10.000 millones de euros.
Hasta ahora, se han dictado 28 laudos -de momento, ninguno se ha ejecutado-, dos se han anulado, otros 20 están pendientes y tres demandantes han desistido, indicaron a EFE fuentes del Ministerio de Transición Ecológica. En los casos en que las pretensiones de los demandantes han sido parcialmente admitidas, "España ha formulado recurso de anulación", señaló esta fuente.
El Gobierno argumenta que ya intentó resarcir a esos inversores iniciales al promulgar en 2019 un decreto ley que otorgó a las plantas afectadas por la reforma una rentabilidad garantizada del 7,39 % hasta el 31 de diciembre de 2031, cuando, según sus cálculos, la mayoría de las instalaciones construidas "estarán sobradamente amortizadas". Por lo tanto, España se resiste a ejecutar los pagos dictados por los laudos porque cree que "pueden ser contrarios al derecho de la UE y constituir una Ayuda de Estado ilegal", declara a EFE el Ministerio español.
"Cuando España recibe un laudo reconociendo una indemnización, lo notifica a Bruselas"
El equipo legal de Antin acusa al Estado español de "quebrantar la legislación internacional" al incumplir también el Tratado de la carta de la energía de 1994 (que establece un esquema multilateral para las inversiones extranjeras en el sector). Dice que es "una de las naciones más morosas del mundo en este aspecto, sólo superada por Venezuela".
En un proceso paralelo a este litigio, el fondo ha conseguido una orden judicial provisional que, si eventualmente se confirma dependiendo de cómo avance el proceso, obligaría a la aseguradora marítima London Steam-Ship Owners Mutual Insurance Association a abonarle 120 millones de euros de los 855 millones que debe a España de un pleito separado sobre el vertido del Prestige en 2002.
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