Los estados miembros de la Unión Europea no han conseguido dar luz verde hoy a la nueva directiva para obligar a las grandes empresas a mitigar el riesgo de sus actividades destinadas a la sostenibilidad medioambiental y social. Alemania, Francia e Italia han expresado diversas reticencias sobre el texto ya pactado con la Eurocámara.
El Gobierno de Berlín ya anunció a principios de este mes que se abstendría en la votación para aprobar el acuerdo a pesar de que había dado su visto bueno el pasado diciembre, lo que llevó a otros Estados como Italia a reconsiderar su postura a favor de la abstención, de modo que la presidencia belga decidió el 9 de febrero posponer el debate para intentar lograr la mayoría cualificada necesaria.
Finalmente, los embajadores de los Veintisiete trataron la cuestión pero fue imposible lograr apoyo suficiente para sacarla adelante, según informó en la red social X la presidencia belga del Consejo de la Unión Europea. "Ahora tenemos que considerar el estado de la cuestión y veremos si es posible abordar las preocupaciones presentadas por los Estados miembros, consultando con el Parlamento Europeo", indicó un portavoz.
Impacto de las actividades de las grandes empresas
La ley busca hacer responsables a las grandes empresas del impacto de sus actividades y las de su cadena de suministros en la sostenibilidad medioambiental y los derechos humanos, obligándoles a vigilar estos riesgos y a mitigarlos bajo pena de multas, por lo que es considerada fundamental por organizaciones ecologistas y de defensa de los derechos humanos y laborales.
La directiva, propuesta por la Comisión Europea en 2022, ya había sido acordada entre los Gobiernos y el Parlamento Europeo el pasado diciembre, por lo que faltaba el paso, en principio rutinario, de que los Estados la aprobasen formalmente. Sin embargo, en la reunión de hoy, Alemania, Francia e Italia expresaron que no podían apoyar el texto pactado con la Eurocámara, al que sí mantiene su respaldo España, según fuentes europeas.
Sin el apoyo de los tres grandes países de la UE, no hizo falta que los embajadores votasen para constatar que la medida no cuenta con la mayoría necesaria. Aunque es poco habitual llegados a este punto del proceso legislativo, no es la primera vez que un Gobierno bloquea a última hora un acuerdo político cerrado: el año pasado Alemania obligó a reabrir el acuerdo para prohibir la venta de coches nuevos que emitan CO2 a partir de 2035 y poco después Francia utilizó la misma estrategia con la directiva sobre energías renovables. En ambos casos, acabaron consiguiendo concesiones.
"Los Estados miembros estaban deseando torpedear la legislación a pesar del fuerte apoyo a la directiva por parte de empresas y consumidores"
"Los Estados miembros estaban deseando torpedear la legislación pese al fuerte apoyo a la directiva de empresas, sociedad civil y consumidores", criticó la vicepresidenta de los Verdes y una de las responsables del dosier en el Parlamento, llamando a los Estados a "no dar marcha atrás en los acuerdos" con la Eurocámara.
Por otra parte, numerosas organizaciones de defensa del medio ambiente y los derechos humanos han cargado contra el bloqueo y criticado que los Gobiernos pongan por delante los intereses empresariales. "Retirando su apoyo a un acuerdo ya hecho, Alemania generó un boicot de estas reglas fundamentales sobre las cadenas de suministro de la UE. Ahora, con Francia e Italia aprovechando el caso para impulsar sus propias agendas, esta legislación vital pende de un hilo", dijo el director de Justicia Económica de Oxfam UE, Marc-Olivier Herman, quien acusó a estos países de "hacer el juego a las grandes empresas".
Según el pacto bloqueado, la directiva se aplicaría a empresas de la UE y sus filiales con más de 500 empleados y una facturación anual global superior a 150 millones de euros, así como a empresas con 250 empleados y más de 40 millones de euros en facturación en sectores de alto riesgo. Estas tendrían que identificar, evaluar, prevenir, mitigar, poner fin y remediar su impacto negativo y se expondrían a multas de hasta el 5% de su facturación anual global en caso de incumplimiento.
