El 86% de las empresas desconoce la ley que impulsará los planes de empleo

Ni la tramitación parlamentaria, ni la repercusión mediática del proyecto de ley para el impulso de los planes de pensiones de empleo ha tenido una relevancia destacable para las pequeñas y medianas empresas y los autónomos españoles. Según el II Estudio sobre estos productos, elaborado por el Observatorio Caser, muestra que el 86% de las empresas encuestadas desconoce los últimos cambios normativos en los planes de pensiones de empleo. En el caso de los autónomos, solo el 10% está al corriente.

Los detalles de esta norma, que se votará este jueves en el Congreso de los Diputados, son desconocidos para la mayoría de las empresas. Sin embargo, el 24% sí está al tanto de la creación de fondos de empleo de impulso público. El 12% asegura que conoce que existirá una comisión de control especial con representantes de la administración pública, de las organizaciones empresariales y de los sindicatos. No obstante, el proceso legislativo no ha favorecido al conocimiento de esta norma. "Conforme avanza el proceso normativa se percibe mayor falta de información", ha explicado Eva Valero, directora del observatorio.

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El objetivo del Ministerio que dirige José Luis Escrivá es el de que estos productos, vinculados al empleo, ganen peso. Para ello, se busca simplificar los trámites e impulsarlos desde el sector público. "Lo ideal que todos los trámites se pudieran hacer de forma online", ha señalado Valero. En la actualidad, hasta que la gestora recopila toda la información de las empresas y estas constituyen una comisión con representantes de los trabajadores en la que se deciden tanto las aportaciones como la inversión de las mismas; y la Dirección General de Seguros da el visto bueno al plan de pensiones, pueden pasar varias semanas.

Para tratar de agilizar todo este proceso, el proyecto de ley contempla la creación de una plataforma digital en la que la administración, las empresas y empleados y las gestoras compartan la información correspondiente al fondo público de pensiones. Sin embargo, desde el sector no han tenido noticias de la creación de esta herramienta en los últimos meses y creen que es precipitado pensar que estará lista en los primeros meses del próximo año. En la misma línea, Valero asume que el fondo público no estará "en pleno funcionamiento" hasta 2023, aunque Escrivá lo haya situado a finales de 2022.

Después de la tramitación en el Congreso de los Diputados, donde se deberán validar las enmiendas a la norma, el proyecto de ley tendrá que ser votado en el Senado. A partir de entonces, el Ministerio deberá volver a negociar con el sector aspectos clave de este proyecto: desde las comisiones que tendrán los productos, a los requisitos que deberán cumplir las gestoras para participar en el fondo público. Desde Caser ponen el foco en los incentivos fiscales, para que las empresas se animen a impulsar estos productos. La encuesta muestra que el 72% de los empresarios creen que los beneficios tributarios contribuirían a una mayor presencia de estos planes de pensiones.