"Tenemos un mecanismo por el que las pensiones se actualizan en noviembre con la inflación media... Es un desfase pequeño, no veo necesidad de hacer un ajuste ahí". Con esas palabras, el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, descartaba a primera hora de este jueves cualquier posibilidad de adelantar la subida de las pensiones no contributivas al próximo mes de julio, tal y como le habían reclamado los socios de Unidas Podemos. Pero, apenas cinco horas más tarde, EH-Bildu hacía público un acuerdo con el Gobierno para incorporar un incremento de esas prestaciones del 15% en la prórroga del escudo social contra el impacto económico de la guerra a cambio de su abstención en la ley de los planes de pensiones, que se votó por la tarde en el Congreso en una sesión que acabó derivando en un auténtico caos, según denuncian los grupos parlamentarios.
La ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, había puesto sobre la mesa la indexación urgente al IPC de las pensiones no contributivas en el marco de la negociación abierta en la coalición para prorrogar el decreto antiguerra y paliar los efectos de la escalada de la inflación sobre los colectivos más vulnerables. Pero el titular de la Seguridad Social tumbó la propuesta, tal y como adelantó La Información este miércoles y confirmó el propio Escrivá al día siguiente en una entrevista en TVE en la que explicó que el Gobierno acaba de aprobar la primera parte de la reforma de las pensiones, que incorpora el nuevo mecanismo de revalorización y que éste implica que todas las prestaciones se actualizan en noviembre. El ministro aseguró pasadas las nueve de la mañana del jueves que no veía necesario adelantar la subida de las no contributivas a julio, como pedían los socios de Unidas Podemos.
Pero antes de comer Escrivá había cambiado de opinión. ¿El motivo? El ministro necesitaba rascar apoyos a su proyecto de ley para impulsar los planes de pensiones de empleo, que se votaba este jueves en la Comisión de Trabajo, Inclusión, Migraciones y Seguridad Social del Congreso de los Diputados. La convalidación todavía peligraba en las primeras horas del día y el responsable de sacar adelante la norma comprometida con Bruselas activó la maquinaria para hacerlo posible. Tras constatar las negativas de PP, Ciudadanos y aliados habituales como ERC, el equipo de Escrivá, capitaneado por su número dos, el secretario de Estado de Seguridad Social, Israel Arroyo, se centró en negociar con Bildu. En las conversaciones también participaron miembros del Grupo Parlamentario Socialista, como la portavoz de la Comisión del Pacto de Toledo, Mercè Perea, según fuentes conocedoras de las conversaciones. Y cerraron el acuerdo.
Al filo de las dos de la tarde EH Bildu informaba de que había alcanzado un acuerdo con el Gobierno "para que todas las pensiones no contributivas, las de viudedad, orfandad o invalidez, vean incrementadas sus cuantías mensuales en un 15%". "Esta medida será incluida en el nuevo decreto anticrisis que el Gobierno aprobará próximamente, y se prorrogará mínimo hasta el 31 de diciembre de 2022, cuando sean los Presupuestos Generales del Estado de 2023 los que deban determinar la revalorización de las mismas", aseguraban en un comunicado en el que reconocían que gracias a ese acuerdo se abstendrían en la votación para continuar con la tramitación de la ley que regulará los planes y fondos públicos de pensiones. El pacto beneficiará a algo menos de medio millón de pensionistas que verán incrementada su nómina entre 60 y 100€ mensuales, según los 'aberzales'.
Hay que recordar que las pensiones no contributivas, que pueden ser tanto de jubilación como de invalidez, son aquellas que se conceden a quienes se encuentran en situación de necesidad, no tienen recursos propios y nunca han cotizado… o si lo han hecho, no lo suficiente como para alcanzar el mínimo exigido que permite cobrar una pensión contributiva. En estos momentos existen unas 450.000 pensiones no contributivas en España y en conjunto suponen un coste para las arcas públicas de unos 190 millones de euros mensuales. De modo que esa subida del 15% supondrá un coste mensual de unos 28,5 millones de euros adicionales por cada mes que se mantenga en vigor y una vez se incorpore a los Presupuestos de 2023, tal y como ha pactado Bildu con el Gobierno, aunque al cierre de esta edición el Ministerio de Seguridad Social no había confirmado el acuerdo.
La subida del 15% supondrá un coste mensual de unos 28,5 millones de euros
Con esta cesión, Escrivá se aseguró la abstención de Bildu y el Gobierno salvó el proyecto de ley de impulso de los planes de pensiones de empleo con el apoyo del PNV y el PRC, además de la abstención de Vox, ya que el PP, Esquerra Republicana, Ciudadanos y Compromís votaron en contra. La sesión fue un auténtico "caos", según denuncian fuentes parlamentarias. Fue tal la confusión en la votación de las enmiendas que el diputado del PP, Tomás Cabezón, llegó a afirmar que los grupos difícilmente sabían lo que estaban votando, porque la "mala práctica" del Gobierno en la tramitación del proyecto de ley había convertido la votación en un "guirigay".
Para más inri se aprobó una enmienda de Unidas Podemos para destopar las bases máximas de cotización gracias al respaldo del PSOE, que no tenía previsto apoyarla. Desde la bancada socialista reclamaron repetir la votación pero el presidente de la Comisión, Antón Gómez-Reino, rechazó esta posibilidad, instando a plantear un voto particular durante la votación de la iniciativa en el Pleno, que es lo que hará el grupo socialista. Perea llegó a decir que pasará a la historia por este error, aunque el PSOE intentará corregirlo en el pleno de la semana que viene. Necesita una mayoría.
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